Sentencia nº ED 143, 600 - LL 1991-D, 289 - JA 1992-III, 620 - DJBA 141, 85 - AyS 1991-II-261 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 18 de Junio de 1991, expediente P 43935

PonenteJuez LABORDE (MA)
PresidenteGhione - Rodriguez Villar - Laborde - Mercader - San Martín - Salas - Negri - Vivanco
Fecha de Resolución18 de Junio de 1991
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General. Los Dres. P.P., J. De La Canale y H.G.D.'Angelo en su carácter de codefensores particulares del imputado, interponen recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley contra el veredicto y sentencia dictados en juicio oral por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata, que condenó a C.M. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio(fs. 1185/1203).

Plantean, en síntesis, los siguientes agravios:

  1. Recurso extraordinario de nulidad: Denuncian transgresión al art. 156 de la Constitución provincial, en razón de haberse omitido el tratamiento de dos cuestiones esenciales tales como resultan ser —a su juicio— la caída del acusado junto con la víctima y la validez del acto de reautopsia del cadáver, que fue impugnada oportunamente por la defensa.

  2. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley : Afirman que se ha conculcado su derecho por cuanto la Cámara procedió al rechazo de prueba pericial requerida para la defensa. P. dicha prueba y valoran su importancia. Invocan al respecto los arts. 18 de la Constitución Nacional y 271 y 352 inc. 3 del Código de Procedimiento Penal.

Argumentan, también que se han transgredido los arts. 9 y 25 de la Constitución provincial, 18 de la Nacional y 129, 238, 239 y 281 inc. 6 del Código de Procedimiento Penal por cuanto el fallo hace mérito de la confesión del acusado, la cual —conforme lo plantearan— se hallaría viciada en su validez, y asimismo habría una errónea aplicación de las reglas que rigen el mérito de la prueba de confesión.

Por otra parte, señalan que la presunción de las razones de la caída de la víctima tiene poca fuerza de convicción y se basa en elementos de prueba que violan los arts. 162, 163, 165 y 160 del Código de Procedimiento. Iguales vicios se configurarían respecto de la pericia de reautopsia. Entienden también que en ambos casos se conculcaría el principio de debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional).

La defensa considera que la prueba pericial ha sido apreciada en forma incongruente, contraviniéndose los principios de la sana lógica pues se ha hecho mérito de pericias que arriban a resultados contradictorios. Con ello se inobservan —según se señala— los arts. 169 y 255 del Código de Procedimiento Penal y 18 de la Constitución Nacional.

En cuanto a la configuración del dolo homicida, los recurrentes advierten que la Alzada no explica cuál es el razonamiento por el cual llega a la conclusión de su existencia y se agravia de que el mismo no debe presumirse.

Finalmente, invocan la errónea aplicación de los arts. 1078 y 3567 del Código Civil, estiman que la indemnización por daño moral fue dispuesta en favor de quien en el momento del hecho no revestía el carácter de heredero de la víctima.

Examinado lo precedentemente expuesto opino que ninguno de los recursos interpuestos puede prosperar.

La detenida lectura del fallo impugnado, evidencia que no se ha omitido el tratamiento de cuestiones esenciales en los términos exigidos por el art. 156 de la Constitución provincial. Debe tenerse en cuenta al respecto que, tal como lo ha señalado esa Suprema Corte, “no cualquier planteo asume la jerarquía de “cuestión” en el sentido constitucional, sino aquellas de cuya resolución depende el resultado del juicio” (P. 33.986, del 9IX86), por lo que mal puede asignarse tal carácter a un argumento —en el caso, la caída del imputado con posterioridad a la de la víctima— que a juicio de la Cámara ha quedado excluido de la descripción legal del hecho punible (conf. en tal sentido doct. causa P. 37.307, del 20IX88).

Acerca del planteo de impugnación de la validez de la reautopsia, destaco que su tratamiento —más allá de su carácter de cuestión esencial o no— ha sido expresamente desplazado por la Cámara (conf. fs. 1131 vta.).

Los agravios planteados por vía de inaplicabilidad de ley habrán de correr igual suerte desestimatoria.

Debo señalar, con carácter previo, y aunque pudiera resultar sobreabundante, que el fundamento especifico del juicio oral radica en que los magistrados puedan tener la más posible y directa vivencia de los hechos ocurridos, y juzgarlos según sus libres convicciones en base a los principios de inmediación y concentración de los actos procesales (doct. causas Ac. 28.355, del 30IX80 y P. 29.029, del 9XI82). No rigen aquí las limitaciones probatorias propias del procedimiento escrito, aunque sí la obligación de efectuar un desarrollo lógico y razonado de sus postulaciones (art. 286 del Código de Procedimiento Penal)

Como consecuencia de estos principios las posibilidades recursivas extraordinarias quedan limitadas a la formulación de una crítica concluyente al razonamiento del sentenciante que ha de tener necesariamente en cuenta el plexo estructural de la prueba producida y no su análisis parcializado.

Desde esta perspectiva me permito observar que el recurso no logra enervar las fundadas conclusiones de la Alzada, expuestas en el veredicto y sentencia de manera tal que refleja su lectura la sincera convicción del Tribunal sobre el desarrollo de los hechos sometidos a su juzgamiento.

Pero más allá de que la defensa no denuncia ni demuestra la transgresión a los principios sentados por el art. 286 del Código de Procedimiento Penal (conf. en tal sentido doct. causa P. 36.024, del 26VII88), de abordar en forma pormenorizada los agravios específicamente planteados.

A tal respecto niego que medie violación al derecho de defensa por la circunstancia de que la Cámara hubiera desechado prueba pericial ofrecida por esa parte. Señalo que determinar la pertinencia de los medios de convicción constituye una facultad propia y exclusiva del Tribunal, y su replanteo por vía de inaplicabilidad de ley no es posible sí, como en el caso, se efectúa una extensa alegación sobre las consecuencias que eventualmente hubieran derivado de hacerse lugar a la prueba ofrecida —lo que implica poco menos que una nueva audiencia pública—. Es necesario demostrar que la decisión de la Alzada resulta arbitraria y que cercena el derecho de defensa del encausado, cosa que aquí no ocurre, máxime teniendo en consideración que se han efectuado varias diligencias periciales que no se hallaron exentas de control de parte.

La cuestión relativa a la falta de relevamiento del juramento de decir verdad planteado por la defensa debe desecharse. Se trata éste, de un tema anterior a la sentencia de la Cámara, ya resuelto en forma definitiva en el recurso de 'habeas corpus' (conf. causa 24.664 agreg. por cuerda), y como tal, precluido (conf. doct. causa P. 32.969 y sus citas, Ac. y Sent., 1986I154). O. además que —así como surge del acta de la audiencia de vista de causa— la cuestión no fue sustentada en el alegato de la defensa, ni denunciada como omitida en el recurso extraordinario de nulidad.

Sin perjuicio de ello, corresponde remarcar que el prestar juramento constituye un acto formal inherente a la prueba testimonial, aparejando consecuencias jurídicas sólo para quien reviste el carácter de testigo (art. 152 del Código de Procedimiento Penal). La obligación del relevamiento del juramento no emerge del instituto de la declaración indagatoria, a un punto que la ley no impone al respecto y en forma expresa su nulidad (conf. C.. II del Titulo II del C.P.P. y art. 305 y conc. C.P.P.).

Por otra parte la jurisprudencia que se infiere del art. 18 de la Constitución Nacional basada en la compulsión moral y psíquica que el juramento pudiera ejercer sobre el indagado obligándolo a declarar contra sí mismo, omite considerar que quien es imputado por un delito, lo es porque existe una fundada sospecha sobre su autoría, y en ese supuesto parece ausente de toda lógica que el juramento de decir verdad revista entidad moral suficiente para alterar su declaración. Por el contrario, entroniza una discutible doctrina que puede dar por tierra con una prueba relevante a efectos de demostrar la verdad material de los hechos. Y a ese respecto se advierte lo expuesto en el párrafo precedente que el procesado ha brindado tres distintas versiones de los hechos en las diversas oportunidades en que declaró (conf. fs. 39/42, 54 y audiencia del juicio oral).

Finalmente, y sobre este mismo punto, siempre cupo al imputado la posibilidad de negarse a declarar, lo que en cada acto expresamente se le hizo saber —este recaudo sí expresamente sancionado con pena de nulidad (art. 128 “in fine”, Código de Procedimiento Penal) — .

En lo que hace a la impugnación de la validez de la declaración del encausado, no puedo sino coincidir con la Cámara acerca de su extemporaneidad (obsérvese que el abogado defensor propuesto por el procesado se halló presente en todos los actos que aquí impugnan). Sin perjuicio de ello, debe destacarse que la convicción de la existencia de presión en el cuello de la víctima no se ha generado solamente por dicha declaración, sino por un contexto probatorio respaldado además por la prueba pericial y un inatacado indicio de oportunidad (conf. fs. 1133).

La denuncia de transgresión a los arts. 238 y 239 del Código de Procedimiento Penal es inatinente pues éstos reglan un sistema probatorio no utilizado en el caso, ya que han sido desplazados por el régimen del juicio oral (art. 286) al cual ya me he referido anteriormente (conf. asimismo doct. causa P. 32.800, del 6III87).

La crítica al razonamiento por el que los Sres. Jueces determinaron la forma de caída de la víctima es insuficiente. No se demuestra que el mismo se halle viciado de irracionalidad o inconsistencia lógica, y no se acredita que la prueba rendida al respecto —especialmente el dictamen pericial del Dr. Brolese y reglas de experiencia y comprobaciones personales efectuadas por los integrantes del tribunal (fs. 1129/1130)— transgredan principios que rigen la prueba del juicio oral.

Los agravios relativos a la pericia de reautopsia aunque...

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