La historia detrás de la condena por la estatización de Aerolíneas

La Argentina comenzó a confeccionar el cheque por la inversión del paquete de empresas que conforman Aerolíneas Argentinas en julio de 2008. El viernes, sólo se puso el importe, pero el cheque estaba hecho.

El 17 de julio de 2008, el país amaneció sorprendido por el "voto no positivo" del vicepresidente Julio Cobos. Fue el rechazo a la resolución 125 que pretendía fijar retenciones móviles a las exportaciones de soja. Ese mismo día, el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, anunció que ya se descontaba: después de 18 años, Aerolíneas Argentinas volvía a ser propiedad del Estado. Como producto de aquel acuerdo, asumió la presidencia Julio Alak y varios representantes del Estado se sumaron al directorio.

Además, la parte más jugosa del convenio establecía que, previo a la expropiación formal y en caso de desacuerdo entre las partes, se procedería a la valuación de los activos de la compañía con un tercero independiente. No hubo acuerdo y jamás se contrató a ningún organismo imparcial. En diciembre de ese año, por el precio simbólico de un peso, se dictó la ley de expropiación. Nueve años después, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) condenó a la Argentina por violar aquel contrato de julio de 2008.

En principio, los demandantes reclamaban a la Argentina 1590 millones de dólares más intereses. Formalmente, tres compañías españolas del Grupo Marsans reclaman por sus participaciones en Interinvest, titular a su vez de Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohandling, Optar y Jet Paq, todas ellas expropiadas.

Fuentes del Gobierno confiaron que había tres opciones. La primera, que el laudo condene a la Argentina por todas las medidas reclamadas; la segunda, que sea solo por expropiación -en ese caso el reclamo de las demandantes se reducía a US$ 357 millones-, y la tercera, que se rechacen los reclamos. "Se condenó sólo por la expropiación, que es el incumplimiento del acuerdo de 2008 que firmó el gobierno de Cristina Kirchner con Marsans", dijo una fuente oficial.

Diego Fargosi, socio de Fargosi, Klein & Sasiain, abogados de las demandantes junto con King & Spalding de Texas, dijo a LA NACION que luego de un largo proceso arbitral "se ha hecho justicia demostrándose que la expropiación fue causada y planeada por el kirchnerismo para hacerse...

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