El hilo del collar

 
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Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) encarnadas en fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro o en simples asociaciones de ciudadanos reunidos con fines públicos complementan el rol del Estado. Son esos miles de clubes de barrio, comedores escolares, grupos de scouts y voluntarios, entre muchos otros, que agregan valor a la producción y distribución de bienes públicos, profundizan la especificidad de las políticas estatales y promueven la articulación de diversos referentes sociales. Constituyen esa urdimbre o red invisible que, muchas veces, impide que descendamos aún más a los infiernos de la pobreza o de las adicciones, entre tantas otras lacras. La sociedad civil organizada es generadora de dignidad humana.

Sin embargo, su rol virtuoso se enmarca frecuentemente en contextos hostiles que las debilitan, las dejan a la intemperie de la normativa, las convierten en rehenes del poder político o ideológico y en víctimas de la burocracia y discrecionalidad estatales.

Las organizaciones sociales son la puerta de acceso a oportunidades. Sin embargo, la corrupción estructural que condena a la pobreza a millones de personas, junto con el deterioro educativo que hunde en la ignorancia y la desesperanza a millones de jóvenes, impide que las ochenta mil entidades de bien público de nuestro país puedan cumplir mejor su rol de agregar valor específico y especializado a las políticas de todo tipo y sumar calidad a los bienes públicos, porque los presupuestos estatales solo alcanzan para llevar adelante programas que administran pobreza, en instituciones públicas que apenas sobreviven.

Las organizaciones cívicas contribuyen enormemente a la consolidación de las instituciones en la forma en que el sistema republicano debería contribuir a la distribución de poder. Sin embargo, el poder concentrado en el sistema político, los mandatos eternos, la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos y la falta de institucionalidad están diseñados para impedir que estos espacios controlen precisamente el ejercicio de la función pública, aporten a la definición de mecanismos de transparencia y participación popular y profundicen la institucionalización y la práctica activa de la democracia participativa. Pese a ello, los numerosos amparos presentados por organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) logran restablecer los derechos colectivos cuando son avasallados. La Fundación Poder Ciudadano alcanzó el mérito...

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