Sentencia nº 399 de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Rosario, 2 de Octubre de 2015

Presidente986/16
Fecha de Resolución 2 de Octubre de 2015
EmisorCámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Rosario

Acuerdo N° 254 En la ciudad de Rosario, a los 2 días del mes de Octubre de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, doctores María M.S., A.C.A. y María de los M.L., para dictar sentencia en los autos caratulados "HILLTON, S. contra TORRES, S.B. sobre Ejecución Hipotecaria" (expte. n° 399/2014), venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el fallo número 2.639 de fecha 9 de octubre de 2014 dictado por el juez de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 13° Nominación de Rosario.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera

¿Es justa la sentencia impugnada?

Segunda

¿Qué resolución corresponde dictar?

Sobre la primera cuestión la señora vocal doctora S. dijo:

  1. La sentencia de primera instancia.

    Mediante resolución número 2.639 de fecha 9 de octubre de 2014, el juez a quo mandó llevar adelante la ejecución contra la demandada hasta tanto la actora se haga íntegro cobro de la suma de once mil doscientos ochenta y tres dólares estadounidenses (U$S 11.283.-) con más los intereses pactados, hasta el tope máximo del 30% anual por todo concepto, mediante la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. Impuso las costas a la demandada (fs. 91/94).

    Para así decidirlo, tuvo en cuenta que la actora, S.H., promovió demanda de ejecución hipotecaria contra S.B.é Torres tendiente al cobro de la suma de once mil doscientos ochenta y tres dólares estadounidenses (U$S 11.283.-), con más intereses compensatorios del 1,9% mensual y punitorios del 0,2% diario, desde la constitución en mora y hasta el efectivo pago, con costas.

    Destacó que la demandante refirió que en fecha 27.07.2011 se firmó la escritura pública número 208, folio 459, inscripta en el Registro General de Rosario al T. 588 B, F. 126, N° 374543/4 de Hipotecas, donde el demandado -con el asentimiento de su cónyuge- accedió a un crédito por la suma de nueve mil dólares estadounidenses (U$S 9.000.-) y gravó con derecho real de hipoteca en primer lugar y grado de privilegio a favor de la actora la duodécima parte indivisa de un inmueble de su propiedad y la totalidad de otro, cuyas características se describen a foja 3 vto.; que se obligó a abonar el capital más interés compensatorio del 1,9% mensual y punitorio del 0,2% diario, en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de cuatrocientos veintiún dólares estadounidenses (U$S 421.-); que se convino que la mora se produciría de pleno derecho por el solo vencimiento del plazo y sin necesidad de interpelación alguna; que el deudor abonó hasta la cuota 9 en su totalidad con más U$S 84.- a cuenta de la cuota 10; que atento la caducidad de los plazos operada, el demandado adeudaba el saldo de capital reclamado con más los intereses respectivos.

    R.ó el juzgador que el demandado contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas; que peticionó se declararan nulas las cláusulas primera, segunda y tercera del contrato; que se diera por extinta la obligación por haber devenido física o legalmente imposible sin culpa imputable al deudor y que se considerara incumplido el deber de informar.

    Indicó el magistrado que la escritura pública acompañada por la actora acreditaba la existencia a su favor de una obligación exigible, líquida y garantizada con hipoteca, que el título era de los que traen aparejada ejecución y que los informes del Registro General de la Propiedad obrantes en autos daban cuenta de la subsistencia de la hipoteca y del dominio a nombre de la accionada.

    Expuso el a quo que las objeciones planteadas por la ejecutada no habrían de prosperar atento no resultar idóneas para enervar la ejecutabilidad del título, por no tratarse de ninguna de las excepciones contenidas en el artículo 513 del Código Procesal. Dijo que tales planteos se vinculaban con cuestiones causales, cuyo debate correspondía a un eventual juicio de conocimiento posterior.

    Indicó el magistrado que, encontrándose reconocida por la demandada la plataforma fáctica en que la actora sustentó su reclamo como consecuencia de la obligación incumplida y las constancias documentales acompañadas -que gozaban de plena legitimidad mientras no se demostrara su falsedad, cuestión que no había ocurrido en la causa- cabía tener por efectivizada la operatoria entre las partes. Destacó que en orden a desvirtuar los términos de la hipoteca y su consecuente gravitación jurídica en cuanto generadora de obligaciones para el ejecutado, incumbía a éste producir elementos de prueba contundentes de sus aseveraciones, lo cual no se verificó en el caso.

    En relación a los intereses, dispuso la aplicación de los pactados y, en uso de sus facultades de morigeración, estableció un tope máximo del 30% anual por todo concepto.

  2. El recurso de apelación.

    Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de apelación a foja 95 vuelta. Elevados los autos y radicados en esta S., expresó agravios a fojas 111/117, los que fueron contestados por la actora a fojas 119/122, oponiéndose. Consentido el llamamiento de autos (fs. 126/127) y la integración de la Sala (fs. 133/134), quedó la causa en estado de dictar resolución.

    No se han efectuado objeciones al relato de los antecedentes contenidos en el fallo apelado, por lo que por razones de brevedad corresponde remitirse a lo allí expuesto.

    El recurrente denuncia como hecho nuevo la futura regulación del artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación y solicita se aplique dicha normativa al caso.

    Cuestiona que el fallo mandara llevar adelante la ejecución siendo que su parte solicitó que fuera rechazada la demanda por no haber presentado la actora el formulario de declaración jurada 980, de acuerdo a lo dispuesto por la resolución número 1615/03 de la A.F.I.P. y en concordancia con lo establecido por las leyes 25.246 y 26.268. Solicita que esta S. declare que los fondos tienen origen lícito y han sido declarados ante ese organismo de recaudación fiscal.

    Se agravia por la negativa del a quo a declarar la nulidad de las cláusulas abusivas del contrato a tenor de lo normado por el artículo 37 de la ley 24.240, en razón del trámite abreviado del presente y la legitimidad que reviste el instrumento público. Entiende que esta cuestión merece atención debido a que la ley de Defensa del Consumidor resulta de orden público y de rango constitucional (arts. 42 y 43 Constitución Nacional).

    Critica que el magistrado no se expidiera acerca del pedido de declaración de nulidad de la cláusula primera del contrato, ya que impone un interés compensatorio del 1,9% mensual y da lugar a una ganancia desproporcionada. Asimismo, que no hubiera declarado nula la clausula segunda que establece el pago en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos para comprarlos en Nueva York, Montevideo o en la plaza local al valor del dólar turista, por cuanto no respeta la restricción existente en nuestro país respecto de la compra de moneda extranjera por personas que cuenten con magros ingresos como los suyos y genera desproporción en las prestaciones que benefician al prestamista. Sostiene que debe permitírsele pagar en moneda argentina y al valor del dólar calculado de acuerdo al precio fijado por el Banco Central de la República Argentina. Considera que también debió declarar nula la cláusula tercera, dado que impone un interés punitorio del 0,2% diario por mora, capitalizable, que resulta en el carácter usurario de la operación.

    Se agravia respecto de la consideración del a quo en el sentido de que los intereses deben llegar a un 30% por todo concepto. Dice que, contrariamente, la jurisprudencia ha entendido que la tasa de interés debe morigerarse. Cita antecedentes que avalarían su postura.

    Se queja respecto del importe por el cual se mandó llevar adelante la ejecución y acusa que el magistrado no tomó en consideración el pago efectuado por el deudor de nueve cuotas de U$S 421.- con más U$S 84.- a cuenta de la décima cuota.

    Expresa que le agravia el acogimiento de una demanda donde no se ha fijado correctamente el monto reclamado, defecto que según el Código de rito debería haber provocado su rechazo. Solicita se declare la nulidad de la demanda, habida cuenta que ha sido utilizada como un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba