Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 7 de Julio de 2011, expediente 14.201

Fecha de Resolución 7 de Julio de 2011

Cámara Nacional de Casación Penal Causa N°14.201 -S.I.I–

C.N.C.P. “H., J.C. s/recurso de casación“

REGISTRO N° 18889

n la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio del año dos mil once, se reúne la S.I.I de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor G.J.Y. como P. y los doctores L.M.G. y R.R.M. como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora S.D., a los efectos de resolver en los términos del art. 455 C.P.P.N. el recurso de casación presentado por la defensa (fs.78/101) contra la resolución de fs. 30/37, de la causa número 14.201 del registro de esta S., caratulada “H., J.C. s/ recurso de casación”, representado el Ministerio Público Fiscal por el Sr. Fiscal General doctor J.M.R.V. y la defensa oficial de J.C.H. por el doctor J.C.S.,

Defensor Oficial.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto,

resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor Guillermo J.

Y. y en segundo y tercer lugar los jueces doctores L.M.G. y R.R.M., respectivamente.

El señor juez doctor G.J.Y. dijo:

-I-

  1. ) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata resolvió: “Revocar el arresto domiciliario de J.C.H., y disponer su traslado a una unidad carcelaria…” (cfr. fs. 36 vta.)

    Los fundamentos de su decisión se basaron en la atribución facultativa del juez, en virtud de la forma verbal utilizada en el art. 33 de la ley 24.660 –“podrá”-. Esa argumentación tuvo como fundamento el debate parlamentario de la ley 26.472, así como lo expuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de C. en la causa “M.” sobre detención domiciliaria.

    Además, tuvieron en cuenta que: “Tribunales Orales Federales de C. y S.M. en la causas ‘M.’ y ‘Floreal Avellaneda’ (de fechas 24 de julio de 2008 y 12 de agosto 2009)”, la detención domiciliaria es una excepción a la forma habitual de cumplimiento de la pena en prisión, cuya concesión debe evaluarse cuidadosamente y en su oportunidad a la luz de cada caso, por lo que el beneficio otorgado oportunamente en la instrucción de manera alguna resulta vinculante para el Tribunal” (cfr. fs. 32 vta).

    En el incidente de prisión domiciliaria ‘L.H.E.’ resuelto por la Cámara Federal de La Plata en agosto de 2007, se afirmaba que ‘hay que descartar cualquier argumento a priori que interprete el dato normativo (v.gr.

    `mayor de setenta años’) en sentido exegético. La hermeneutica textual, en efecto,

    contradice la previsión normativa (art. 33 ley 24.660) que claramente establece la faculta de otorgarla por el órgano competente, como se ha dispuesto (conf.

    CNCP, S.I., Causa nº 7496 ‘E., M.O. s/recurso de casación’, Reg. 9243.1). Asimismo se señalaba que ‘la sola constancia de ser mayor de setenta años resulta, en principio insuficiente para que aquella se aplique de modo automático’, que tal alternativa obedecía, de acuerdo a los considerandos del Decreto 1058/97, a ‘irrenunciables imperativos humanitarios’

    en tanto y en cuanto sean compatibles con las circunstancias del caso

    (Cfr. fs.

    33).

    En otro orden de ideas, indicaron que “deben tenerse en cuenta las características y gravedad de los delitos por los que se los condena y las altas penas que conllevan”.

    Asimismo que “…[Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas dela libertad (Reglas de Tokio)] impone la obligación de considerar las necesidades humanitarias del detenido y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito, lo cual exige un marco de certidumbre jurídica al saber que quien comete un delito cumplirá su castigo en un establecimiento penitenciario, lo que constituye la regla general” (Cfr. fs.

    33vta).

    Sobre la situación en particular de J.C.H. dijeron: “

    Después de analizados los informes médicos y oídas las partes, estimamos que corresponde revocar el arresto domiciliario que actualmente goza… y por lo Cámara Nacional de Casación Penal Causa N°14.201 -S.I.I–

    C.N.C.P. “H., J.C. s/recurso de casación“

    tanto oficiar al Servicio Penitenciario Federal para que lo aloje en un establecimiento carcelario acorde a su situación de salud, debiendo realizar un exhaustivo y periódico control sobre el estado de salud del nombrado

    (Cfr. fs.

    35 vta).

    Hay que tener en cuenta que la condena que se le impuso a H. por graves delitos no es una mera formalidad, son (10) años de prisión efectiva en cárcel común, y se transformaría, a no dudarlo, en mera formalidad,

    si se lo enviara a su casa cuando debe estar en prisión o eventualmente en un establecimiento carcelario especializado de acuerdo a su condiciones de salud

    (Cfr. fs. 35vta.).

    Hay que tener en cuenta que, si bien la pena impuesta no se encuentra firme, existe una fuerte presunción de culpabilidad en su contra, razón por la cual, se advierte como razonable la revocación del arresto domiciliario y el cumplimiento de su pena en un establecimiento carcelario, acorde a la gravedad del delito cometido lo que obliga a sacrificar el beneficio oportunamente otorgado, en el caso concreto

    (Cfr. fs. 35vta. y 36).

    …es igualmente necesario señalar la obligación de considerar las necesidades humanitarias del detenido y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito, lo cual exige un marco de certidumbre jurídica al saber que quien comete un delito cumplirá su castigo en un establecimiento penitenciario, lo que constituye la regla general, más aún teniendo en cuenta, la calidad del delito de que se trata y en el marco de la aplicación de las normas penales en procesos de justicia transicional que han motivado indebidas dilaciones en su realización efectiva

    (Cfr fs. 36).

  2. ) El recurrente sostuvo que “El decisorio recurrido deviene arbitrario por carecer de la debida fundamentación exigida por las normas procesales, en violación al debido proceso legal (art 123 de dicho cuerpo legal y 18 de la C.N.), en tanto omitió considerar cuestiones oportunamente propuestas,

    e hizo una errónea y restrictiva aplicación de lo normado por los arts. 32 y 33 de la ley 24.660” (cfr. 80).

    …la interpretación de los arts. 32 y 33 de la Ley 24.660, que efectuara el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N º 1 de esta ciudad, y la consecuente revocación de la prisión domiciliaria de J.C.H.,

    vulneran normas fundamentales, en especial los arts. 16 y 18 de la Constitución Naciona, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 16 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes…

    (cfr. 80 vta.).

    En concreto, la defensa alegó que el Tribunal omitió expedirse sobre los puntos planteados en el escrito presentado el 4 de marzo del corriente año.

    Allí, había solicitado que se evaluara el informe médico practicado a J.C.H. el día 21 de septiembre de 2010, por cuanto “en el informe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación , practicado… en fecha 22 de febrero de 2011 (al que llamaré de ahora en más ‘segundo informe’) se concluyó

    que las dolencias que mi asistido padecía no se trataba de patologías terminales,

    ni de patologías que pudieran tratarse –en su estado de salud- en un establecimiento carcelario, y que no debía revocarse la prisión domiciliaria de mi asistido, ya que el informe de mención debía entendérselo complementario del informe practicado el día 21 de septiembre de 2010 por el Dr. A.B. –

    también de dicho cuerpo médico- (al que llamaré de ahora en más primer informe).

    Ello así, en tanto “a) Que entre el primer y segundo informe no se advertía que se haya mejorado la situación de salud de mi asistido…b) Que en el primer informe mi asistido tenía incluso un mejor estado de salud…c) Que en el segundo informe, se señaló que diferentes situaciones de stress [podrían]

    desencadenarle a mi asistido crisis hipertensivas y/o taquicardias, lo que acontencería, a no dudarlo, en el caso de que se dispusiera su detención en un establecimiento carcelario, impidiéndole, asimismo, el necesario cuidado de su esposa conviviente. D) Que a todo lo expuesto se debía sumar 1) la avanzada edad de H.; 2) que el nombrado padece de ciatalgia derecho –de diez años de evolución- que le impide estar parado y que tiene un régimen especial de comidas; 3) que no puede caminar sobre el talón del pie izquierdo y 4) que se Cámara Nacional de Casación Penal Causa N°14.201 -S.I.I–

    C.N.C.P. “H., J.C. s/recurso de casación“

    encuentra a cargo del cuidad de su esposa” (cfr. 91vta).

    En segundo termino, esta parte también solicitó …, que en el hipotético caso de que el Tribunal considerase que lo expuesto no resultaba suficiente a fin de mantener la prisión domiciliaria de mi asistido, que se practicase un nuevo examen por una Junta Médica conformada por tres galenos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, debiendo integrar aquella el Dr. A.B., quien practicara el primer informe

    (Cfr. fs. 92).

    Además, tachó de arbitraria la decisión, toda vez que “se...

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