Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Agosto de 2017, expediente L. 118317

PresidenteNegri-Pettigiani-Kogan-Soria-de Lázzari-Genoud
Fecha de Resolución29 de Agosto de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de agosto de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN.,P.,K.,S., de L., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.317, "H., L.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 250/263).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/281 vta.), el que denegado parcialmente por el citado tribunal a fs. 283 y vta., fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 323/326) al hacer lugar a la queja deducida a fs. 317/319.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. El tribunal de origen tuvo por acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el docente L.A.H. padece disfonía funcional irreversible -denunciada ante Provincia ART SA el día 10 de junio de 2009- que le provoca una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 18% de la total obrera.

    Asimismo, que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA en el mes de junio de 2011 le abonó al demandante la suma total de $32.400, en concepto de la prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14, apartado 2, inc. "a", de la ley 24.557 (v. primera cuestión del veredicto, fs. 250 y vta.).

    En lo que resulta de interés, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ello, con fundamento en la acreditación de una merma significativa entre el valor mensual del ingreso base determinado por la aseguradora de riesgos del trabajo para liquidar -y abonar- la prestación dineraria en sede administrativa ($7.133,36), y aquél otro que hubiera correspondido si se hubieran considerado la totalidad de los haberes percibidos habitualmente por el actor como contraprestación por su desempeño laboral ($13.285,51; v. sent., fs. 255 vta./257).

    Consideró además ela quoque para subsanar la situación de iniquidad provocada por la omisa consideración de los incrementos salariales evidenciados entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la de fijación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica (mayo de 2011), correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias.

    En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de junio de 2009 ($317,80) y mayo de 2011 ($515,55) arrojaba un coeficiente de 1,62, declaró procedente la recomposición del valor mensual del ingreso base -de $13.285,51, determinado así en función de la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, elevándolo a la suma de $21.522,52 ($13.285,51 x 1,62). Luego, utilizó tal parámetro como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14, apdo. 2, inc. "a", de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $310.040,47 (53 x $21.522,52 x 1,51 x 18%), del que correspondía deducir lo percibido oportunamente por la actora (v. sent., fs. 257/259).

    Señaló que ese monto superaba el límite cuantitativo establecido en el último párrafo del art. 14, apartado 2, inc. "a", de la ley 24.557 ($180.000 x 18% = $32.400), por lo que también analizó el planteo de invalidez constitucional formulado por la actora en relación a dicho precepto.

    En este aspecto, sostuvo que resultaba ostensible que la limitación allí dispuesta traducía, en el caso, una sustancial disminución del importe indemnizatorio que correspondía al trabajador de conformidad al salario percibido, menguando de tal modo su nivel de ganancia, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente intenta resguardarse y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía consagrar (v. fs. 259/260).

    En tales condiciones, declaró la invalidez constitucional del tope previsto en el art. 14, apartado 2, inc. "a", de la ley 24.557, por contravenir los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador; v. últ. fs. cit.).

    Con todo, juzgó que correspondía hacer lugar a la demanda por el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a L.A.H. la suma de $277.640,47 resultante de deducir del importe obtenido según el criterio expuesto en el pronunciamiento, lo percibido oportunamente por el actor en sede administrativa ($32.400).

    Dispuso además aplicar intereses sobre el capital de condena -desde la fecha en que la Comisión Médica determinó la minusvalía definitiva (12 de mayo de 2011), hasta la de sentencia-, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. A tal efecto, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. sent., fs. 260 vta./261).

  2. Contra esa decisión Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3 del antiguo Código C.il; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 12 y 14 de la ley 24.557; 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773; de las leyes 23.928 y 25.561 y de la doctrina legal que identifica.

    II.1. En primer término cuestiona que el tribunal de grado hubiera descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557, e incluyera, para calcular el valor mensual del ingreso base, a todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integraban el salario del actor.

    Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, por su sujeción a aportes y por no ser otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente la decisión de grado.

    Argumenta que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos como consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que el mismo sea razonable, y que no constituya una discriminación arbitraria (v. rec., fs. 274 y vta.).

    II.2. En segundo lugar, controvierte la definición que incrementó -por conducto de la aplicación del índice RIPTE sobre el IBM- la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida al actor en la sentencia.

    En ese orden, manifiesta, en lo esencial, que el tribunal del trabajo ha revalorizado el ingreso base mensual al que hace alusión el art. 12 de la ley 24.557, valiéndose de una normativa -ley 26.773- que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador, transgrediendo así no sólo el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 3 del derogado Código C.il (actual art. 7, conf. ley 26.994, B.O. de 8-10-2014), sino además su derecho constitucional de propiedad.

    Afirma que -contrariamente a lo sostenido en la sentencia- el art. 17 de la ley 26.773 -interpretado en su conjunto- define que el nuevo dispositivo rige a partir de la publicación en el Boletín Oficial (26-10-2012) y se aplicará a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. El inc. 6 de la mencionada norma -prosigue-, lejos de contener una excepción, complementa el inc. 5 estableciendo la forma de cálculo, esto es, ajustando las prestaciones conforme el índice RIPTE (v. rec., fs. 274 vta./277).

    II.3. Seguidamente, se agravia de la decisión del tribunal en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el último párrafo del art. 14, apartado 2, inc. "a", de la ley 24.557.

    En este aspecto manifiesta que el pronunciamiento viola "reiterada doctrina legal, en la que se ha sentado precisamente que los topes indemnizatorios no son en sí mismos inconstitucionales", criterio que -agrega- se alinea con la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Vizzoti".

    En particular, estima vulnerada la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en los precedentes que identifica (cfr. causas L. 55.996, sent. de 5-7-1996; L. 68.511, sent. de 17-11-1999 y L. 71.154, sent. de 18-9-2002), en los que se resolvió que"El art. 8 inc. a) de la ley 9688 -to, ley 23.643-, en cuanto establece el tope indemnizatorio no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales que se invocan".

    Del mismo modo, denuncia transgredida la doctrina legal fijada en las causas L. 79.367 (sent. de 14-4-2004) -en la cual se estableció idéntico criterio en relación al tope previsto en el art. 8 inc. "a" de la ley 24.028-...

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