Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Febrero de 2019, expediente FBB 009069/2016

Fecha de Resolución14 de Febrero de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9069/2016/CA1 – Sala I – Sec. 1 Bahía Blanca, de febrero de 2019.

VISTO: El expediente nro. FBB 9069/2016/CA1, caratulado: “HEREDIA, Francisco

Matías c/ ANSES s/ Nulidad de acto adm.”, originario del Juzgado Federal nro. 2 de la

sede, puesto al acuerdo en virtud del recurso de apelación deducido a f. 161, contra la

sentencia de fs. 155/160 vta.

La señora Jueza de Cámara, doctora S., dijo:

1ro.) A fs. 155/160 vta. la jueza de grado rechazó la demanda

interpuesta por F. M. H. contra la Administración Nacional de la

Seguridad Social (ANSES), la cual tiene por objeto se declare la nulidad del acto

administrativo que dispuso su despido de la planta permanente del citado organismo,

se ordene su reincorporación en el cargo en el que había sido designado por concurso,

el pago de los salarios caídos con más sus intereses, el reconocimiento de los daños

morales causados, la aplicación del art. 1 de la ley 23.592 por considerar que el

despido fue discriminatorio y finalmente, las costas del juicio. A esos efectos, el actor

planteó la inconstitucionalidad de los arts. 26 del CCT 305/98 “E”, 6 del decreto

2741/97 y 167 de la ley 24.241, mediante los cuales se dispuso el cese de sus

funciones, por estimarlos contrarios a la garantía de estabilidad en el empleo público

consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Asimismo, la a quo impuso las costas a la parte actora vencida y

difirió la regulación de los honorarios profesionales.

Para así decidir, consideró que en autos no se ha acreditado la

realización y aprobación del “curso concurso”, ya que sólo obra agregado un

certificado a f. 41, que ha sido desconocido por la defensa y no se ha probado su

validez. Señaló que incluso de comprobarse tal extremo tampoco obra constancia

alguna respecto al acto de nombramiento del actor en los cuadros de la

Administración.

Indicó que el hecho que se le pagara el sueldo

correspondiente a la categoría 21 no implica que revistara en los cuadros permanentes

de la Administración, sino sólo que se encontraba incluido dentro de una categoría

presupuestaria determinada.

Destacó que el actor ingresó a trabajar a la ANSES por fuera de

los esquemas tradicionales, mediante una tipología excepcional de designación –

Fecha de firma: 14/02/2019 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZA DE CÁMARA Firmado por: MARÍA SOLEDAD COSTA, SECRETARIA #28780901#226734310#20190214120756415 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9069/2016/CA1 – Sala I – Sec. 1 contrato a plazo fijo– que no respeta la carrera y que como consecuencia trae

aparejada la no inclusión en la tutela del empleado público consagrada en la

Constitución Nacional.

Consideró que las cuestiones planteadas difieren de las que

fueron examinadas por la CSJN en el caso “M.”, que el actor suscribió y aceptó

los contratos por plazo fijo dentro del marco de la LCT, así que en el mejor de los

casos pudo ser considerada la relación habida con la Administración como de plazo

indefinido, pero nunca que éste ingresó en la planta permanente de aquella.

2do.) Contra dicho pronunciamiento, apeló la parte actora a f.

161, quien fundó su recurso a fs. 191/213.

Entre sus agravios, sostuvo: a) que el juzgador entiende que no

existe relación de empleo público con estabilidad propia, al considerar que no hubo

USO OFICIAL designación en planta permanente, pero de los términos de la Resolución Nº 371/16

por la que se dispuso el despido, se distingue entre agentes vinculados con relación

laboral a los que se les aplica el art. 245 de la LCT y agentes contratados a plazo fijo a

los que se aplica el art. 95 de la citada norma; b) que el curso concurso se hizo para

que los agentes contratados a plazo fijo cambien de modalidad de contratación, no

pudo haber otro cambio que no sea al régimen de estabilidad. Destacó que la

demandada no ha desconocido el intercambio de los correos electrónicos sobre el

mencionado curso por lo que han quedado automáticamente reconocidos; c) que la

jueza ha desinterpretado el procedimiento que establece la ley 25.164, el que se

encuentra cumplido puntillosamente. Señaló que se cumplió con el nombramiento, por

cuanto la normativa expresamente prevé que si la administración no dicta el acto

administrativo pertinente transcurridos treinta días, la designación “se considerará

efectuada”; d) que no se ha considerado la inconstitucionalidad planteada y; e) que se

ha desestimado casi in limine el planteo de nulidad del despido por motivos

discriminatorios en violación a lo dispuesto por el art. 1 de la ley 23.592. Citó en su

apoyo lo resuelto recientemente por la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones

del Trabajo en la causa “Geremia”.

3ro.) Sustanciado el recurso, a fs. 216/223 contestó la parte

demandada.

Fecha de firma: 14/02/2019 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZA DE CÁMARA Firmado por: MARÍA SOLEDAD COSTA, SECRETARIA #28780901#226734310#20190214120756415 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9069/2016/CA1 – Sala I – Sec. 1 Hizo hincapié en que los derechos no son absolutos, lo que

resulta aplicable al propio art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Destacó que la actora pretende desentenderse del régimen

jurídico aplicable a su vinculación laboral (Ley de Contrato de Trabajo), al cual

adhirió expresa e individualmente cuando firmó su contrato e ingresó al organismo.

Añadió que de acuerdo a lo dispuesto por la ley 25.164 tanto el personal sometido al

régimen de “contrataciones” y “planta transitoria o temporaria” (art. 9) así como el

personal de gabinete

(art. 10) no goza de la garantía de estabilidad (art. 16).

Que en rigor, el régimen de estabilidad comprende únicamente

al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos

pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada

jurisdicción u organismos descentralizados en la ley de presupuestos.

USO OFICIAL Remarcó que los arts. 2 inc. a) de la LCT y 3, anteúltimo

párrafo, de la ley 25.164 contemplan la posibilidad de que el Estado contrate

empleados bajo el régimen de la LCT. Que éste es el caso del actor, es decir, de los

agentes incorporados al Estado bajo un régimen de empleo privado.

Describió cual es el régimen normativo aplicable al

caso de autos (decreto 2741/91 y CCT 305/98 “E”); señaló que el actor

no sustentó suficientemente la inconstitucionalidad invocada e hizo reseña de

jurisprudencia reciente en la materia (“L.”).

Esencialmente, sostuvo que el accionante ingresó (al igual que

ocurriera en el caso citado) mediante la suscripción de un contrato a plazo fijo de

conformidad con la LCT, con lo cual la relación estuvo encuadrada desde el inicio en

los términos del régimen de derecho privado, careciendo el actor, desde aquel

entonces, de una legítima expectativa de continuidad.

4to.1) En primer término, cabe señalar que en el sub lite no se

encuentra controvertido que el actor fue contratado por la ANSES para ocupar el cargo

de Coordinador de Relaciones Institucionales en el ámbito de la Unidad de Atención

Integral (UDAI) II de esta ciudad, a partir del 31 de marzo de 2014 mediante la firma

de un contrato a plazo fijo que culminaba el 31 de...

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