Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Marzo de 2018, expediente CAF 050995/2017/CA001

Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2018
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Expte. nº 50.995/2017 En Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto del recurso interpuesto en autos: “H., A.M.F. c/ EN-M. Interior OP y V-DNM s/ Recurso directo DNM”, contra la sentencia obrante a fs. 127/135vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor J.L.L.C. dijo:

  1. El señor A.M.F.H., ciudadano del Reino Hachemita de Jordania, solicitó –por intermedio de la Defensora Pública Coadyuvante, integrante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación– la revisión judicial de la disposición SDX 105703, del 31/05/17, y la disposición SDX 47226, del 14/03/16, correspondientes al expediente del registro de la Dirección Nacional de Migraciones, identificado bajo el nº 180878/15, por causarle gravamen irreparable la decisión de declarar irregular su permanencia en el país, ordenar su expulsión y prohibir su reingreso por el término de 8 años.

    Requirió, a su vez y en caso de corresponder, que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 (fs. 2/15vta.).

  2. La señora jueza de primera instancia rechazó el recurso interpuesto por A.M.F.H. y, en consecuencia, confirmó

    las disposiciones SDX 105703 y 47226, con costas (fs. 127/135vta.).

    Para así decidir, en primer término reseñó las constancias de la causa y refirió respecto del cuestionamiento efectuado por la parte demandada en relación que no era adecuada la representación invocada por la Defensora Pública Coadyuvante al presentarse, que aquella se había presentado en calidad de apoderada del actor, lo que acreditó con la carta poder obrante a fs. 100.

    Respecto de la pretendida declaración de inconstitucionalidad de los artículos 4, 7, 9 y siguientes del decreto 70/17, modificatorios de la ley 25.871:

    indicó que los artículos 4 y 7 fueron emitidos al amparo de aquella ley en su redacción original, previo a las modificaciones introducidas por el decreto impugnado. Sostuvo que para la procedencia del planteo de inconstitucionalidad del artículo 9, resultaba necesario que se efectuara un sólido desarrollo argumental, con fundamentos suficientes para que pueda ser atendido.

    Fecha de firma: 08/03/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 1 #30258169#200041716#20180308082508962 Advirtió, en ese punto, que no se observaba que el procedimiento especial sumarísimo cuestionado hubiera afectado garantías constitucionales del actor.

    Establecido lo anterior, Indicó que el migrante no gozaba del beneficio de la residencia permanente en el territorio nacional, motivo por el cual su situación encuadraba dentro del impedimento previsto por el art. 29, inc. c, del plexo normativo. En ese sentido indicó que dicho reconocimiento no era automático y destacó lo establecido en los artículos 20 y 21 de la ley.

    En cuanto a la expulsión dispuesta, tuvo por acreditado que los actos de la Administración cumplimentaban todos y cada uno de los requisitos esenciales del acto administrativo, no advirtiéndose menoscabo alguno respecto de los derechos del accionante, por violación o inobservancia de lo establecido en la normativa procesal administrativa y lo dispuesto por la ley 25.871.

    En ese sentido sostuvo que el órgano administrativo no hizo más que aplicar la norma migratoria, que establecía entre las causales impedientes de la permanencia en el país el haber sido condenado penalmente, sin que se apreciara rasgo alguno de arbitrariedad o ilegalidad en la decisión adoptada, teniendo en cuenta la condena de la que fue objeto el actor (3 años de prisión en suspenso por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas, desobediencia y lesiones leves en concurso ideal con amenazas simples, todos en concurso entre sí).

    Resaltó que resultaría absurdo otorgar la dispensa por reunificación familiar en virtud de los hechos por los que fue condenado (violencia contra los integrantes de dicho grupo familiar, violar la prohibición de acercamiento a su mujer y sus hijos, y amenazar constantemente con la sustracción de estos últimos para llevarlos a su país de origen).

    Refirió que reforzaba dicho enfoque lo dispuesto en la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, especialmente su artículo 3.

    Por otro lado, rechazó el planteo referido a que con la disposición recurrida se estaría vulnerando el principio constitucional del non bis in idem, ya que las dos sanciones respondían a ordenamientos distintos, y se trataba de penas de diferente naturaleza.

    En definitiva, concluyó que las resoluciones atacadas se habían limitado a la aplicación de una de las causales que obstaban al ingreso y permanencia de los extranjeros en el país, pues no se encontraba en discusión la condena recibida por el actor en sede penal, lo que resultaba un claro impedimento de ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

    Fecha de firma: 08/03/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 2 #30258169#200041716#20180308082508962 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Expte. nº 50.995/2017 Finalmente, aclaró que una vez firme y consentida la sentencia, la Dirección Nacional de Migraciones podía concretar la retención del extranjero en los términos establecidos en los artículos 69 septies, sexto párrafo, y 70 de la ley 25.871.

  3. Disconforme con lo resuelto, el señor A.M.F.H. –por intermedio de la Defensora Pública Coadyuvante, integrante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación– apeló y expresó

    agravios a fs. 138/142, que fueron contestados por la demandada a fs. 144/163.

    En primer lugar, denunció como hecho nuevo una comunicación telefónica entre la “defensa” (sic) y la señora R.T.A. (madre de los hijos del actor).

    Indicó que en dicha comunicación telefónica la señora R.T.A. le manifestó que era su deseo que el señor A.M.F.H. se quedara en el país por ser padre de sus hijos y mantener vínculo con ellos, y que según su opinión era un buen padre. Agregó en dicha comunicación que el actor no tenía trabajo, pero cuando lo tiene aporta al sostén económico de los chicos.

    En base a ello solicitó que se realizara un informe social a través del equipo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o por intermedio de los profesionales del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, a fin de constatar los vínculos familiares y la extensión de los mismos, para que se resolviera adecuadamente sobre la reunificación familiar, considerando que los hechos por los que fue condenado el actor databan de los años 2011 a 2015.

    En este punto, luego de sostener que sería probada la conveniencia de la reunificación familiar con la prueba ofrecida, desarrollo el instituto, mencionando las normas de carácter nacional e internacional que lo contemplan, como así también citó antecedentes de tribunales internacionales.

    Por lo demás, se agravió de que la señora jueza de grado no fundara los motivos del rechazo de la aplicación al caso concreto del artículo 22 de la ley 25.871, que encuadraría la situación en lo previsto por el artículo 62 de la misma ley.

    Respecto de este punto, argumentó que al haber acreditado ser padre de ciudadanos argentinos, la residencia se le debería conceder sin más, no siendo ello un asunto discrecional de la Administración.

    Agregó que de aplicarse el artículo 62, inciso b, de la ley de migraciones, se cancelaría la residencia cuando el residente hubiese sido condenado judicialmente en la Republica por delito doloso que mereciera pena privativa de libertad mayor a cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en Fecha de firma: 08/03/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 3 #30258169#200041716#20180308082508962 la comisión de delitos, por lo que no se encontraría configurado el supuesto en su caso.

    Finalmente, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 70 de la ley 25.871, modificada por el DNU 70/17.

    Solicitó que se tuvieran por reproducidos los argumentos esgrimidos en relación a la ley que a su entender resultaba aplicable al caso y las inconstitucionalidades alegadas en relación al DNU efectuadas en el texto de la demanda.

    Por otro lado, indicó que fundaba la inconstitucionalidad en que el decreto mencionado ampliaba los plazos de vigencia de una retención por razones migratorias.

  4. A fs. 107/110vta. dictaminó el señor fiscal general.

    Opinó, en primer lugar, que el hecho nuevo invocado ya había sido expuesto ante la jueza de grado, quien había merituado dicha circunstancia en la sentencia, por lo que no podía entendérselo como una nueva circunstancia ocurrida o llegada a conocimiento de las partes con relación a la cuestión que se ventila.

    Agregó que de las constancias de la causa, teniendo en cuenta el motivo por el que el actor fue condenado, el acto impugnado no se exhibía como irrazonable o arbitrario, en los términos planteados por el accionante, ni tampoco que lo solicitado por la parte tenga entidad para modificar dicha circunstancia.

    Por otro lado, indicó que toda vez que el actor no había culminado el trámite de regularización migratoria, con todos los requisitos necesarios para obtener una residencia permanente, se debía desestimar el agravio fundado en el supuesto encuadre que debería habérsele otorgado.

    Por último, respecto del planteo de inconstitucionalidad del artículo 70, según texto del decreto 70/17, sostuvo que el actor no introdujo argumento alguno para fundar su parecer y que pueda ser analizado en el sentido...

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