Hábeas data

• Autor: Eduardo Ávalos, Alfonso Buteler, Leonardo Massimino
• Páginas: 377-392

CAPÍTULO XI

HÁBEAS DATA

I. INTRODUCCIÓN

El Hábeas Data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección

del derecho a la intimidad consagrado en nuestro Carta Magna a partir de lo pre-

visto en los arts. 18 y 19. Sin embargo, debemos tener presente que dicha herra-

mienta de tutela se proyecta también hacia la protección de otros derechos como

el honor, la imagen propia, la fama o reputación, la reserva, la confidencialidad y

la dignidad personal1, cuando la pretensión está encaminada más allá del mero

conocimiento de la información.

En tal orden de ideas ha dicho la Corte que “Se trata de la protección de la

persona y de la esfera de la individualidad personal, que en nuestro derecho inclu-

ye a las personas de existencia ideal (art. 1º de la ley 25.326), la que se encuentra

en un estado de vulnerabilidad cuando los datos que le pertenecen circulan sin su

control. Quienes, por imperio legal, tienen el derecho de registrar esos datos y

ejercer una industria lícita con ellos, tienen el deber de ser particularmente cuida-

dosos acerca de la identidad estática y dinámica de sus titulares2.

Esta herramienta, si bien no es novedosa ha adquirido singular importancia en

la nueva sociedad de la información y toma mayor relevancia aún frente al avan-

ce de las nuevas tecnologías, al crecimiento exponencial de la internet y las viola-

ciones a los derechos que ello puede traer aparejado.

1 BASTERRA, Marcela, “Habeas Data: Los derechos protegidos”, en AAVV - MANILI, Pablo L. (direc-

tor), Tratado de Derecho procesal constitucional, t. II, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 14.

2 Fallos, 329:5239, “Di Nunzio”, voto del juez Lorenzetti.

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En virtud de ello, trataremos de analizar en el presente capítulo los diversos

aspectos que plantea este instituto y sus diversas aristas, tanto a nivel federal como

en la Provincia de Córdoba.

II. OBJETO

Mediante la acción de hábeas data se procura acceder al conocimiento de la

información personal que se encuentre en un banco de datos público o en un registro

privado destinado a proveer informes. Esa esa su finalidad inmediata3, pues una

vez que se tiene conocimiento de la misma puede solicitarse su supresión, modi-

ficación, actualización, reserva, etcétera.

El art. 43 de la C.N. señala en su 3er párrafo que “Toda persona podrá interpo-

ner esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su fina-

lidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destina-

dos a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá

afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”4.

La Ley 25.3265 (LPDP) que regula el régimen de los datos personales dispo-

ne en su art. 1º que el objeto de ese cuerpo normativo es “la protección integral de

los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros

medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destina-

dos a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las per-

sonas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre,

de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitu-

ción Nacional. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de

información periodísticas”.

Es importante dejar sentado, entonces, que a través de dicho conducto proce-

sal se procura el conocimiento de información personal que se encuentra en ma-

nos de registros públicos o bancos de datos privados destinados a brindar informes.

Esa constituye la finalidad primordial. Una vez obtenida aquella o si ya se tiene

conocimiento previo aparece la finalidad mediata del Hábeas Data: lograr la

modificación, supresión, actualización, etcétera de la información.

3 BASTERRA, Marcela, “Habeas Data: Los derechos protegidos”, ob. cit., p. 8.

4 Cabe destacar que tal como lo ha señalado Gregorio BADENI la fuente de esta disposición es el art. 35

de la Constitución Portuguesa de 1976 (Reforma constitucional e instituciones políticas, ob. cit., p. 246).

5 BO, 02/11/2000.