Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 7 de Marzo de 2018 (caso Guzmán, Juan José Angel c/ Telecom Personal S.A. s/ Interdicto de obra nueva)

Presidente:Pettigiani-Negri-de Lázzari-Soria
Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2018
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUMEN

Doctrina en elaboración. Disponible el texto completo del fallo.

 
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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., N., de L., S., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.605, "G., J.J.Á. contra Telecom Personal S.A. Interdicto de obra nueva".

A N T E C E D E N T E S

Luego de resuelta por esta Corte la competencia local para conocer en la causa (v. fs. 687/693), el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda interdictal ventilada en autos (v. fs. 724/730 vta.).

Apelada la decisión por el vencido, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental la confirmó (v. fs. 755/761).

Frente a ello, interpuso el actor recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 767/776).

Oída la Procuración General en relación al primero (v. fs. 797/799), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

    En caso negativo:

  2. ) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo:

    1. Para una mejor comprensión de la temática, conviene repasar que en su carácter de propietario del 5° piso "c" del inmueble ubicado en calle Colón n° 233 de Bahía Blanca, el señor J.J.Á.G. promovió el presente interdicto de obra nueva -en los términos de los arts. 8, parte de la ley 13.512; 613, 615 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial- con el propósito de que se disponga el desmantelamiento y retiro de una torre con antena de recepción y emisión de microondas para uso de telefonía celular emplazada en la terraza del edificio, la desocupación del departamento del portero y las instalaciones accesorias a dicha antena y para que se retiren los cables que la conectan a las fuentes ubicadas en planta baja y todo otro mecanismo vinculado a la señalada tecnología, por haberse violado el reglamento y la ley, resultar perjudicial para la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior e interior del edificio (v. fs. 32).

      Direccionó la acción contra "Telecom Personal S.A." por ser la propietaria de la antena y contra el "Consorcio de Propietarios Edificio Avenida" en cuanto aprobó y dispuso la respectiva instalación (v. fs. 32 vta.).

      Conforme se reseñara, el señor juez de la instancia liminar desestimó la demanda y, a su turno, la Cámara confirmó esa decisión.

    2. En orden a fundar su pronunciamiento, y en lo que aquí interesa destacar a tenor del remedio extraordinario interpuesto, estimó el Tribunal de Alzada que no habiendo sido oportunamente impugnada por el actor la asamblea extraordinaria celebrada el 6 de octubre de 2000 en la que se decidió aprobar la instalación de la antena, en principio resultaba improcedente su planteamiento en el marco del presente interdicto (v. fs. 758 vta.).

      Seguidamente, y al igual que el judicante anterior, puntualizó que en autos no se había producido prueba pericial alguna que sustentara los extremos del 2° párrafo del art. 8 de la ley 13.512 invocados por el actor (art. 375, CPCC). Y si bien era cierto que el estado actual del conocimiento científico no permitía demostrar -de modo fehaciente- que las radiaciones no ionizantes (RNI) emitidas por la antena resultaran absolutamente inocuas para la salud de las personas que habitan en sus inmediaciones, tal circunstancia no habilitaba a invertir la carga probatoria tal como lo pretendía el apelante, ni siquiera bajo la invocación del "principio precautorio" (v. fs. 759 y vta.).

      A renglón seguido, puso de relieve que a través de la Resolución 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental, la Provincia había adoptado el estándar nacional de seguridad aprobado por la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, quedando sujeto a las modificaciones que surgiesen de los resultados de evaluaciones de riesgo posteriores y de estudios científicos nacionales e internacionales. Asimismo, que la Ordenanza municipal 17.130 referida a la regulación de instalación de estructuras soporte de antenas de telefonía celular y desarrollo de plataformas de comunicaciones móviles para la ciudad de Bahía Blanca remitía, en lo concerniente, a la citada normativa nacional y provincial (v. fs. 759 vta./760). A tenor de toda esta preceptiva, inspirada en los principios rectores de precaución y prevención propios de la materia ambiental (art. 4, ley 25.675), descartó la alegada inconstitucionalidad de la citada resolución nacional 202/95, cuya declaración constituía laultima ratiodel orden jurídico (v. fs. 760 y vta.).

    3. Contra esta decisión interpone el actor recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia que la Cámara incurrió en infracción del art. 168 de la Constitución provincial al omitir el abordaje de una cuestión esencial.

      Explica que tal extremo soslayado por el superior de grado consistió en la referida impugnación de la decisión asamblearia que el juzgador de primer orden había ponderado como necesaria y que su parte al apelar consideró una carga en extremo excesiva e inconducente. Asimismo, que dicha asamblea no había sido tal en rigor sino un mero acto preparatorio, en atención a las irregularidades que venían reconocidas. Finalmente, y encontrándose implicado el interés público,...

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