Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 2 de Febrero de 2022, expediente FSM 005968/2021/CA002

Fecha de Resolución 2 de Febrero de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

Causa N° FSM 5968/2021/CA2 “GUIDA,

M.G. (EN REP. DE

SU HIJO MENOR) c/ OSDE s/AMPARO LEY

16.986” – Juzgado Federal de Campana,

Secretaria Civil Nº 1- CFASM, SALA I, SEC.

CIVIL N° I - SENTENCIA

Martín, 2 de febrero de 2022.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

  1. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la actora y la demandada contra la sentencia del 30/08/2021, en la que el Sr. juez “a-

    quo” hizo lugar a la acción promovida por el Sr.

    M.G.G., ordenando a OSDE, a favor del menor R.J.G., la cobertura de las prestaciones de “Educación General Básica Común”

    -doble jornada- en el colegio “Los Robles”

    (Desarrollos Educativos S.A.) y módulo de apoyo a la integración escolar -equipo-, hasta los valores previstos en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad –aprobado por resol.

    428/99 del Ministerio de Salud de la Nación y sus modificatorias-; todo ello, por el período de febrero a diciembre 2021 y ciclos sucesivos, siempre que se acreditara mediante prescripción médica correspondiente.

    Impuso las costas a la demandada vencida.

    Para así decidir, consideró que era oportuno señalar que la ley 23.660, en su Art. 3,

    previó que los agentes del seguro de salud destinarían sus recursos “en forma prioritaria” a las prestaciones de salud, en tanto que la ley 1

    Fecha de firma: 02/02/2022

    Firmado por: M.J.S., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D.F., JUEZ DE CAMARA

    23.661 fijaba, como objetivo del Sistema Nacional del Seguro de Salud, el otorgamiento de prestaciones que tendieran a procurar la “protección,

    recuperación y rehabilitación de la salud” y asegurar al beneficiario los servicios “suficientes y oportunos”.

    Asimismo, resaltó que la ley 26.061 tenía como fin “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte…”.

    A su vez, destacó que la ley 24.901

    instituía “un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención,

    asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.

    En tales términos, tuvo presente que el menor contaba con un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, las indicaciones médicas emitidas por los profesionales tratantes y lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense.

    Seguidamente, expuso que el Alto Tribunal había sostenido que era la parte demandada la que 2

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    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

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    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

    Causa N° FSM 5968/2021/CA2 “GUIDA,

    M.G. (EN REP. DE

    SU HIJO MENOR) c/ OSDE s/AMPARO LEY

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    debía ocuparse concretamente de probar -y poner a disposición- una alternativa entre sus prestadores,

    que proporcionaran un servicio análogo al que se perseguía en juicio, debiendo demostrar la exorbitancia o sinrazón de la elección paterna.

    De esta manera, concluyó que, de las constancias de autos se verificaba la existencia de un diagnóstico y pronóstico consolidado respecto de la patología del niño, como también de las prestaciones requeridas, por lo que no correspondía dar una acogida favorable a los argumentos invocados por la demandada.

    No obstante ello, determinó que, toda vez que el establecimiento “Los Robles” no integraba la cartilla de prestadores de OSDE, la cobertura de las prestaciones reclamadas debían cubrirse hasta los montos establecidos en la resol. N.. 428/99 del Ministerio de Salud de la Nación y sus modificatorias.

    Posteriormente, el “iudex a-quo” reguló

    los honorarios de la letrada M.S.S. en la suma total de 18 U., por la suma de $89.604;

    monto correspondiente a $4.978 por unidad.

  2. Se agravió la demandada, considerando que, al momento en el cual el actor solicitó la cobertura a la obra social, ya hacía 9 años el niño 3

    Fecha de firma: 02/02/2022

    Firmado por: M.J.S., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

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    había concurrido a la escuela “Los Robles”, por lo que no tenía ninguna relación con la discapacidad del menor.

    Añadió, que la parte actora tampoco había acompañado ninguna prueba -tal como historia médica o certificado médico- de aquella época que hubiera sugerido la inscripción del afiliado a la escuela reclamada.

    Expresó que el Cuerpo Médico Forense había dictaminado que el niño podría haber iniciado su escolaridad en un establecimiento educativo de gestión estatal o privada, siempre que contara con equipos educativos especializados y con las características sociales, en cuanto al número de alumnos por curso que recomendaran los profesionales que lo asistían.

    En este sentido, arguyó que la apoyatura escolar, que eventualmente el menor requería, podría ser brindada en cualquier colegio, fuese de gestión pública o privada, a través de prestadores de OSDE.

    Refirió que la escuela requerida no se encontraba categorizada e inscripta en el Registro Nacional de Prestadores del Servicio Nacional de Rehabilitación.

    Criticó que el juez de grado no hubiera considerado que el accionante no había demostrado haber consultado siquiera algún establecimiento educativo de gestión estatal e hizo hincapié en que 4

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    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

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    Causa N° FSM 5968/2021/CA2 “GUIDA,

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    no era cierto que su representada no hubiera ofrecido alternativas de escuelas públicas.

    Mencionó que, del relevamiento realizado por OSDE, se desprendían tres establecimientos públicos específicamente recomendados para que R.

    pudiera continuar su escolarización, en el caso de que la familia no pudiera afrontar el costo del colegio solicitado.

    Refirió que, en la sentencia recurrida, no se había tenido en cuenta que la Resol. N..

    1664/2017 de la Provincia de Buenos Aires promovía la inclusión de personas con discapacidad en escuelas públicas.

    Citó jurisprudencia, expresando que era evidente que el accionante no había dado cumplimiento con las previsiones reglamentarias que regían en la normativa para que se procediera a la libre elección de un establecimiento educativo.

    Sostuvo que el beneficiario no había probado no poder continuar abonando la cuota del colegio elegido, ya que, por un lado, el niño ya venía concurriendo al mencionado establecimiento y,

    por otro lado, la familia estaba pagando la cuota de su otra hija.

    También, alegó que se había obligado a OSDE a cubrir la prestación del módulo de apoyo a la 5

    Fecha de firma: 02/02/2022

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    integración escolar (equipo) sin analizar cuál era la prestación que realmente recibía el menor en el colegio “Los Robles”.

    Al efecto, alegó que, si bien el actor le había peticionado a la escuela una maestra de apoyo,

    dicho establecimiento pretendía cobrar otra prestación, de modo que solicitó que, en caso de que su mandante debiera cubrir tal servicio, éste debía ser el módulo de maestra de apoyo y no el módulo de apoyo a la integración escolar (equipo).

    Destacó que los valores fijados en el nomenclador de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad no eran valores que obligatoriamente la obra social debía reconocer a sus beneficiarios, por lo que su mandante, en todo caso, tendría que cubrir hasta los montos de reintegro contemplados para cada prestación en el plan médico contratado por el accionante.

    Por último, hizo reserva del caso federal.

    Por otro lado, la actora se quejó respecto de la decisión del magistrado de grado de limitar la cobertura de las prestaciones reclamadas, hasta el valor previsto en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

    Alegó que el colegio “Los Robles” contaba con un sistema de planeamiento de la integración escolar que había permitido que su hijo evolucionara de una manera que no podría haberse dado en otra institución, ya que ese establecimiento contaba con 6

    Fecha de firma: 02/02/2022

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    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

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    un departamento de integración que proponía diferentes talleres pensados a la medida de las dificultades presentadas por el menor.

    Finalmente, citó...

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