Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL, 19 de Abril de 2023, expediente FLP 017997/2020/CA002

Fecha de Resolución19 de Abril de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de abril del año dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo los señores Jueces que integran la Sala Primera de esta Cámara Federal de Apelaciones, para tomar en consideración el presente expediente N° FLP

17997/2020/CA2, caratulado “GUBILEY, M.L. c/

A.F.I.P. s/ACCION MERE DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de La Plata.

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

  1. La señora M.L.G. inició la presente acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 79 inciso c) de la Ley N° 20628 -texto según modificatorias- y, como consecuencia, cese la gravabilidad del impuesto a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios.

    Reclamó, además, el reintegro de las retenciones sufridas en concepto de dicho impuesto, más intereses hasta su efectivo pago.

    Solicitó que se aplique en el caso el precedente “G., M.I. s/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (expte. FPA

    7789/2015, sentencia del 26/03/2019). A tal fin, alegó

    que, en su condición de jubilada del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, se encontraría en situación de vulnerabilidad conforme al fallo “G.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Señaló que, además de su avanzada edad, cuenta con un delicado estado de salud, que posee diagnóstico de “Parkinson, pánico, trastorno depresivo mayor recurrente, en tratamiento a su vez con traumatólogo por Fecha de firma: 19/04/2023

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

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    dolores osteoarticulares con impacto funcional, en tratamiento con neurólogo, entre otras”.

    Adujo que posee certificado de discapacidad emitido por la Provincia de Buenos Aires y que también su esposo y una de sus hijas resultan discapacitados y cuentan con el correspondiente certificado que así lo acredita.

    Fundó en derecho, ofreció prueba, pidió el dictado de una medida cautelar, hizo reserva del caso federal y requirió que se haga lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, con costas a la accionada.

  2. Mediante la sentencia interlocutoria de fecha 22/07/2020 se rechazó la medida cautelar solicitada. Apelada dicha resolución por la actora, esta Sala I del Tribunal de Alzada revocó, en fecha 01/09/2020, la decisión de grado e hizo lugar a la medida precautoria a favor de la Sra. G..

  3. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por M.L.G.,

    DNI 11.060.901, contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el alcance indicado en el precedente “G.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenando el reintegro a la parte actora -desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago- de los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas y la prohibición de exigir nuevos pagos del tributo mientras el Congreso de la Nación no legisle sobre el particular. Asimismo, impuso las costas a la parte demandada vencida (arts. 68 y cdtes. del CPCCN), difirió

    la regulación de los honorarios profesionales hasta que se encuentre determinado el monto por el cual resulta procedente el reintegro ordenado, y dispuso la integración de la tasa de justicia (Ley N° 23898 y sus modificatorias).

    Fecha de firma: 19/04/2023

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

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  4. Contra dicha sentencia la Administración Federal de Ingresos Públicos interpuso, a fojas 148,

    recurso de apelación, con expresión de agravios obrante a fojas 150/172, y réplica de la parte actora obrante a fojas 176/178.

    De la lectura del escrito recursivo se advierte que la quejosa cuestiona en primer lugar que, pese a que la sentencia fue dictada con posterioridad a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Ley N° 27617, el juez de origen no aplicó dicha normativa a la hora de resolver, basándose en el precedente “G., M.I.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Refiere, que la Ley N° 27617 -hoy vigente- vino a poner el límite temporal al condicionante impuesto por el Máximo Tribunal lo cual constituye fundamento suficiente para que se rechace la acción incoada; ello por cuanto los haberes previsionales de la parte actora superan el mínimo no imponible establecido por la nueva normativa, por lo que resulta claro que no podrá invocar el precedente “G.” para sustentar su pretensión, por cuanto en él se declaró la inconstitucionalidad -para el caso concreto de la allí actora- hasta tanto el Congreso de la Nación legisle sobre el punto, lo cual ocurrió con el dictado de la Ley citada vigente para el período fiscal en curso.

    En orden a lo expuesto, y toda vez que de la documental acompañada surge que la incidencia del impuesto en nada se asemeja a la del caso “G.,

    solicita se revoque la sentencia atacada; en mérito a ello y atento a la entrada en vigencia de la Ley N°

    27616.

    Para el supuesto en que no se hiciera lugar al agravio planteado precedentemente, cuestiona la imposición de las costas, las que solicita que se distribuyan en el orden causado.

    Fecha de firma: 19/04/2023

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

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    Por último, solicita que se deje sin efecto la integración de la tasa de justicia.

  5. Llegada la causa a esta Alzada, con fecha 21

    de marzo de 2023 se requirió -en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- a la Administración Federal de Ingresos Públicos que, en el plazo de cinco (5) días, informe si a raíz de la vigencia de la Ley N° 27617 la actora se encontraba como sujeto alcanzado por el tributo y si correspondían detracciones por tal concepto sobre sus haberes.

    Asimismo, se requirió a la señora G. para que, en igual plazo, acompañe copia de su último recibo de haberes (ver fojas 182).

    A fojas 183/184 la actora adjuntó su último recibo de haberes del cual surge que no se le efectuaban descuentos en virtud del impuesto a las ganancias.

    Asimismo, acompañó un escrito en el que expresó que, a la fecha no sufría retención alguna en concepto de impuesto a las ganancias en virtud de la sentencia dictada por esta Sala I con fecha 01/09/2020.

    Por su parte, a fojas 185/197, se presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos dando cumplimiento al requerimiento del Tribunal.

  6. Presente lo expuesto, es dable señalar que la índole del planteo efectuado exige aclarar si la conducta de la demandada resulta constitucional, o si,

    por el contrario, afecta los derechos que se dicen lesionados.

    Aclarado lo anterior, corresponde que esta causa sea analizada a la luz del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “G., M.I. c/ AFIP s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, expte. FPA7789/2015/CSI-RH1, de fecha 26 de marzo de 2019 (Fallos: 342:411), y en el marco de la Ley N°27.617, promulgada por el Decreto N°

    Fecha de firma: 19/04/2023

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

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    249/2021, BO 21/04/2021, cuya vigencia fue impuesta por la propia ley “a partir del período fiscal iniciado el 1º de enero de 2021, inclusive”.

    Una atenta lectura del voto mayoritario que funda la sentencia del Alto Tribunal, da cuenta, a mi modo de ver, de que su contenido se resume en una sola tesis, esto es, la violación al principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 16, producto de que la regla tributaria no establece los parámetros necesarios para ello, debido a que para imponer el tributo no diferencia dentro del universo de los beneficiarios previsionales, dando a todos igual tratamiento en función del monto del haber que perciben.

    Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 16 de la Ley Fundamental, debería tenerse en cuenta que hay quienes pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad mayor que el resto y que,

    por lo tanto, demandan de una especial consideración a fin de disponer de mayores medios económicos para atender a sus necesidades.

    En el considerando 6° del mencionado fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló de manera preliminar que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial le quepa pronunciarse. Solo los casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces (conf. Causas “B.S.”

    -Fallos: 340:1480- y CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, fallada el 31 de octubre de 2017); al respecto aclaró que, conforme al principio de división de poderes, es el Poder Legislativo quien tiene la atribución de elegir los objetos imponibles,

    Fecha de firma: 19/04/2023

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

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