Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 16 de Mayo de 2023, expediente FBB 010562/2022

Fecha de Resolución16 de Mayo de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 10562/2022/CA1 – S.I.–.S.. 2

Bahía Blanca, 16 de mayo de 2023.

VISTO: Este expediente N° FBB 10562/2022/CA1, caratulado: “GROPPA, Jorge

Serafín c/Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/Acción mere

declarativa de inconstitucionalidad”, venido del Juzgado Federal N° 1 de la sede,

para resolver el recurso de apelación de fs. 57, contra la sentencia de fs. 56 (foliatura

sistema Lex 100).

El señor Juez de Cámara, doctor P.A.C.M., dijo:

1) El Sr. Juez de grado resolvió hacer lugar a la demanda

interpuesta por J.S.G., declarar la inconstitucionalidad del art. 79 inc.

  1. de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias (art. 82 inc. “c”, t.o. según Decreto N°

824/2019), normas complementarias y reglamentarias de la misma, como también la

inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 27.617, y ordenar a la Administración

Federal de Ingresos Públicos que se abstenga de descontar suma alguna por impuesto a

las ganancias sobre el haber previsional del actor.

En consecuencia, condenó a la demandada a reintegrar al actor

las sumas retenidas por tal concepto desde el momento de la interposición de la

demanda y mientras le hayan sido descontadas desde entonces, con más los intereses a

la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, desde que cada suma fue

debida y hasta el momento del efectivo pago.

Finalmente, resolvió imponer las costas por su orden y diferir la

regulación de los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes hasta tanto

denuncien y acrediten los mismos en autos su situación previsional e impositiva (fs.

56).

2) Contra dicha resolución, el apoderado de la demandada

interpuso recurso de apelación a f. 57 y a fs. 59/71 expresó agravios.

Se agravió, en primer lugar, respecto de la naturaleza de la

acción; sostuvo que la acción interpuesta se encuentra limitada pura y exclusivamente

a una declaración de inconstitucionalidad, es decir de certeza y no de condena.

Asimismo, respecto de la constitucionalidad del tributo, sostuvo

que las normas jurídicas cuestionadas en autos superan el control de constitucionalidad

propuesto en demanda, en tanto encuentran su origen en una ley del Congreso de la

Fecha de firma: 16/05/2023

Alta en sistema: 17/05/2023

Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 10562/2022/CA1 – S.I.–.S.. 2

Nación (principio de legalidad), y no afecta la integridad de las prestaciones de la

Seguridad Social, ni violenta el principio de no confiscatoriedad.

A su vez, cuestionó la aplicación del antecedente de la CSJN

G. ya que se trata de un caso distinto al que originó el fallo del Cimero Tribunal,

con fundamento en que las circunstancias personales de la Sra. G. tenidas en

consideración por la Corte para decidir, difieren sustancialmente a la del reclamante.

Manifestó que la Corte puso especial consideración sobre las

condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad de jubilados, y que el a

quo asimila sin mayor análisis la situación personal del accionante al caso particular

de G., y que en el caso no se ve configurada la situación de vulnerabilidad de la

USO OFICIAL

parte actora. Sostuvo que de ser admitida la pretensión de la parte actora obtendría una

situación de privilegio respecto del resto de los sujetos pasivos que afrontan el

impuesto.

Indicó que con el dictado de la ley 27.617 el Congreso Nacional

ha atendido el criterio de la Corte Suprema en punto a otorgar un tratamiento

diferenciado a aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones que se encuentran en

condiciones de mayor vulnerabilidad, con lo que se ha puesto fin a la afectación

constitucional que fuera invocada en el precedente “G..

En función de ello, manifestó que para decretar la

inconstitucionalidad del artículo 79 inciso c) de la ley 20.628 (actual 82 inciso “c”), ya

no podrá invocarse lisa y llanamente dicho precedente de la Corte, sino que deberá

acreditarse en el caso concreto, y en particular, la afectación de derechos de raigambre

constitucional.

Por último, cuestionó –subsidiariamente– la tasa de interés

aplicable y el procedimiento para la devolución del impuesto, para lo cual deberá

instarse la correspondiente acción de repetición en sede administrativa, y también

manifestó que, en caso de confirmarse el cese de retención del gravamen sobre los

ingresos de la parte actora, deberá ordenarse la comunicación de dicha medida a quien

debiera ser su destinatario, esto es, el agente de retención.

3) A fs. 65/66 la parte actora contestó el traslado oportunamente

conferido.

Fecha de firma: 16/05/2023

Alta en sistema: 17/05/2023

Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

37046794#368632861#20230516105645441

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4) La cuestión a dilucidar consiste en determinar si en el caso

sub examine resulta aplicable la detracción del impuesto a las ganancias sobre los

haberes jubilatorios del actor, regulada por el actual art. 82 inc. c de la ley 20.628 y,

concretamente, si el fallo “G., M.I.” es de aplicación al presente caso, aún

con la modificación del impuesto introducida por la ley 27.617.

5) Entrando a resolver, corresponde destacar lo resuelto por el

Máximo Tribunal con fecha 26/3/2019 en el fallo “G., María Isabel c/AFIP

s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad

, en el cual se declaró la

inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones

(arts. 23, inc. “c”, 79, inc. “c”, 81 y 90 de la ley 20.628; texto según leyes 27.346 y

USO OFICIAL

27430), se ordenó a la demandada que reintegre a la actora, desde el momento de la

interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran

retenido por aplicación de las normas descalificadas, y que se abstenga de descontar

suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional,

hasta tanto el congreso legisle sobre ese punto.

En dicho precedente, el Cimero Tribunal, sostuvo que no caben

dudas de la naturaleza eminentemente social del reclamo de la actora y recordó que el

art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado otorgará los beneficios

de la seguridad social que tendrán carácter integral e irrenunciable, esto es procurar a

los trabajadores los medios para atender a sus necesidades cuando, en razón de su

avanzada edad, evidencien una disminución de su capacidad de ganancia, y que la

incorporación de los derechos de la seguridad social al catálogo de los derechos del

trabajador en la Constitución Federal apunta a dignificar la vida de los trabajadores

para protegerlos en la incapacidad y en la vejez.

En este orden de ideas, los magistrados manifestaron que la sola

capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los

jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la

vulnerabilidad vital del colectivo concernido. La falta de consideración de esta

circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables

con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal

genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando

al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja.

Fecha de firma: 16/05/2023

Alta en sistema: 17/05/2023

Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 10562/2022/CA1 – S.I.–.S.. 2

En la misma línea argumentativa se sostuvo que el análisis

integral de la capacidad contributiva implica que la equiparación de un jubilado en

condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación

pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera

en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo; por lo

que advierte que la estructura tipificada por el legislador (hecho imponible,

deducciones, base imponible y alícuota) termina por subcategorizar mediante un

criterio estrictamente patrimonial (fijado por un mínimo no imponible) a un universo

de contribuyentes que, de acuerdo a una realidad que la constitución obliga a

considerar, se presenta heterogéneo.

USO OFICIAL

Concluyeron que es facultad del poder judicial analizar si el

estándar genérico utilizado por el legislador cumple razonablemente con los principios

constitucionales o si, por el contrario, su aplicación vulnera derechos fundamentales;

por lo que, ante tal circunstancia, se debe declarar la incompatibilidad de la norma con

la constitución en el caso concreto.

Así las cosas, conviene destacar que con posterioridad al dictado

del mencionado fallo, el Máximo Tribunal se expidió en una gran cantidad de

sentencias remitiéndose a los fundamentos expuestos en “G., sin analizar

circunstancias particulares de los actores (edad, salud, etc.) que demuestren mayor o

menor vulnerabilidad. No realizó valoraciones concretas del accionante que los ubique

en una situación de vulnerabilidad, remitiéndose solo al precedente.

A modo ilustrativo, cabe mencionar algunos de los fallos que

dirimieron la cuestión y obtuvieron la misma solución: “VILLEGAS, R.N. y

otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción meramente declarativa

de derecho”; “MAZZOLA DE MARISCO, A.M. c/ AFIP s/ acción meramente

declarativa de inconstitucionalidad”; “DUMON APARICIO, G. c/ AFIP s/

Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”; “PAZ, Blanca Aurora c/

AFIP s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”; “CARRICARTE,

T.R. c/ AFIP s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”;

LANDI, P.M. c/ AFIP s/ Acción Meramente Declarativa de

Incons...

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