Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 14 de Junio de 2023, expediente CNT 032751/2017

Fecha de Resolución14 de Junio de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO.: 32.751/2017

AUTOS: “GROBA, M.H. c/ OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES

NAVALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO”

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. A.E.G.V. dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia dictada el 27/12/2022, que hizo lugar a la demanda e impuso las costas a cargo de la accionada, se alza la parte demandada a tenor de su memorial, replicado por la contraria. A su turno, la representación letrada de la reclamante, recurrió la regulación de sus honorarios, por considerarla baja.

II) Arriba sin discusión a esta alzada, que M.H.G. se desempeñó como médica dermatóloga en consultorios externos que posee la Obra Social de Conductores Navales de la República Argentina (en adelante, “OSCONARA”), desde el 1/10/1998

hasta el 30/11/2016, cuando a causa de haber tercerizado las prestaciones médicas de ley con Sancor Salud S.A., la institución decidió unilateralmente poner fin al “contrato de locación de obra médica” que suscribió con la actora.

III) La Sra. Jueza de primera instancia sostuvo que el vínculo habido entre las litigantes, no se trató de una “locación de servicios” regida por el derecho civil (como se indicó en la contestación de demanda), sino de un contrato de naturaleza laboral regulado por la LCT. En su mérito, concluyó que la decisión resolutoria adoptada por OSCONARA

importó un despido que no se basó en causa legítima y, consecuentemente, hizo lugar a las indemnizaciones pertinentes (arts. 232, 233 y 245 de la LCT).

Tales determinaciones son blanco de ataque por parte de la requerida, quien –en resumidas cuentas- arguye que, una recta valoración de las constancias del expediente,

demostraría que G. no prestó servicios en el marco de un típico contrato de trabajo,

sino a propia cuenta y riesgo en su calidad de profesional independiente.

Ahora bien, en función de los términos de la litis contestatio, y reconocida por la demandada la prestación de servicios de G. en el marco de su actividad empresaria (cfr. arg. art. 5 LCT), no puede escaparse que, en la especie, entra en juego la presunción Fecha de firma: 14/06/2023 iuris tantum que establece el art. 23 de la LCT en favor de la existencia de la relación de Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.G.V., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: J.A.S., JUEZ DE CAMARA 1

Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

trabajo que la actora denunció en el inicio en sustento de sus pretensiones, por lo que correspondía a la accionada aportar los elementos de juicio que permitan desplazar sus efectos con la corroboración de que el lazo que mantuvo con la accionante, no obedeció a un contrato de índole laboral, sino a una “locación de servicios” ajena a la normativa del derecho del trabajo, según señalara en su responde.

Sobre el tema, debe ponerse de resalto que la calidad de médica profesional en la que hace hincapié la apelante, no obsta a la aplicación de la mentada presunción en el entendimiento de que, como lo sostiene la jurisprudencia más actualizada, las tradicionales profesiones liberales han sufrido sensibles modificaciones en su desenvolvimiento e inserción en el cambio social, pudiendo afirmarse que la excepcionalidad que antes se asignaba al desempeño como dependiente de personas con esa capacitación o habilitación,

hoy ya es un fenómeno común, por lo que la sola circunstancia de que la actora sea una profesional del arte de curar, no permite inferir, per se, que no haya podido estar bajo las órdenes de la demandada (ver, con igual criterio, esta Sala en S.D. del 6/12/2021 dictada en el Expte. 26.575/2014 “D., C.A. c/ Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura y Acción Social s/ despido”; y en una anterior integración, en S.D.

89.421 del 8/6/2001 in re “L., P. c/ P.R., H.M. y otro s/ despido” y S.D. 96.531 del 30/3/2009 en autos “T., G.P. c/ Asociación Francesa Filantrópica y de beneficencia s/ despido”; entre muchas otras).

Sentado lo que precede, me parece oportuno recordar que, en el ámbito del Derecho del Trabajo, rige con vigor el principio de primacía de la realidad, al que Plá

Rodríguez definió diciendo que "… significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos" (Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma, 3ra. edición, Bs. As., 1998 p. 313) y ello es así

pues, el contrato de trabajo, encuadra en lo que De La Cueva identificó como un "contrato realidad" (Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa SA, México, 1973, Tomo I, p.

383). Este principio del derecho material no puede ser soslayado por la acreditación de algunas formalidades menores (extensión de facturas, inscripción impositiva de la trabajadora, contratación de un seguro por mala praxis), ya que no advierto que, más allá

de aquéllas, la accionada haya acreditado la verdadera existencia de un contrato de “locación de servicios” regido por la legislación civil.

En esta ilación, aun cuando se hayan instrumentado las condiciones de la alegada contratación no-laboral de la actora, ello habría sido insuficiente, por sí sólo, para obviar el carácter dependiente del vínculo, porque la calificación en esta materia es de orden público absoluto y es extraña a la mera voluntad de las partes contratantes.

Claro resulta a esta altura del desarrollo del derecho laboral, que sus fines tutelares no podrían cumplirse si bastase que, eventualmente, el tomador del servicio impusiese la extensión de facturas, la inscripción tributaria del trabajador, la contratación de un seguro Fecha de firma: 14/06/2023

Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.E.G.V., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: J.A.S., JUEZ DE CAMARA 2

Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

por responsabilidad civil o la suscripción de un mero contrato de “locación de servicios”,

para desbaratar con tan simples artilugios, todo el andamiaje protectorio que el legislador ha generado en cumplimiento del mandato constitucional, precisamente, en conocimiento de que ello puede y suele acontecer en este especial ámbito de las relaciones personales (ver, entre muchos otros, CNAT, Sala II, S.D. N° 101.760 del 21/5/2013 in re “Romano,

N.E. c/ Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal”).

Ahora bien, no sólo por las razones expuestas creo indudable que, en el sub lite, no se encuentra enervada la presunción contenida en el art. 23 de la LCT, sino que, a mi juicio, las pruebas recolectadas en estos actuados, demuestran cabalmente que la prestación que G. ejecutó para la accionada OSCONARA, tuvo su causa en un verdadero contrato de naturaleza laboral.

En efecto, los testigos L.R.R. (fs. 179), H.H.N. (fs. 180),

S. La Forgia (fs. 196/197) y D.S. (fs. 198/199), a través de sus relatos que lucen coherentes, objetivos, verosímiles, complementarios y concordantes entre sí y con los hechos narrados en el escrito inaugural, dan acabada cuenta, con apoyo en adecuadas razones de modo, tiempo y lugar en que tuvieron conocimiento directo y personal de las circunstancias que refieren, de que G. atendía a afiliados de OSCONARA, que sus servicios eran ejecutados en los consultorios de la obra social ubicados sobre la calle P. de esta ciudad, los días martes de 8 a 12 hs., que los elementos de trabajo eran provistos por la institución accionada, y que los pacientes adquirían turnos mediante la obra social para ser atendidos por la actora.

Debe decirse con relación a la prueba testifical producida a petición de la parte demandada, que no sólo la advierto desvirtuada por las aseveraciones vertidas por los testimonios antes reseñados, sino también que los lazos que unen a J.E.K. (quien confesó trabajar actualmente en la entidad desde el año 2003, y ser su “Secretario de Acción Social de la Obra Social”) y H.R.G. (quien admitió trabajar actualmente en la obra social desde el año 1974) con la aquí accionada, generan -a mi ver-

una razonable sospecha en la imparcialidad de sus declaraciones y de una posible identificación con los intereses de la requerida, que no hallo contrarrestadas mediante elemento alguno en la especie; todo lo cual me conducen a restarles eficacia probatoria a los fines de estos actuados (ver, en este sentido, H.D.E. en “Teoría General de la Prueba Judicial”, 2da. Ed., T.I., págs. 268/273).

Por lo tanto, los elementos presuncionales y probatorios antes analizados, me llevan a determinar que, lejos de haberse desempeñado como una prestadora médica autónoma e independiente, G. cumplió sus funciones en el marco de una organización empresaria ajena, dirigida y gestionada por la demandada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR