Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 18 de Octubre de 2012, expediente 47.290

Fecha de Resolución18 de Octubre de 2012

Poder Judicial de la Nación C.N° 47.290 “Grimaldos, A.M. s/

prisión preventiva y embargo”

Juzgado n° 1 - Secretaría n° 1

Reg. 1207

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la defensa de A.M.G. contra el pronunciamiento en virtud del cual la Magistrada a cargo del Juzgado Federal Nº 1 dispuso convertir en prisión preventiva su detención por considerarla prima facie autora penalmente responsable de los USO OFICIAL

delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años -J.G.P.V.-, en concurso real con el delito de falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, en concurso real con el delito de falsificación ideológica de documento público,

concurriendo estos dos últimos en forma ideal con el delito de supresión de estado civil de un menor de diez años (arts. 45, 54, 55, 139, inc. 2, 146 y 293, 1er y 2do párrafo del CPN). Paralelamente, la defensa cuestionó el monto del embargo trabado sobre sus bienes.

Asimismo, se constituyó en esta instancia la Dra. Alcira E.

Ríos -por la querella-, oportunidad en la que solicitó el rechazo in limine del recurso presentado por no haber sido fundado de acuerdo al art. 503 y ss. del CPMP. Paralelamente, requirió que, en base a la decisión de unificar la presente causa a aquella en la que se investiga el plan sistemático de robo de bebés, que tramita bajo las normas del Código vigente, sería lógico sujetar esta investigación a las normas del mismo cuerpo adjetivo.

Al respecto, el examen de admisibilidad del recurso deducido permite concluir que se encuentran satisfechos los recaudos exigidos por el art.

503 del CPMP, por lo que no habrá de hacerse lugar al pedido de la querella.

En cuanto a la pretensión de la parte acusadora de imponer a la presente causa el trámite previsto en el Código Procesal Penal de la Nación (Ley N° 23.984), ha de valorarse que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre la materia planteada al tiempo de intervenir en la causa no.

42.387 “V., A. s/modif. régimen procesal”, rta. el 24/02/09, reg. 131.

En el precedente citado, las defensas de J.L.M. y A.V. habían cuestionado la decisión del Magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 7 de modificar el régimen procesal de la causa -Ley N°

2.372- por el de la Ley N° 23.984. Este Tribunal consideró que la decisión de cuál régimen procesal debía adoptarse dependía de la causa principal, en el caso,

las actuaciones no. 10.326/96 del Juzgado Federal N° 7, que tuvieron inicio en 1996, en la que se investigó el plan sistemático de sustracción de personas menores de edad y que se rigió por el régimen actual.

En el sub-lite se dan los mismos presupuestos: estamos en presencia de una investigación que necesariamente se vincula a las actuaciones no. 10.326/96 del Juzgado Federal N° 7, con lo cual debe regirse por su misma Ley procesal, N° 23.984, siendo plenamente aplicable el principio señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que en materia procesal debe estarse a la ley existente al momento de llevarse a cabo el proceso, y no a aquella con vigor al momento en que los hechos ocurrieron (Fallos 213:290;

215:467; 274:64 y 321:532, entre otros).

Esto encuentra sentido en que no puede ignorarse que está

fuera de toda discusión la conexidad objetiva existente entre las presentes actuaciones y aquellas tramitadas bajo el número 10.326/96 y que deberá ser el mismo tribunal oral el que se encargue de su juzgamiento en la etapa siguiente.

Por estos motivos, a partir de ahora deberá indefectiblemente adoptarse el régimen procesal vigente en el presente proceso por haberse iniciado bajo su ámbito temporal de aplicación y a fin de no prescindir de las reglas de conexidad antes señaladas, las cuales son de orden público.

II. El hecho que se le atribuye a A.M.G. consiste en que habría sustraído, ocultado y retenido al hijo de C.M.V. y de H.R.P., nacido durante la privación ilegítima de la libertad de su madre en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, y en que habría hecho insertar datos falsos en el certificado de nacimiento del menor y suprimido su estado civil. C.M.V. habría dado a luz en el mes de Poder Judicial de la Nación septiembre del año 1977, durante su cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, ocasión en la cual nació un niño quien luego fue inscripto fraudulentamente como J.G.V.. El parto de C.M.V. habría sido presidido por J.L.M., en condiciones inadecuadas y omitiendo dejar registro de su actuación profesional (fs. 5167vta. y 5349vta.).

III. No es la primera vez que este Tribunal ha sido llamado a revisar un pronunciamiento acerca de los sucesos que damnificaron a J.G.P.V..

Así, ya se tuvo por acreditado, con las exigencias probatorias propias de la instancia, que en la Escuela de Mecánica de la Armada (en adelante, ESMA) funcionó una maternidad ilegal en la cual dieron a luz numerosas mujeres que se encontraban ilegalmente privadas de su libertad. No USO OFICIAL

todas ellas se encontraron originariamente alojadas en forma clandestina en ese lugar, sino que también pudo probarse que allí se trasladaron mujeres que provenían de otros centros clandestinos de detención (ver causa no. 31.369

N., C. y otros s/procesamiento

, rta. el 7/7/00, reg. 610).

A su vez, ha quedado constatado que en el tercer piso de la ESMA -lugar en el que funcionaba el casino de oficiales- se habría acondicionado una habitación para los partos, los que en su mayoría eran atendidos por el médico del Hospital Naval J.L.M. (ver causa no.

38.045 “A., J.E. y otros s/nulidad, prisión preventiva y embargo”,

rta. el 24/5/06, reg. 455).

También se ha tenido por probado, con el mismo grado de certeza, que C.M.V., cuando estaba embarazada, fue ilegalmente detenida en su domicilio, sito en la Av. Corrientes 3645, piso 9°, departamento “F” de esta ciudad, el 13 de julio de 1977 en horas de la madrugada. Habría sido trasladada por personal de la Marina a un centro clandestino de detención situado en Mar del Plata y, en septiembre de 1977, conducida a la ESMA, lugar en el que permaneció en cautiverio, desconociéndose su destino posterior. En este sentido,

fue que la Sala II de este Tribunal confirmó el procesamiento de M. en orden al delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de C. MarinaV. (ver causa no. 24.898 “A., J.E. y otros s/procesamiento y prisión preventiva -ESMA”, rta. el 19/7/07, reg. 27.149).

Finalmente, también se encuentra acreditado que entre el 16 y el 17 de septiembre del año 1977 habría acaecido el parto de C.M.V. en el ámbito de la ESMA (ver causa 40.071 “M., J.L. s/prisión preventiva”, reg. 1032, rta. el 13/09/07).

Sobre la base de estas consideraciones preliminares y de que los agravios de la defensa no se dirigieron a cuestionar la materialidad del hecho sino, en cambio, a atacar la afirmación provisional de la responsabilidad de la imputada, en lo sucesivo el examen habrá de concentrarse en los términos del recurso.

IV.

  1. Inicialmente, la defensa cuestionó que el a quo haya aplicado normas de derecho internacional consuetudinario y convencional para calificar la conducta de Grimaldos como delito de lesa humanidad y, así, evitar la procedencia del instituto de la prescripción de la acción penal, en tanto dicha aplicación vulneraría la garantía contra la irretroactividad de la ley penal,

    derivada del principio de legalidad. Argumentó que se pretendía aplicar esa categoría de crímenes, prevista en el art. 7 del Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional, el cual recién fue aprobado por el Estado Argentino a través de la Ley N° 25.390 -publicada el día 23 de enero de 2011- e implementada mediante la Ley N° 26.200 –publicada el día 9/01/2007-, a un hecho que, según la hipótesis de investigación, databa del año 1977. En segundo lugar, argumentó

    que tampoco podía derivarse el concepto de crimen de lesa humanidad del ius cogens, toda vez que, al momento de los delitos imputados a Grimaldos, tal categoría no poseía una descripción uniforme en la costumbre internacional. Por lo demás, señaló que bajo el imperio del principio de legalidad, la ley debe ser scripta, vale decir, no consuetudinaria, exigencia ésta que no se cumplía al intentarse aplicar una costumbre de ius cogens difusamente establecida en el ámbito internacional.

  2. La defensa también cuestionó que la magistrada de grado hubiese comenzado a computar el término de la prescripción desde el agotamiento de los efectos que se derivaban de la conducta atribuida a Grimaldos. En cambio, entendió que lo que debía marcar el comienzo de ese Poder Judicial de la Nación curso era el momento en que se perfeccionó el hecho. Sostuvo así que la comisión del delito previsto en el art. 146 del CPN debía fijarse a partir del instante en que el menor de diez años había sido sustraído de la custodia de sus padres. En forma similar, en las conductas contempladas en los arts. 139, inc. 2 y 293 del CPN, el momento de la comisión era aquel en que, por un acto cualquiera, se hubiese alterado la identidad de un menor a través de la falsedad ideológica de la partida de nacimiento. Concluyó que las conductas atribuidas a G. se habrían perfeccionado con la sustracción del niño, acaecida en 1977, sin perjuicio de los efectos perdurables de esa conducta, habiendo transcurrido holgadamente desde ese momento el plazo prescripto por el inciso 2° del art. 67 del CPN.

  3. En otro orden, sostuvo que el descargo de Grimaldos vinculado con el desconocimiento del verdadero origen biológico del menor y USO OFICIAL

    con su creencia en la regularidad de los trámites de adopción, apoyado por la presentación realizada por J.P.V., permitía descartar el elemento subjetivo distinto del dolo “propósito de causa perjuicio” previsto por la figura contenida en los arts. 139, inciso 2° (...

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