Griesa dijo que el proyecto oficial es ilegal, pero no dictó el desacato

Fue una de cal y una de arena. El juez Thomas Griesa que la Argentina intente cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de deuda reestructurados, tal como anunció la presidenta Cristina Kirchner al presentar un proyecto de ley que tiene ese propósito. "Esa propuesta es inválida e ilegal, y constituye una violación de las órdenes de este tribunal", sostuvo el magistrado, que atribuyó el mismo calificativo a toda entidad financiera que intente "colaborar" para llevarla a cabo.Muchos vieron en la afirmación del juez poco menos que un punto final para el anunciado intento del Gobierno. "Si ya antes era difícil, con la amenaza a los bancos parece poco menos que impracticable", escuchó LA NACION.Desde esa perspectiva -y con la expectativa de que se sigan buscando soluciones- encaja la segunda decisión que adoptó el magistrado que fue la de expresamente desestimar una declaración de "desacato" por parte de la Argentina."He pasado años" defendiendo una posición respecto de la Argentina, "pero no creo que [la declaración de desacato] hoy ayude a solucionar las cosas", dijo el juez.Ésa fue su respuesta al pedido expreso de los abogados de los fondos buitre para que se declare esa dura figura legal contra la Argentina. "Dejemos eso para más adelante. Ahora no ayudaría", argumentó el juez.Casi al mismo tiempo en que se producían esas dos noticias -el rechazo al cambio de jurisdicción y la opción expresa por no declarar el desacato-, trascendió que tenedores de bonos de deuda reestructurados -y que ahora están imposibilitados de cobrar- trabajan en la remoción de la llamada "cláusula RUFO", que el Gobierno viene señalando como "el gran obstáculo" para realizar el pago al que está condenado por el juez.Se trata de la norma que impide al emisor ofrecer mejores términos a los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.Ésa es exactamente la situación con los llamados fondos buitre. En un primer momento, la Presidenta argumentó que no se podían pagar los 1500 millones de dólares que dispuso el fallo de Griesa porque eso, merced a la cláusula RUFO, exponía a demandas del 93% de los bonistas que sí aceptaron los canjes."Eso es algo que yo ni ningún otro presidente podría hacer", dijo la mandataria.Ahora hay abogados que trabajan en remover ese impedimento. "Estamos avanzando", dijo Christopher Clark, socio del estudio Latham y Watkins, que asesora a tenedores por más de 5200 millones de dólares. "Estamos trabajando en eso junto con el Deutsche...