Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 22 de Junio de 2022, expediente FRO 026402/2017/CA001

Fecha de Resolución22 de Junio de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO-SALA B

Civil/Def Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente n° FRO

26402/2017 caratulado “GONZALEZ, M.D. c/ Estado Nac. - MTEYSS s/

Cobro de pesos – sumas de dinero - Laboral” (del Juzgado Federal N° 1 de Rosario), de los que resulta que:

Vienen los autos a estudio a raíz de los recursos de apelación interpuestos por la demandada y la actora contra la sentencia del 13/11/2020 que hizo lugar a la demanda promovida por M.D.G. y condenó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación al pago de la indemnización prevista en el artículo 11, párrafo quinto de la Ley 25.164, con más el interés allí dispuesto, con costas a la demandada vencida.

Concedidos los recursos y corridos los respectivos traslados, fue contestado por la actora, se elevaron los autos a la Alzada, por sorteo informático quedaron radicados en esta Sala “B”, y se ordenó su pase al Acuerdo.

El Dr. Toledo dijo:

  1. ) Se quejó la demandada del rechazo del planteo de agotamiento de la instancia administrativa previa.

    Resaltó que la acción no se encuentra habilitada para demandar al Estado Nacional, en razón de que nunca se realizó reclamo administrativo previo, respecto de lo que se viene a peticionar por esta demanda.

    Hizo referencia al art. 73 del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 TO 1991), en cuanto prescribe que “Los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente título, ello sin perjuicio de lo normado en el artículo 24 inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos”.

    Explicó que las únicas excepciones es el caso de la actividad lícita del Estado o de actividad ilícita cuando previamente y dentro del plazo, se Fecha de firma: 22/06/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

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    cuestionó el hecho o acto ilegítimo.

    Concluyó que no se encuentran cumplidas las formalidades que el interés general juzgó necesarias para que exista un proceso, por lo que debe rechazarse la acción con costas.

    Asimismo se agravió respecto del hecho controvertido.

    Aseguró que de las testimoniales se desprende la variedad de tareas que el actor ha desarrollado en el Ministerio demandado como consecuencia de los contratos celebrados, por lo que se demuestra que su actividad no era fija, ni determinada.

    Expresó que las funciones llevabas a cabo por el accionante no fueron cubiertas con el cambio de gobierno, lo que implica su transitoriedad y estacionalidad.

    Señaló que el actor se vinculó con el Estado mediante la figura de contrato previsto en el art. 9 de la ley 25.164 y pretende aplicar a su caso el supuesto reservado para el personal alcanzado por el régimen de la estabilidad.

    Refirió al art. 8 de aquella normativa que dispone que: “El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de Presupuesto.

    La carrera administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la promoción de los mismos en la carrera”.

    Explicó que la estabilidad es un derecho que le asiste al empleado público que accedió a dicho régimen previo cumplimiento de los requisitos Fecha de firma: 22/06/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

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    expresamente dispuestos por la administración respectiva y que el actor se vinculó con por la modalidad contemplada en el art. 9 de aquella ley, que prevé

    contratos temporáneos, y dista bastante de los establecido por el art. 16 inc. a) de la ley 25.164.

    Agregó que conforme la modalidad de vinculación voluntariamente suscripta por el actor, no se prevé tampoco indemnizaciones de la especie pretendida.

    Respecto al fallo “Ramos”, señalado en la resolución cuestionada,

    sostuvo que lo allí resuelto por el Máximo Tribunal no resulta de aplicación al presente caso, ya que nunca se aludió al régimen general, como es la ley marco de empleo público, sino que se vinculó a través de un decreto especial, mientras que la modalidad de vinculación verificada entre el actor y demandado es diferente en cuanto a su instrumentación jurídica, naturaleza y circunstancias respecto del caso reseñado.

    También aseguró que se omitió considerar la existencia de un régimen particular de contratación al cual el actor se sometió voluntariamente, a través de la suscripción de un contrato a plazo determinado.

    Señaló que de la cláusula décimo primera del contrato acompañado, surge que los derechos, deberes y prohibiciones que comprenden al contratado, serán los previstos en la ley 25.164 para el régimen de contrataciones, su reglamentación y normas complementarias, en todo cuanto fuera compatible con su situación de revista (contratados para prestar servicios de carácter transitorio y por ende, por un plazo limitado en el tiempo).

    Manifestó que al régimen de contrataciones establecido por el art.

    9 de la ley 25.164, le está expresamente restringido el derecho a la indemnización por expreso mandato legal, conforme el art. 16 in fine, de la referida norma.

    Refirió que el inc. g) del art. 16 específicamente refiere a la exclusión de compensaciones, indemnizaciones y subsidios en el régimen que oportunamente ostentó el actor.

    Agregó que nunca se produjo un despido directo como señaló el Fecha de firma: 22/06/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

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    actor, por no existir tal figura, sino, a todo evento, la no renovación de contrato.

    Hizo referencia a la teoría de los actos propios.

    Expresó que la estabilidad laboral y el derecho a indemnización resultan vedados por la ley y por el propio contrato firmado por el actor, en su cláusula séptima.

    Respecto a la supuesta expectativa de estabilidad laboral que se vio reforzada por el hecho de haber ganado el 09/12/15 un concurso para uno de los tres cargos de planta permanente del agrupamiento profesional Nivel B, afirmó

    que resulta independiente del vínculo contractual, se trata de dos formas diferentes de acceso a la función pública, y en todo caso, su falta de nombramiento se debería a la suspensión generalizada de aquellos.

    Seguidamente se agravió de la aplicación de los intereses desde la fecha de despido y hasta el efectivo pago, conforme la tasa pasiva promedio que en forma mensual publica el BCRA.

    Sostuvo que no existiendo capital adeudado, deviene abstracta la aplicación de intereses, y para el hipotético caso de que se confirme la sentencia,

    entendió que no corresponde el cómputo de intereses desde la fecha de la desvinculación, ya que la obligación de pago surge cuando queda firme la sentencia.

    Finalmente se quejó de la imposición de costas, en virtud de lo expuesto en los agravios precedentes.

    Hizo reserva del caso federal.

  2. ) Por su parte, la actora se quejó de la falta de consideración y recepción del rubro contenido en el art. 11, párrafo 3° de la ley 25.164 y su decreto reglamentario 1421/02, correspondientes a los salarios del período de disponibilidad.

    Explicó que de acuerdo a lo decidido en la sentencia, reconocida la valoración de permanencia de la relación entre las partes, no es posible denegar el derecho al período de disponibilidad remunerado que le otorga al trabajador el artículo precedentemente citado.

    Fecha de firma: 22/06/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

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    Dijo que el actor fue despedido directa e injustamente habiendo la demandada, omitido por completo el procedimiento establecido en el decreto, que establece la obligación de reubicar al trabajador afectado por alguna restructuración, por lo que el trabajador fue privado del período de disponibilidad,

    que en relación a su antigüedad, consideró era de 6 meses, durante el cual debió

    haber percibido su remuneración.

    Aseguró que la cuestión es claramente asimilable a la indemnización que corresponde al trabajador por la omisión del otorgamiento del preaviso establecido en la LCT.

    Citó jurisprudencia que considera en apoyo a su tesitura.

    Se agravió también de la tasa de interés aplicada.

    Entendió que resulta ínfima e inconstitucional, que no resarce los perjuicios de la mora y que en términos de valor su aplicación confiscatoria arroja un resultado menor a la mitad de lo que correspondería de acuerdo al verdadero.

    Agregó que dicha tasa de interés configura un enriquecimiento del demandado y la gravísima desvalorización de los créditos laborales que se le adeudan, en violación a la garantía constitucional de protección al trabajo en todas sus formas y protección contra el despido arbitrario del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

    Citó jurisprudencia.

    Propuso como tasa mesurada y prudente, dos veces la tasa activa sumada BNA, criterio que a menudo es fijado para créditos...

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