Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 11 de Mayo de 2023, expediente FSM 016227/2021/CA002

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

Causa N° FSM 16227/2021/CA2 “GONZALEZ

LILIANA PATRICA, EN REP. DE SU MADRE

MENSA AMADA BEATRIZ c/ ORGANIZACION DE

SERVICIOS DIRECTOS DE EMPRESARIOS S.A.

s/AMPARO LEY 16.986” – Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2

de San Martin, Secretaria Nº 2 - CFASM, SALA I,

SEC. CIVIL N° I - SENTENCIA

Martín, 11 de mayo de 2023.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

  1. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 24/02/2023, en la cual la Sra. jueza “a-quo” hizo lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta por la Sra. L.P.G. -en representación de su madre-, ordenando a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE)

    que procediera de manera inmediata a la cobertura respecto de la Sra. A.B.M. del costo de la internación en la Residencia Geriátrica “Hogar Los Pinos” donde se encontraba alojada, al valor establecido en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad para el Módulo Hogar Permanente -Categoría “A” -aprobado por la Resolución N° 428/1999

    del Ministerio de Salud de la Nación y sus modificaciones-, más el 35% adicional por dependencia,

    conforme la prescripción médica y durante el tiempo que lo indicaran los profesionales que la asistían,

    bajo apercibimiento de ley.

    Impuso las costas a la demandada vencida,

    atento el principio objetivo de la derrota sentado por la ley ritual (Art. 14 ley 16.986 y Art. 68 del CPCC).

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    Fecha de firma: 11/05/2023

    Alta en sistema: 12/05/2023

    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.J.S., SECRETARIO DE CAMARA

    Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno y hasta que todos ellos denunciasen la situación fiscal que revestían en la actualidad y,

    si se encontraban comprendidos dentro de lo prescripto por el Art. 2 de la ley 21.839 y otros datos que no hubieran sido acreditados hasta el momento tales como la matriculación en la jurisdicción y el pago de ius previsional.

    Para así decidir, señaló, que la acción de amparo reglada en la ley 16.986, era un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligraba la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción tipificadas por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que configurasen, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita.

    Tuvo presente, que el Art. 43 de la Constitución Nacional en la reforma del año 1994,

    introdujo una modificación trascendente en lo atinente a la acción de amparo, destinada a darle un dinamismo propio, al despojarla de aristas formales que fueran obstáculo al acceso inmediato a la jurisdicción cuando estaban en tela de juicio garantías constitucionales.

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    Fecha de firma: 11/05/2023

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    LILIANA PATRICA, EN REP. DE SU MADRE

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    s/AMPARO LEY 16.986” – Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2

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    Adujo, que podía comprenderse que el accionante hubiera recurrido a tal vía procesal si se tenía en cuenta que se encontraba en juego la salud de su madre ante el rechazo repentino a su requerimiento,

    violándose de esta manera su derecho a la subsistencia protegido por nuestra Carta Magna.

    Además, expresó que no existía duda de que la acción de amparo se presentaba como procedimiento o vía de tutela esencial y resultaba su protección verosímil, puesto que la accionante había acreditado con la documentación acompañada en autos -con la sumariedad que imponía la índole del proceso-, el carácter de afiliada a OSDE de su madre, su discapacidad, las prescripciones médicas de los profesionales que la asistían y el rechazo obtenido ante el requerimiento efectuado.

    Por otra parte, indicó, que la petición de la actora se encontraba respaldada por las garantías que ofrecía nuestra Constitución Nacional del derecho a la vida y a la salud. Puntualmente, recordó, que con la reforma del año 1994 de nuestra Carta Magna, el Art.

    75 Inc. 22 de la C.N. integraba, con rango constitucional, numerosos tratados internacionales que legislaban al respecto (Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Americana de los Derechos y Deberes 3

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    del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Con ella, a su vez, se introdujo la obligación inexcusable por parte del Estado, de brindar los beneficios de la seguridad social, los que tenían carácter integral e irrenunciable.

    Por dicha razón, manifestó que, encontrándose en juego el derecho a la salud, de rango constitucional -Art. 42 Carta Magna, Art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- y teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso, en el cual existía una afección a la salud de una persona, con todos los padecimientos y angustias que ello suponía, resultaban circunstancias que abonaban la certeza respecto a la admisibilidad de la acción de amparo.

    Asimismo, destacó que en las presentes no se encontraba controvertido el carácter de afiliada a OSDE de la Sra. A.B.M., ni su discapacidad, sino que lo que se discutía era la internación en una residencia ajena a la demandada y su cobertura.

    A su vez, afirmó, que la accionada fundaba su reticencia en que la prestación de internación geriátrica no debía ser cubierta por las obras sociales de acuerdo al P.M.O., a la normativa vigente en materia de discapacidad y al contrato entre las partes; y que, la prestación solicitada debía llevarse a cabo con efectores contratados por su mandante.

    Sentado ello, consideró, que dada la condición de persona con discapacidad de la Sra.

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    Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

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    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

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    LILIANA PATRICA, EN REP. DE SU MADRE

    MENSA AMADA BEATRIZ c/ ORGANIZACION DE

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    A.B.M., se le debía brindar la protección que instituyeron las leyes 22.431, 24.901 especificando –

    respecto de esta última-, que instituía un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contemplaba acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

    Por su parte, puso de relieve, que la ley 23.661 disponía que los agentes del seguro de salud debían incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requirieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exigieran; además, que la ley 24.754 establecía que las empresas de medicina prepaga debían dar la misma cobertura que las obras sociales, lo que luego era ampliado por la ley 26.682.

    Seguidamente, tuvo especialmente presente, la pericia médica llevada a cabo por los profesionales del Cuerpo Médico Forense.

    Igualmente, en cuanto a lo manifestado por OSDE en relación a que de la evaluación interdisciplinaria llevada a cabo había surgido un tratamiento terapéutico diferente al requerido,

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    Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.J.S., SECRETARIO DE CAMARA

    explicó, que quienes se encontraban en mejores condiciones de evaluar el tratamiento que requería la paciente, eran sus médicos especialistas tratantes,

    los que, intervenían en su tratamiento desde hacía tiempo, máxime si se tenía en cuenta que la Dra.

    M.P.M. había sido conteste al considerar que la Sra. [M.] requería “Institucionalización con acompañamiento y supervisión las 24 hs. de los 7 días semanales”.

    Del mismo modo, refirió que la demandada no había ofrecido instituciones de su cartilla que pudiesen brindar las prestaciones con las características que requería la Sra. [M.], de acuerdo con lo indicado por los profesionales tratantes y que le eran brindadas por la institución donde se encontraba internada.

    En este sentido, puso de manifiesto, que la conducta asumida por OSDE no se ajustaba al criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tenía dicho que era la parte demandada la que debía ocuparse concretamente de probar y poner a disposición una alternativa entre sus prestadores, que proporcionase un servicio análogo al que se perseguía en juicio.

    En ese orden de ideas, sostuvo que la internación de la madre de la amparista en la institución donde residía para llevar a cabo...

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