Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 26 de Marzo de 2019, expediente CAF 008059/2018/CA001

Fecha de Resolución26 de Marzo de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 8059/2018 G.G., M. c/ EN - DNM s/RECURSO DIRECTO DNM Juzg. 4.

Buenos Aires, de de 2019.-

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

  1. Que el señor M.G.G. —de nacionalidad paraguaya y representado por la Defensora Pública Coadyuvante, integrante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación—

    interpuso recurso judicial contra los siguientes actos, dictados en el expediente SDX nº 784/14 del registro de la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM):

    (i) la disposición SDX nº 156745/14 que declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso por el término de ocho años, en los términos de los arts. 3, inc. “j”, y 29, inc. “c”, de la ley 25.871, por haber sido condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra; (ii) la disposición SDX nº 20865/18, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra aquélla.

  2. Que la señora jueza titular del Juzgado nº 4, a fs. 203/206, desestimó los planteos dirigidos contra la validez constitucional del decreto 70/2017 y, en cuanto al fondo, rechazó el recurso con fundamento en que:

    (i) “el recurrente no rebatió los sólidos argumentos expuestos por la parte demandada al tiempo del dictado de las disposiciones y resolución cuestionadas en autos”; (ii) La DNM se limitó “a considerar que se hallaba configurado uno de los supuestos objetivos previstos como causas impedientes que la habilitan como autoridad de aplicación a declarar irregular la permanencia del extranjero en el país, y ordenar su posterior expulsión”.

  3. Que el recurrente apeló y expresó agravios (fs. 208/213), que fueron replicados (fs. 225/234). Sostuvo que:

    (a) la jueza dio un equivocado encuadramiento del caso en lo dispuesto en el art. 29 inc. “c”, de la ley 25.871, en función de lo resuelto Fecha de firma: 26/03/2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “A.”; A. en sistema: 27/03/2019 Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: R.E.F. (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA #31296665#229899400#20190325133930826 (b) el art. 4 del decreto 70/2017, en cuanto suprimió el mínimo legal exigido en el art. 29, inc. “c”, de la ley 25.871, es inconstitucional y afecta sus intereses, pues él registra una pena de dos años; (c) no fue ponderado su planteo de reunificación familiar, teniendo en cuenta que es padre de una joven argentina que “se encuentra a su exclusivo cargo”, ni se hizo un test de razonabilidad.

  4. Que dictaminó el señor fiscal coadyuvante (fs. 206/208).

  5. Que el actor sostuvo que su recurso debía ser admitido en razón de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Apaza”, en lo referente a la interpretación del art. 29, inc. “c”, de la ley 25.871, en tanto registra una única condena de dos años de prisión.

    Sin embargo, eso no es cierto.

    Tal como se desprende de las actuaciones administrativas, el actor no sólo fue condenado por el Juzgado de Garantías nº 6 Departamental de la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, a la pena de 2 años por tenencia ilegal de arma de guerra. También fue condenado a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, por resultar autor penalmente responsable del delito de “transporte de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa” (ver la sentencia agregada a fs.

    33/37 del expediente administrativo y la copia de aquella que ahora acompaña la DNM, fs. 225/227).

    La existencia de ambas condenas surge de las constancias administrativas que precedieron al dictado del acto y no pueden ser desconocidas por quien fue merecedor de esos reproches penales, aunque cuando postula la aplicación del precedente “Apaza” el actor omita toda referencia a la primera de ellas.

    Desde esa perspectiva, toda vez que esos extremos fácticos surgen de la causa, en ejercicio de la potestad reglada que la norma pone en su cabeza, la DNM dio al caso de M.G.G. un correcto encuadramiento en el inciso c) del artículo 29 de la ley 25.871. Ello es así

    puesto que la omisión a la explícita referencia de la primer condena penal en el texto del acto administrativo cuestionado no implica su inexistencia, y su constatación tiene una consecuencia legal ineludible, cual es la irregularidad de la permanencia en el país y la expulsión del territorio, ello claro está, Fecha de firma: 26/03/2019 Alta en sistema: 27/03/2019 Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: CLARA M.D.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.F. (EN DISIDENCIA), JUEZ DE CAMARA #31296665#229899400#20190325133930826 Poder...

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