Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Junio de 2015, expediente L 117272

PresidentePettigiani-Genoud-Kogan-de Lázzari
Fecha de Resolución24 de Junio de 2015
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 24 de junio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores P., G., K., de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.272, "G.G., J.G. contra Provincia A.R.T. S.A. Accidente de trabajo - acción especial".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial La Plata acogió parcialmente la pretensión, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 321/329).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 344/352 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 353 y vta.

Dictada la providencia de autos a fs. 375, sustanciados los traslados que –en razón de la entrada en vigencia de la ley 14.399- se ordenaron a fs. 366, hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo:

  1. En lo que interesa, el tribunal del trabajo hizo lugar a la demanda que J.G.G.G. promovió contra Provincia A.R.T. S.A., en cuanto le había reclamado el pago de la prestación por incapacidad laboral permanente parcial prevista en la ley 24.557.

    Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que como consecuencia del accidente que sufriera el día 24 de febrero de 2007, mientras se encontraba trabajando bajo dependencia del Astillero Río Santiago, el actor padece lumbalgia postraumática con alteraciones moderadas clínicas que lo incapacitan en un 8,75% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 321 y vta.). En tales condiciones, declaró parcialmente procedente la demanda promovida y condenó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a abonar al actor la reparación tarifada establecida en el régimen especial de reparación de infortunios laborales.

    En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el a quo declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio contemplado en el párrafo final del art. 14, ap. 2 inc. "a", de la ley 24.557, en cuanto prescribe que la suma que le corresponde percibir al trabajador con arreglo a la tarifa prevista en el primer párrafo del precepto indicado "en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($180.000) por el porcentaje de incapacidad".

    Lo hizo por entender que la referida limitación indemnizatoria resulta contraria a los principios consagrados por los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (v. sent., fs. 325/326).

    Destacó el a quo que, a partir de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ascua c/ SOMISA" (sent. del 10-VIII-2010) -en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por la ley 9688 (mod. por ley 23.643)- idéntica solución correspondía adoptar en relación al tope establecido por la ley 24.557, toda vez que los fundamentos allí vertidos por el alto Tribunal resultan enteramente aplicables al límite resarcitorio previsto en este último cuerpo legal (v. sent., fs. 325).

    Explicó que, con arreglo al art. 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (instrumento internacional que, según lo ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece el piso mínimo de derechos que los trabajadores deben gozar en los estados americanos), corresponde "restablecer lo más rápida y completamente posible la capacidad de ganancia perdida o reducida como consecuencia de enfermedad o accidente", razón por la cual el régimen tarifado no puede dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima (v. sent., fs. 325 vta.).

    Sobre esa base, concluyó que la limitación establecida por el art. 14, ap. 2 inc. "a", de la ley 24.557 tradujo, en el caso, una sustancial reducción del importe indemnizatorio que le correspondería percibir al trabajador de conformidad al salario percibido, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente intenta resguardarse y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía consagrar (v. sent., fs. 326).

    Destacó que, tal como lo declaró la Corte Suprema en el citado precedente "Ascua", no resulta de aplicación al caso el criterio establecido por el propio alto Tribunal en la causa "Vizzoti" (sent. del 14-IX-2004), en cuanto se resolvió que correspondía invalidar el tope indemnizatorio únicamente en caso de que la quita resultase superior al porcentaje allí establecido (v. sent., fs. 325 vta. in fine/326).

    Finalmente calculó intereses sobre el capital de condena, desde la fecha de exigibilidad del crédito (24 de febrero de 2007) y hasta su efectivo pago, a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos. Ello así, explicó, atento lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil y la existencia de normativa específica en la materia, esto es, la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para el supuesto de pago fuera de término de las prestaciones dinerarias (v. fs. 326 vta.).

  2. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada pasiva denuncia violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 622 y 623 del Código Civil; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 -mod. por ley 25.561-; 14 ap. 2 inc. "a", de la ley 24.557; resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y sus modificatorias; arts. 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.

    Dos agravios estructuran su crítica:

    1. En primer lugar, cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el último párrafo del art. 14 ap. 2 inc. "a", de la ley 24.557.

      Señala que tal aspecto del pronunciamiento vulnera la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en los precedentes que identifica (causas L. 71.154, "Corredera", sent. del 18-IX-2002; L. 68.511, "Onufrovich", sent. del 17-XI-1999; L. 55.996, "C.", sent. del 5-VII-1996), en cuanto se resolvió que: "el art. 8 inc. a) de la ley 9688 -t.o., ley 23.643-, en cuanto establece el tope indemnizatorio no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales que se invocan".

      Del mismo modo, denuncia transgredida la doctrina legal fijada en las causas L. 79.367, "Slobodian", sent. del 14-IV-2004 -en el cual se plasmó idéntico criterio en relación al tope previsto en el art. 8 inc. a), de la ley 24.028- y L. 57.762, "F.", sent. del 8-IV-1997; L. 57.357, "C.A.", sent. del 1-X-1996 y L. 56.205, "N.", sent. del 27-VI-1995, en las que se declaró que: "infringe el art. 8 inc. "a" de la ley 9688 modificada por ley 23.643 el fallo que omite aplicar el tope indemnizatorio que establece la norma legal indicada".

      Desde otro ángulo, expresa que los fundamentos y circunstancias que llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a invalidar el tope indemnizatorio en la causa "Ascua" no guardan ninguna similitud con el presente caso.

      Ello así, porque el accionante continúa trabajando sin que haya disminuido su remuneración, por lo que no ha sufrido ninguna pérdida de ganancias, y las dolencias que denunciara no le impidieron continuar realizando sus tareas dentro de la repartición.

      Alega que los topes legales de las indemnizaciones por infortunios laborales existieron históricamente, siendo excepcionales las circunstancias en las cuales se declaró su inconstitucionalidad.

      Luego -manifiesta- teniendo en cuenta que el resarcimiento que le corresponde percibir al actor en modo alguno puede reputarse exiguo, se impone concluir que el tribunal le reconoció, en definitiva, una indemnización integral, lo que justifica la revocación de la sentencia, máxime cuando en autos se declaró la inconstitucionalidad de la norma sin que el trabajador haya aportado elemento alguno para demostrar que el tope menguó su nivel de ganancias.

      Por último, afirma en sustento de su postura lo resuelto por esta Corte en las causas L. 84.179, "L.", sent. del 22-XI-2006 y L. 81.795, "B.", sent. del 8-XI-2006, en las que se establecieron los requisitos para descalificar la validez del tope indemnizatorio por despido previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

    2. En segundo lugar, cuestiona la decisión del sentenciante que, con apoyatura en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina en las operaciones de descuento de documentos.

      En ese sentido, refiere que el dictado de la mentada resolución se justifica en el marco del procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557, así como en el contexto de lo dispuesto por la resolución de la S.R.T. 104/98 y de las resoluciones de la S.S.N. 24.852/96 y 24.808/96, y que tuvo por objeto resolver una situación puntual, originada en la detección de numerosos casos en los que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo registraban atrasos en el pago de las prestaciones dinerarias contempladas en dicho régimen especial, sin que se encuentre acreditado en autos que Provincia A.R.T. S.A. haya incurrido en mora o incumplimiento alguno.

      Puntualiza, además, que al promoverse la acción judicial se cuestionó el régimen sobre competencia e intervención de las comisiones médicas contemplado en la ley 24.557, de allí que -sostiene- resulta absurda la definición del tribunal de origen de aplicar una normativa que fue concebida para regir...

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