Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 23 de Mayo de 2019, expediente CAF 000032/2019/CA001

Fecha de Resolución23 de Mayo de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA II Expte. Nº 32/2019.-

Buenos Aires, de mayo de 2019.- JMVC/RDS Y VISTOS, estos autos caratulados: “Golden Peanut Argentina S.A. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y, CONSIDERANDO:

  1. Que a fs. 435/443, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió –por mayoría– confirmar en todos sus términos la resolución Nº 43/2011, dictada por el J. de la División Resoluciones de la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores de la A.F.I.P.-D.G.I., por conducto de la cual se impugnaron las declaraciones juradas del I.V.A., por los períodos fiscales 10/2007; 6-7/2008; 10-12/2008 y 5/2009, determinando el impuesto correspondiente, resultando una disminución del saldo a favor del contribuyente por la totalidad de los períodos fiscales involucrados.

    Asimismo, impuso las costas a la actora vencida y reguló en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional y del P.C..

  2. Que para decidir del modo indicado, el tribunal jurisdiccional administrativo analizó si en autos procede el cómputo de los créditos fiscales impugnados por el ente fiscal, que se relacionan con las operaciones celebradas con diversos proveedores que el Fisco Nacional objetó.

    Señaló que según se expuso en el Informe Final de Inspección, la fiscalización tuvo su origen en el informe de investigación donde diferentes direcciones regionales de la A.F.I.P. detectaron proveedores que fueron considerados apócrifos e incluidos en la base “E-Apoc”.

    A continuación, detalló pormenorizadamente (caso a caso) las inconsistencias detectadas durante el procedimiento llevado a cabo en sede fiscal, la que llevaron a la impugnación de los créditos fiscales consignados en los comprobantes relacionados con operaciones de compra-venta de maní

    efectuadas con los proveedores, a los que el Fisco Nacional tildó de apócrifos y que derivó en que todos ellos fueran incluidos en la base “E-Apoc”.

    Luego, indicó que la actora sustentó sus agravios en que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción de los proveedores en la A.F.I.P., atento que dicho organismo les habría otorgado las autorizaciones a fin de que impriman sus facturas y al momento de las operaciones no se encontrarían en la base “E-Apoc”, entre otros aspectos tenidos en cuenta, y además, destacó que cumplió con los medios de pago exigidos por la ley.

    Refirió que de la reseña de las actuaciones seguidas ante el ente fiscal, Fecha de firma: 23/05/2019 se evidencia que el ajuste practicado en el I.V.A. se basó en la impugnación del Alta en sistema: 27/05/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #33061085#233893090#20190521140710566 crédito fiscal correspondiente a las operaciones realizadas con los proveedores observados, con sustento en que carecían de capacidad económica, financiera y material para la producción de los bienes que supuestamente comercializaron.

    En razón de esas inconsistencias es que le corresponde a la contribuyente arrojar luz sobre dichos negocios y acreditar su veracidad.

    Resaltó que en el acto apelado, el “juez administrativo” puso especial énfasis en señalar que lo que se cuestiona es que las operaciones detalladas en los comprobantes objetados no fueron hechas con los proveedores antes referidos, lo cual compromete seriamente su real existencia y, por tal motivo, los comprobantes que le servirían de respaldo, no son aptos para el cómputo del crédito fiscal pretendido.

    Indicó que para dirimir la cuestión planteada no puede olvidarse que el último párrafo del art. 12 de la ley del I.V.A. establece que no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación y el hecho de que las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente parecieran correctas, no implica que las operaciones que ellas reflejan hayan sido efectivamente realizadas.

    Ello así pues, en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos, puesto que no caben dudas que es el propio contribuyente quien se encuentra en mejor situación de probar la existencia real de los créditos fiscales que pretende que se computen para determinar el gravamen, teniendo en cuenta que las inconsistencias colectadas por el Fisco Nacional, a priori, poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las mismas.

    Luego, a fin de comprobar la veracidad de las operaciones analizó la prueba informativa y pericial contable producida ante la instancia del T.F.N.

    Sostuvo que ésta se encuentra relacionada con los pagos que la contribuyente habría realizado a los proveedores objetados. Observó que las transferencias efectuadas, conforme los datos rendidos por los peritos no resultan coincidentes con los datos brindados por la entidad bancaria oficiada (fechas y montos involucrados), siendo los pagos anteriores a la fecha de emisión de los comprobantes.

    Por otro lado, manifestó que si bien la actora puso especial énfasis en que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción de los proveedores en la A.F.I.P. –que consistiría en requerir a los proveedores una serie de documentación que integra su legajo comercial y fiscal, del que surgirían la situación, seriedad y solvencia de cada uno de ellos–, lo cierto es que no brindó datos que sirvieran para contrarrestar las circunstancias descriptas por los inspectores respecto de las inconsistencias Fecha de firma: 23/05/2019 detectadas Alta en sistema: 27/05/2019 en cuanto a los domicilios fiscales y/o comerciales o zonas rurales Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #33061085#233893090#20190521140710566 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

    SALA II donde se encontrarían las plantas de acopio, entre otras, en tanto no propuso informativa dirigida a los proveedores o a las personas con las que se habría contactado para celebrar las operaciones que constan en las facturas objetadas, personas de las que no brindó ninguna precisión, ya que no aportó al Fisco Nacional, ni a la instancia del T.F.N. datos referidos a los mismos.

    Manifestó que con la mera consulta que dice la actora haber realizado a los datos que surgen de la página web del organismo, esto es si el CAI es válido o si se encontraban incluidos en la base “E-Apoc” del organismo, no resulta por si solo corroborantes de que los servicios facturados por los proveedores cuestionados hayan existido en realidad. A igual conclusión consideró que debe arribarse por el simple hecho de que se encuentren registrados los comprobantes en los libros contables de la firma recurrente.

    Enfatizó que la prueba producida resulta insuficiente a efectos de poder demostrar que la operatoria de la actora ha sido llevada a cabo con dichos proveedores. Que no puede soslayarse que las pruebas propuestas se encontraban dirigidas principalmente a acreditar las respectivas inscripciones de los proveedores cuestionados en los distintos organismos, probar la correspondencia de las facturas con los registros contables y que habría realizado los pagos mediante transferencias bancarias, las que presentan algunas inconsistencias a tenor de lo informado por la entidad bancaria a consecuencia de los distintos oficios librados.

    Respecto a la supuesta apariencia extrínseca de las facturas que corroborarían la concreción de las operaciones, siendo que las registraciones contables no se encuentran respaldadas por la documentación pertinente en la medida en que se impugnaron las facturas, con lo cual carecen de valor probatorio suficiente. En tal sentido, concluyó que las facturas aportadas de ningún modo resultan documentación fehaciente para acreditar las operaciones cuestionadas, por cuanto no resultó probada la prestación real de servicios, ni ha sido demostrado con prueba categórica el circuito económico de los bienes y del pago.

    Al respecto, recordó que no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen no teniendo per se la factura entidad suficiente para generar crédito.

    Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del I.V.A. Y esto es así pues se trata acreditar la materialidad –no su instrumentación– de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados y el hecho de que las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente parecieran correctas, no implica que ellas hayan sido Fecha de firma: 23/05/2019 Alta en sistema: 27/05/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #33061085#233893090#20190521140710566 efectivamente realizadas, más cuando tampoco pudo desvirtuar las anomalías referidas a los pagos realizados.

    Por ser ello así, prosiguió, resulta aplicable la interpretación que sostiene que la aportación de facturas y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables no resultan suficientes para que proceda, sin más, el cómputo del crédito fiscal abonado en etapas anteriores, sino que para ello –y en vista de las singulares circunstancias configuradas respecto de los mencionados proveedores, que permiten dudar seria y fundadamente de la veracidad de las transacciones que se le atribuyen– debe exigirse además que dicho crédito se encuentre avalado por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas.

    Al respecto, mencionó las disposiciones del art. 12 de la ley del I.V.A.

    que establece con claridad la subordinación del derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado...

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