Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 2 de Julio de 2010, expediente L 97989

PresidenteNegri-de Lázzari-Soria-Kogan
Fecha de Resolución 2 de Julio de 2010
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 2 de julio de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., de L., S., K., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 97.989, "G. ,P.d.V. contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Indemnización por accidente de trabajo".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 1 de Bahía Blanca hizo lugar a la demanda instaurada, con costas en el modo como especifica (fs. 240/260).

La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 273/277).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inapli-cabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 (v. fs. 256) y admitió la demanda instaurada porP.d.V.G. contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto pretendía la obtención de un resarcimiento por la minusvalía laboral que padece como consecuencia de un cuadro psicopatológico con trastornos cognitivos, inducidos en gran medida por benzodiazepinas y secuelas deburn out(stress crónico experimentado en el contexto laboral), que la incapacitan en forma total para la realización de cualquier labor (fs. 240/260).

    Con la prueba adquirida durante la sustanciación del trámite, en particular, las conclusiones alcanzadas por la pericia médica, los datos del legajo personal y las de-claraciones de los testigos citados a la audiencia de vista de la causa, el tribunal interviniente concluyó que la dolencia invocada en sustento de la pretensión guardaba vinculación con las distintas tareas cumplidas por la trabajadora en el Servicio Penitenciario, inicialmente como auxiliar administrativa y luego de diversas asignaciones, como jefe de la Sección de Asistencia Social de la Unidad Penitenciaria n° 4 de Bahía Blanca (fs. 241 y 247).

    Asimismo, tuvo por acreditado que durante los últimos años de la vinculación laboral, la trabajadora desarrolló tareas de alto grado de stress que la inca-pacitaron en el 100% de la plena aptitud laboral. También que los trastornos tiroideos que la aquejan modulan un ánimo depresivo, mas no lo producen (fs. 243). P., que los padecimientos psíquicos se tornaron de mayor gravedad a partir de junio de 1999, hecho ratificado por las conclu-siones de la Junta Médica Superior que fijó una incapacidad parcial y permanente del 70% producida durante la relación de empleo (v. fs. 243 y 250).

    En ocasión de abordar la defensa de prescripción opuesta por la demandada, resolvió que la acción intentada no estaba extinguida por no haber transcurrido el período bienal contado desde el nacimiento del crédito reclamado (fecha de consolidación del daño psicofísico), que se vio interrumpido en su curso con la interposición de la demanda en los términos del art. 3986 del Código Civil (fs. 248 vta./249).

    Asimismo, consideró que la trabajadora había ad-quirido conocimiento de su disminución laborativa el día 13 de julio de 2000, cuando fue ordenado su pase a retiro por enfermedad (fs. 249/250).

    Establecido lo anterior, el órgano de origen evaluó que la contingencia objeto de reclamo se había producido durante la plena vigencia del sistema reparatorio de la ley 24.557, y que, si bien en el escrito intro-ductorio se había planteado la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos, la parte actora habría practicado la liquidación del crédito conforme las pautas previstas por los arts. 8 y 9 de la ley 24.028 (fs. 250 y vta.).

    No obstante ello, en vista de la legitimidad del reclamo pecuniario por la incapacidad absoluta que padece la trabajadora, y sin perjuicio de la poca precisión del objeto de la acción instaurada, el tribunal de trabajo evaluó que el error en la invocación de la norma que tutela el interés no exime al juez de verificar si el mismo no se encuentra amparado por otra norma legal, conforme el principioiuria novit curia(art. 171 de la Constitución provincial), teniendo en cuenta que la responsabilidad...

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