Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 22 de Diciembre de 2008, expediente P 95236

PresidenteHitters-Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Soria
Fecha de Resolución22 de Diciembre de 2008
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 22 de diciembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresHitters, P., de L., K., S.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 95.236, "G. ,P.R. . Rapto en concurso ideal con violación en concurso material con tentativa de homicidio calificadocriminis causa".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de M. condenó aP. oP.R.G. a la pena única de treinta y dos años de prisión, accesorias legales y costas, con la aclaración de que ha incurrido en reincidencia, comprensiva de la de diez años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de M., en la causa 14-13162 en orden a los delitos de robo calificado por el empleo de armas en concurso real con violación en grado de tentativa; y la de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, impuesta por esa S.I., en la causa 14-38163, por los delitos de rapto en concurso ideal con violación, en concurso material con tentativa de homicidio calificadocriminis causae.

El señor Defensor Oficial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Oído el señor S. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

Coincido con el señor S. General: el recurso debe proceder parcialmente.

El señor Defensor denuncia la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y 263 del Código de Procedimiento Penal -t.o. según ley 3589 y sus modificatorias-, entre otras normas.

  1. En primer lugar se agravia respecto de una circunstancia agravante. Sostiene que si como lo ha hecho la Cámara -al confirmar el pronunciamiento de primera instancia- "se parte de la premisa de que la reiteración por parte del imputado de hechos delictivos de similar naturaleza criminógena demuestra que el encierro sufrido, lejos de cumplir el fin disuasivo o resocializador pretendido reforzó la predisposición de mi pupilo hacia los delitos contra la integridad sexual y agravó el desprecio por la vida de sus semejantes ... no se puede concluir dogmáticamente que mi asistido esculpablede tal ´reforzamiento´". La defensa expone que esa circunstancia constituye la criminalización secundaria que la vida carcelaria produce y que por lo tanto no le es reprochable al condenado (fs. 562 vta./563).

    Ahora bien, más allá de los términos empleados en las sentencias citadas -que permitieron a la defensa fundar razonablemente su objeción- en definitiva el reclamo no puede prosperar pues una condena anterior origina una circunstancia agravante, ya que volver a delinquir luego de recibir una sanción de ese tipo traduce una contumacia significativa de mayor peligrosidad (art. 41 inc. 2º, C.P.) (P. 33.479, sent. del 24-II-1987 y P. 71.185, sent. del 5-III-2003, entre muchas otras).

  2. De seguido, la defensa se alza contra la escala penal (en cuanto al límite superior) que se aplicó en el proceso de unificación de sentencias.

    Sostiene que "el límite máximo de la escala punitiva, para el trámite previsto por el art. 58 del (d)igesto sustantivo, viene dado por la previsión punitiva contenida en el art. 79 del mismo (c)ompendio". Añade que la "norma contenida en el art. 227 ter obedece a la necesidad de poner coto a los participantes de golpes de estado que pusieron en peligro y lesionaron la vigencia de la Constitución (...,) lo que no es el caso de mi pupilo" (fs. 563/563 vta.).

    También alude a la inconsistencia que derivaría de aceptar que pueda imponerse un monto que exceda los 25 años porque en ese caso el tiempo requerido para acceder a la libertad condicional sería mayor para una pena divisible que para una pena perpetua y concluye que en autos "no se ha interpretado la (l)ey penal con un criterio sistemático que preserve el sentido de la norma general -los arts. 55 y 58 del Código Penal-, y el de la norma especial" (art. 227 ter, ibídem), "y respete el principio restrictivo de la penalidad que emerge del Estado de Derecho Penal mínimo" (fs. 563 vta.).

    La Cámara juzgó acertada la decisión del juez de primera instancia "en cuanto al juego armónico del art. 55 C.P. que establece como tope máximo para las penas divisibles de prisión o reclusión el monto de la especie de pena de que se trate, lo que armonizado con el art. 227 ter. del C.P., según ley 23.077, vigente desde el 5 de setiembre de 1984, se alcanza un tope de treinta y siete años y seis meses de reclusión o prisión" (fs. 555).

    Este reclamo debe prosperar, por lo que sigue.

  3. 1.Las reformas legislativas y la ley aplicable.

    En primer lugar, corresponde delimitar cuál es la ley aplicable de conformidad con los arts. 18 de la Constitución nacional y 2 del Código Penal, teniendo en cuenta que los delitos que originaron las condenas unificadas en estos autos fueron cometidos en los años 1986 y 1997 (fs. 551 vta.) y que el Código Penal ha sufrido desde entonces múltiples reformas.

    En virtud de la fecha de los ilícitos y de las normas citadas, debe descartarse que rija al caso el art. 55 del Código Penal reformado por la ley 25.928 (B.O., 10-IX-2004), que estableció en 50 años de reclusión o prisión el tope máximo de la escala para el concurso real de delitos reprimidos con penas de la misma especie, pues es posterior a los hechos y no resulta más benigno que el texto anterior.

    Tampoco se encontraba vigente a la fecha de los hechos de la causa la ley 25.892 (B.O., 26-V-2004) que modificó el art. 13 del Código Penal al elevar -entre otros cambios- a 35 años el tiempo de cumplimiento de la pena privativa de la libertad perpetua necesario para acceder a la libertad condicional.

    Por lo tanto, el régimen jurídico para este caso está dado -en lo que aquí interesa- por un Código Penal según el cual:

    1. A los 20 años de cumplimiento de una pena privativa de la libertad perpetua podía aspirarse a obtener la libertad condicional y tratándose de una temporal, se requería el cumplimento de las dos terceras partes (art. 13, texto...

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