El Gobierno le suelta la mano a OCA, que queda más cerca de la quiebra

Los días de OCA, el correo privado más grande del país, estarían contados. Después de meses de gestiones fallidas y de una evaluación técnica exhaustiva, el Gobierno finalmente habría decidido la semana pasada soltarle la mano. Se trata de una decisión sensible: la empresa emplea directamente a 7000 personas afiliadas al gremio del camionero Hugo Moyano, uno de los sindicalistas de mejor relación con la administración de Mauricio Macri, pero también de mayor capacidad de presión en la calle.

Tres fuentes al tanto de las negociaciones confiaron a LA NACION que la situación financiera y fiscal de OCA se hizo insostenible. La empresa acarrea una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de $ 1400 millones y tiene desde hace meses problemas para juntar los fondos para el pago de sueldos.

La AFIP, que le inició el año pasado a OCA y a su dueño, Patricio Farcuh, una demanda por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse, la embargó por $ 300 millones y podría bloquearle en el corto plazo otros $ 600 millones, para cobrarse parte de la deuda, según adelantaron las fuentes. Cada mes que pasa, no obstante, la deuda de OCA con el organismo recaudador se estaría incrementando en unos $ 120 millones.

Con 7000 empleados directos y otros 5000 trabajadores que dependen indirectamente del negocio, hace tiempo que el Gobierno viene siguiendo de cerca la crisis de la empresa. En noviembre pasado, en un intento de salvaguardar los puestos de trabajo, las fuentes aseguraron que Macri incluso cedió a un pedido de Moyano -para entonces, ya a cargo virtualmente de la compañía- y accedió a darle tres meses para que arme un plan de negocios y presente una propuesta de pagos para saldar la deuda con la AFIP. Pero llegó marzo y el plan de negocios nunca se materializó y tampoco hubo avances sobre la deuda con el organismo recaudador.

En paralelo, el Gobierno creó una comisión encabezada por Clarisa Estol, secretaria de Promoción de Inversiones en el Ministerio de Comunicaciones, para evaluar la situación de la compañía y ensayar escenarios posibles de rescate. En la tarea trabajó también un especialista en fusiones y adquisiciones, Alejandro Dillon, y el Estudio Alegría, con un amplio expertise en temas comerciales.

Pero la conclusión fue igualmente desalentadora: no es mucho lo que puede hacer el Estado ante una empresa privada, que además tiene grandes deudas tributarias, ya en instancia de judicialización.

Así las...