El Gobierno respalda la prisión domiciliaria de un militar condenado

Entre la satisfacción de familiares y entidades cercanas a los militares detenidos y el silencio de las organizaciones de derechos humanos, el Gobierno respaldó el fallo de la Corte Suprema que concedió la prisión domiciliaria al teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti, que a los 85 años padece graves trastornos de salud.

"Es un fallo importante y merece que la sociedad lo reciba con la mayor madurez cívica", expresó a LA NACION el secretario de Derechos Humanos, , al destacar que es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia sobre el tema. Fuentes de la Iglesia deslizaron, también, a LA NACION sus coincidencias con el fallo.

"Cuando hablamos de una agenda de derechos humanos ampliada, sostenemos que debe alcanzar a todos. Si el Código Procesal Penal lo contempla, los problemas de salud lo ameritan y las personas detenidas no presentan peligro de fuga, corresponde la prisión domiciliaria", explicó Avruj.

En una tendencia iniciada durante el gobierno kirchnerista, la Secretaría de Derechos Humanos actúa como querellante en 220 causas de lesa humanidad. Avruj confirmó que eso continuará, como una política de Estado orientada "al respeto y cuidado de los derechos humanos para todos".

Si bien el fallo de la Corte se refiere específicamente al militar Alespeiti, condenado a 22 años de prisión, la decisión de permitir el arresto domiciliario sienta jurisprudencia para otras causas por delitos de lesa humanidad.

Unos 226 militares mayores de 70 años y con graves enfermedades cumplen prisión en unidades penales (Ezeiza, Marcos Paz y Campo de Mayo, entre otras). "Las cárceles están acondicionadas para recibir una población promedio de 45 años y no están preparadas para atender los traslados y cuidados de salud de detenidos que rondan y superan los 80 años", explicó Aníbal Guevara, miembro de la ONG Puentes para la Legalidad, que desde 2015 denuncia irregularidades en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.

El abogado Ricardo Saint Jean -hijo del general Ibérico Saint Jean, que murió a los 90 años en 2012, inmovilizado y en silla de ruedas- celebró el fallo del alto tribunal. "Lo importante es que se generó una mayoría en la Corte que decidió empezar a cumplir y respetar la ley y los pactos internacionales de derechos humanos."

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