Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 27 de Marzo de 2023, expediente CSS 062981/2019/CA001

Fecha de Resolución27 de Marzo de 2023
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expediente Nº 62981/2019

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO c/

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE

DEUDA

Sentencia Definitiva En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR J.A.F.A. DIJO:

El Gobierno de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, apela las Resoluciones 112, 113, 114, 115, 116, 117.118, 119 y 120 (DV RRTU) que desestiman las impugnaciones planteas respecto de diversas actas de Inspección con relación a la deuda determinada en concepto de falta de aportes y contribuciones, sobre conceptos no remunerativos.

Incoada la presente acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Alto Tribunal declara que las presentes actuaciones no corresponden a la competencia originaria de la Corte y lo remite a la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Ello así, debe verificarse si el recurso impetrado cumple los recaudos de admisibilidad dispuestos por el artículo 15 de la ley 18820.

La recurrente no efectúa el depósito previo, establecido en la citada norma, según lo dispuesto por el art.15 de la ley 18.820.

Cabe recordar que el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el artículo 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363;235:479;238:418;247:181;261:101

y sus citas 288:287;296:57 entre otros) existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: a)

desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento económico que podría significar su cumplimiento (ver C.S.J.N. Fallos 247:181;250:208 y fallo citado, ìdem. M.H.S.s.ón actas de inspección” sent. del 25/03/86 y específicamente dictamen del Procurador General de la Nación del 26/07/85 considerando IV) b) el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos Fecha de firma: 27/03/2023

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

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256:38;261:101) y c) cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación, o cuando la deuda fuera inexistente (Fallos 288:287 cons. 10 y sgtes).

El depósito previo de la suma cuestionada, tiene por finalidad esencial asegurar el interés fiscal, evitando situaciones de controversia dilatorias o situaciones que puedan dificultar en su caso la recaudación efectiva de recursos que hacen al erario público.

En ese orden se ha sostenido que “El principio "solve et repete" constituye, desde el punto de vista jurídico, el corolario lógico de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, a la vez que, en el aspecto práctico, satisface la necesidad de poner a cubierto la actividad del Estado, evitando que el cumplimiento de sus finalidades específicas se vea dificultado por controversias dilatorias que puedan perturbar la recaudación oportuna de las rentas y comprometer la estabilidad de las finanzas públicas (ST Córdoba, sent. del 12/11/84, "S., H.A. y otros c/ Provincia de Córdoba", publicado en L.L. 1985-C-286). (D.D.F., al que adhiere la Sala)

(exp. 58381/1994 "MARCOTE, C.V. c/ A.N.S.E.S.". 8/03/01sent. def.

76596.C.F.S.S. Sala III).

Con el depósito previo se procura asegurar el interés fiscal poniéndolo a cubierto de malévolas argucias y expedientes dilatorios tendientes a no realizar el pago debido, con el consiguiente perjuicio que ello ocasiona al erario público y a la sociedad en su conjunto,

pudiendo llegar a hacer peligrar a la Nación misma si ese acto se realiza por un número elevado de contribuyentes. Esto es lo que el legislador tuvo en cuenta al sancionar las leyes que implementaron el depósito previo como requisito de admisibilidad de los recursos y acciones correspondientes para el reclamo judicial. (D.d.F. al que adhiere la Sala) (exp. 46442/2001 “LOS ÁNGELES S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I.".12/08/03 sent. def.

97006. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala III).

Ahora bien, en el caso de autos es actor en estos actuados el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

La solvencia económica de los estados provinciales ha sido reconocida por el Alto Tribunal en diversos precedentes (Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo. S.

2960.

XXXVIII. 01/09/2003Fallos: 326:3210; Superintendencia de Servicios de Salud c/

Río Negro, Provincia de s/ cobro de aportes y/o contribuciones. S. 976. XXXVI.

30/05/2001 Fallos: 324:1784; Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia de S/ ejecución fiscal. C. 378. XXII.30/05/1995Fallos: 318:1084;

P., R.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ cumplimiento de contrato. P. 304.

Fecha de firma: 27/03/2023

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

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XXIV.16/02/1993 Fallos: 316:107Obra Social para la Actividad Docente c/ Catamarca,

Provincia de s/ ejecución fiscal. O. 431. XXII.07/08/1990 Fallos: 313:650).

Por consiguiente, atento las circunstancias apuntadas, y constancias de autos, se propicia habilitar la instancia y entender en el recurso impetrado.

Se agravia la recurrente de la inclusión de conceptos no remuneratorios y la inclusión de las sumas adeudadas en el articulo 2 inciso a del Decreto 814/01.

Señala que AFIP solicitó normativa relacionada con los conceptos no remunerativos implementados por la Provincia a la que la Fiscalía de Estado afirmó respondiendo sobre la supremacía, validez y eficacia de las normas constitucionales provinciales, rechazando dicho requerimiento en base al criterio sustentado por la Provincia en innumerables oportunidades. Y que ha sostenido en las demandas interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al no haber sido proporcionada por la provincia la deuda que expresa el Acta es supuesta, es así que se notifica una deuda por aportes y contribuciones de la Seguridad Social y sus respectivos intereses resarcitorios por varios periodos que iban de los meses de enero a junio de 2002 julio a diciembre de 2002, enero a junio 2003, julio a diciembre 2003, enero a junio 2004, julio a diciembre de 2004 enero abril 2008, mayo a agosto de 2008 y septiembre a diciembre 2008.

Estas determinaciones, afirma, se realizó sobre la base presunta del formulario de Declaración Jurada F.931 observando que entre los conceptos no remunerativos se han considerado aquellos cuyo origen es anterior a la adhesión de la Provincia al Régimen de Jubilación Nacional ley 24.241, cuando estos conceptos no pueden ni deben integrar la base imponible a los efectos de la determinación de los aportes y contribuciones.

Sostiene que en la determinación de aportes y contribuciones se calcula el porcentaje con destino a la ley 19032 (INSSJP) lo que no corresponde debido a que los jubilados provinciales, en su gran mayoría aportan al IOSEP (OBRA SOCIAL PROVINCIAL) y ello ha sido objeto de impugnaciones anteriores que aun se encuentran sin resolución y que en algunos casos han liberado a la provincia.

Manifiesta que la inspección aplicó erróneamente para determinar las contribuciones adeudadas lo establecido en el Decreto 814/01 articulo 2 inciso a) cuando se ha determinado que de acuerdo a la correcta interpretación de la norma legal invocada por la Provincia en anteriores impugnaciones y demanda entablada ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que la Provincia debe aplicar lo normado en el inc. b).

Tampoco correspondería, alega, los importes calculados para el ANSSAL dado que el mismo está orientado a financiar el sistema de salud cubierto por obras sociales nacionales y no en el presente caso.

Fecha de firma: 27/03/2023

Firmado por: N.C. DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: W.F.C., JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: A.L.P., SECRETARIA DE CAMARA

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Refiere que la Provincia de S.d.E. suscribió con el Gobierno Federal, el Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia a la Nación con fecha 14//07/94 ratificado por ley de la Intervención Federal Nº6081 del 19/07/1994

y por el Decreto Nacional Nº 327 del 07/03/1995, Convenio Complementario el 19/08/1994 ratificado por Decreto Nacional nº 327 del 07/03/95 y Acta Complementada al Convenio de Transferencia y a su Convenio Complementario el 30/03/1995 homologado por Decreto Provincial Nº 0628 del 20/04/1995.

Cita la Instrucción AFIP 07/04 que dice textualmente “los conceptos calificados como no remunerativos por la autoridad provincial con anterioridad al traspaso de su régimen previsional al de la Nación no integran la base imponible a los fines de la cotización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Destaca la autonomía de la Provincia de Santiago del Estero, y las relaciones interadministrativas entra la Nación y la Provincia, señalando...

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