El Gobierno prepara una ley de ética pública más estricta

 
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En medio de un contexto marcado por los efectos de la causa de los cuadernos y la discusión entre y , por la situación judicial de y , el Gobierno tratará de dar una señal clara para demostrar dónde está parado. El presidente tiene lista para firmar la nueva ley de ética pública, que aumenta la presión de manera deliberada en dos sectores con los que la Casa Rosada tuvo roces e idas y vueltas: el sindicalismo y el Poder Judicial.Luego de consultar los últimos borradores con el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez (leal a Elisa Carrió), la Oficina Anticorrupción que encabeza envió al Poder Ejecutivo el texto de la ley, al que accedió LA NACION, y que modifica sustancialmente la ley vigente, puesta en marcha en las últimas semanas del segundo gobierno menemista.La incorporación en el artículo 64 del proyecto de la obligación de presentar declaración jurada y de intereses para "quienes integren los cuerpos colegiados que dirijan y administren las obras sociales" no es, en absoluto, una casualidad. El Presidente, que en agosto de 2016 y como gesto hacia los popes sindicales devolvió a las obras sociales vinculadas a gremios miles de millones retenidos por el kirchnerismo, nunca abandonó la idea de modificar el reparto de fondos hacia esas obras sociales que realiza todos los meses la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS).La inclusión de los jefes de las obras sociales -muchos de ellos ligados a los titulares de los gremios- a la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas llega en momentos de máxima tensión entre el Gobierno y los gremios más combativos, que luego del paro del 25 del mes pasado amenazan con más medidas de fuerza contra el plan económico y el acuerdo con el FMI."Los titulares de las obras sociales presentan hasta ahora sus declaraciones, que quedan selladas y sin abrir en la SSS. Cuando se apruebe la ley serán controladas y de acceso público", coincidieron dos de los funcionarios encargados del proyecto. No es, con todo, una declaración de guerra total: al menos en su última versión, los titulares de los gremios -muchos de ellos dueños de notorias fortunas personales luego de años de gestión ininterrumpida-, no son alcanzados por los considerandos de la norma.Impacto en la JusticiaLuego de años de pelea abierta entre Elisa Carrió y el extitular de la Corte Suprema, , en torno al "crecimiento patrimonial" del magistrado, la norma agrega la "verificación anual"...

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