El Gobierno prepara exigencias más estrictas para la ley de ética pública

Publicar los bienes de sus parejas, desprenderse de acciones y bonos antes de asumir y restringir la actividad privada al dejar el cargo. Esas son solo algunas de las nuevas pautas que deberán cumplir los funcionarios, según el proyecto del Gobierno para reformular la ley de ética pública. La iniciativa no solo involucra al Presidente y a sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores.

El texto, al que accedió LA NACION, intenta saldar muchos de los grises de la legislación actual y controlar los conflictos de intereses. Ese aspecto es un talón de Aquiles para la gestión de , cuyo gabinete incluye a muchos hombres de negocios que vienen de la gran empresa y saltaron a la administración pública en 2015.

El germen de la iniciativa es el trabajo que realizaron el año pasado diputados oficialistas y opositores en una subcomisión de Asuntos Constitucionales. Tras ese debate, la Oficina Anticorrupción (OA) redactó su proyecto. En el Gobierno aún no definieron si Macri enviará ese texto al Congreso o si les hará el pedido a viva voz a los legisladores para que impulsen su tratamiento.

"Es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras. La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales", señaló la titular de la OA, Laura Alonso.

Declaraciones juradas

La iniciativa propone ampliar los "renglones" de las declaraciones juradas patrimoniales. Se buscarán detectar no solo posibles enriquecimientos injustificados, sino también incompatibilidades.

La mayor novedad es que volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad. En 2013, la gestión de impulsó un cambio en la ley que restringió esos datos y habilitó a que las parejas custodien los bienes que el funcionario no quería sacar a la luz.

Además de publicar sus bienes, deberán detallarse las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones.

Todos los jerárquicos de los tres poderes deberán presentar su declaración patrimonial. El texto oficial propone que "quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales" deberán informar sus bienes. Este inciso apunta a controlar los patrimonios de los dirigentes gremiales, un reclamo que viene agitando .

Conflictos de intereses

El capítulo de "conflictos de intereses actuales" destaca que está prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones", "proveer bienes o...