El Gobierno le pidió a Casanello que investigue a Cristina

Dos organismos del Gobierno insistieron en que Cristina Kirchner debe ser investigada e indagada en la causa por el lavado de dinero contra Lázaro Báez. La responsabilizaron por las maniobras que el empresario realizó a través de la financiera SGI, vía Suiza.

La UIF y la OA se opusieron a que el juez Sebastián Casanello le derive el caso de la llamada "ruta del dinero K" a su par Julián Ercolini para impulsar un megajuicio. La hipótesis que subyace en los escritos de los organismos gubernamentales es que los 33 millones de pesos que lavó Báez y su emporio de propiedades son, en realidad, de los ex presidentes. Que hoy Báez es Cristina.

La UIF y la OA, querellantes en la causa, apelaron la resolución de Casanello de declararse incompetente parcialmente en el caso y derivarle el expediente a Ercolini para promover un juicio "paraguas" que englobe las distintas maniobras de corrupción kirchnerista. Es decir un único proceso que investigue: el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz (el caso de Vialidad), los mecanismos de retornos a través de los hoteles (Hotesur), de los inmuebles (Los Sauces) y la ingeniería de lavado de activos que se probó en "la ruta de dinero K".

Los escritos de los organismos, a los que accedió LA NACION, coincidieron en asignarle a Báez un rol de mero testaferro. Y reclamaron la indagatoria de Cristina en la causa, a la que visualizan como el "pez gordo" en términos de cifras. Casanello determinó que Báez tiene bienes por US$ 186 millones y que lavó US$ 33 millones mediante la compra de bonos argentinos en Suiza, vendidos por Helvetic Service Group y repatriados en cuentas de Austral Construcciones.

La UIF señaló que el dinero que Báez lavaba no le pertenecía, al menos no en su totalidad. Y que existen múltiples elementos que permiten suponer que Cristina Kirchner tenía la disposición de aquellos fondos y seguía de cerca su colocación en el extranjero. Consideró que hay violación de derechos y se reservó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema con su reclamo.

La OA abonó la misma hipótesis. "Si bien los fondos de la obra pública habían ingresado formalmente al patrimonio de Báez, en realidad este actuó como prestanombres de Néstor y Cristina Kirchner", señaló el organismo conducido por Laura Alonso. Agregó que "la relación patrimonial entre Lázaro y los ex presidentes fue mucho más allá de los retornos mediante las actividades hoteleras e inmobiliarias [casos Hotesur y Los Sauces". Insistió en su pedido...