El Gobierno niega la manipulación del Indec y da una ayuda inesperada a Moreno

Evitar el default oculto que dejó el kirchnerismo tendrá un alto costo para la verdad. El plan del Gobierno es esquivar el pago de miles de millones. Ese ahorro implica negar el propio relato y lo que es moralmente más polémico: dejar sin castigo en la Justicia la destrucción del Indec y sus estadísticas impulsada por Guillermo Moreno y los Kirchner.

A pesar de que públicamente Mauricio Macri denunció la falsificación de los índices oficiales y la intervención del organismo durante nueve años, y de que hasta fines de 2016 las estadísticas estuvieron -por decreto- en "emergencia", en la Justicia el Gobierno relativizó que ese desmantelamiento haya existido, con el objetivo de evitarse el pago de millonarias sumas por la subestimación del coeficiente de estabilización de referencia (CER), que sirve para actualizar -sobre la base de la inflación oficial- distintos bonos. En definitiva, en tiempos en los que la obsesión de Macri es achicar el rojo fiscal, el Gobierno no quiere hacerse cargo de otra cesación de pagos heredada del "modelo K".

Le tocó al Ministerio de Hacienda negar en los tribunales toda la historia de corrupción de los indicadores oficiales y el sistema estadístico. Curiosamente, esa decisión provino de la dependencia que conducía hasta el año pasado Alfonso Prat-Gay, uno de los denunciantes en la Justicia de la manipulación de los índices públicos cuando era diputado. En 2014, el entonces diputado opositor presentó una acción legal para investigar cómo la manipulación del índice de inflación sobreestimó el dato del producto bruto interno (PBI) calculado por el Indec y benefició a aquellos que tenían cupones PBI de la deuda. Entre los beneficiados había varios laderos de Moreno en el área de Cuentas Nacionales.

Exactamente un año atrás, en noviembre de 2016, Hacienda y Finanzas contestó un reclamo de un supuesto colectivo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, por la subestimación del CER. La cartera ya al mando de Prat-Gay -a través de su Secretaría Legal y Técnica- respondió a una denuncia iniciada el 30 de diciembre de 2015 por Consumidores Financieros Asociación Civil. Para esa ONG y sus abogados del Estudio Arazi, Prato, Mariani de Vidal, Merola & Asociados, el impacto total de la adulteración de los índices por los que se ajustaban bonos públicos en manos de la Anses, de privados y fideicomisos había sido, en nueve años, de US$ 18.000 millones.

Los denunciantes no tuvieron...