El Gobierno negocia para resolver nueve juicios pendientes en el Ciadi

Después de la salida del default, la herencia más ruidosa que le dejó al país la crisis de 2001 en términos económicos, el Gobierno aún debe resolver casi una decena de juicios contra el Estado planteados por compañías extranjeras en tribunales internacionales, otro lastre menos visible de aquel cambio de siglo tumultuoso. Los ministerios involucrados ya comenzaron a ensayar alternativas para resolverlos, confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la defensa argentina.

Desde el punto de vista de los inversores internacionales, se trata del último paso para salir completamente del default y recuperar la credibilidad internacional, dado que la Argentina se obligó a cumplir con esas sentencias para darles seguridad jurídica a las compañías extranjeras, que reclaman pagos millonarios como indemnización por el rompimiento de los contratos.

Las empresas internacionales, cuyas billeteras intenta atraer hacia el país la administración de Mauricio Macri, miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados y privados.

El Ciadi tiene 17 casos pendientes de resolución con el país, 8 de los cuales fueron suspendidos en los últimos años. Los restantes 9 preocupan al Gobierno, que con la nueva gestión cambió las formas con las que se maneja la Procuración del Tesoro en los tribunales extranjeros.

El kirchnerismo resolvió algunas disputas. Por caso, en octubre de 2013, el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cerró cinco causas pendientes. Pero otras quedaron en pie y salpican aún al gobierno de Macri. El caso más evidente es el de la española Abertis, dueña del 31,59% de Ausol, concesionaria de la autopista Panamericana y a cargo del mantenimiento de la avenida General Paz y de los 56 kilómetros de la autopista que va de Buenos Aires a Luján (en el caso del acceso oeste la empresa es GCO).

Abertis presentó el 17 de diciembre, es decir, una semana después de que Macri asumió la presidencia, una demanda contra el país por las demoras en la renegociación de su contrato de concesión y las dificultades que le trajo a su negocio el retraso en las tarifas. El Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para ensayar su defensa. Una fuente oficial informó a LA NACION que tanto la demandante como la defensa oficial designaron a sus árbitros. Ambas partes tienen 29 días para designar de mutuo acuerdo al presidente del tribunal. Si no lo alcanzan, pueden...