El Gobierno Nacional, cómplice de la violencia y de la entrega del patrimonio en la Patagonia

El gobierno y la RAM

Hace unos días los argentinos recibimos un nuevo golpe a la dignidad, al orgullo y a la defensa de la soberanía. Nos enteramos por los medios de que gracias a la impericia o connivencia, esto resta por verse, del Ministerio de Defensa y de los abogados que deben velar por los intereses y patrimonio nacional, quedó firme la sentencia mediante la cual la jueza interina del Juzgado Federal de Bariloche, dra. María Silvina Domínguez, ordena que dentro del plazo de sesenta días se escriture a favor de la comunidad demandante. Son 180 hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y que se encuentran actualmente registradas a favor del Estado Nacional y como reservadas al uso de la Escuela Militar de Montaña.

Este solo hecho, ordenar la transmisión del dominio, daba lugar a una apelación por cuanto la jueza, tratando una medida cautelar, se ha extralimitado resolviendo el fondo de la cuestión. No es lo único grave, en el juicio no se escuchó ni se dio traslado a la provincia, al municipio ni a cualquier otro particular que se pudiera considerar con derecho. Tampoco se tuvo en cuenta que la ley 26.160, sobre relevamiento y restauración de derechos a pueblos indígenas originarios, establece que si al momento de la sentencia el territorio reclamado se encuentra ocupado por terceros es deber del Estado otorgar a la comunidad un predio de similares características y en caso de no ser aceptada esta opción, pagar una indemnización. Dichos terrenos integran parte del Parque Central de Bariloche, creado por Ley Provincial 5155/16 "para extender el uso público socialmente inclusivo de dichas tierras y la protección del paisaje y la condición mayoritariamente agreste de sus ambientes."

Sin embargo, lo más grave fue lo que ocurrió al llegar la notificación al Ejército sobre la decisión de la jueza y surgió la necesidad de apelar en un plazo de cuarenta y ocho horas. La abogada Silvia Cristina Vazquez, actuando en representación del Ministerio de Defensa, en su condición de integrante de la Procuración del Tesoro que dirige Carlos Zannini, presentó la apelación cuando ya habían vencido los plazos procesales, Dicho accionar negligente o doloso fue denunciado por varios diputados de la oposición y la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público recayó en el mismo juzgado federal de Bariloche que entregó las 180 hectáreas. No es la primera vez que este gobierno se desentiende del cuidado y preservación de...