El Gobierno intenta frenar con un decreto los juicios laborales

 
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El Congreso puede esperar; el Gobierno, no. En una decisión que motivó criticas de buena parte del sindicalismo y representantes de la oposición, y sin esperar la reapertura del año parlamentario, el presidente firmó y publicó ayer la reforma, vía decreto de necesidad y urgencia, del sistema de riesgos de trabajo, con el declarado objetivo de que hoy suma alrededor de

Mediante el decreto 54/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Macri y quince de sus ministros, el Gobierno establece un cambio fundamental al momento de registrarse un accidente de trabajo.

La norma, que recibió cuestionamientos en el arco opositor y en el Colegio Público de Abogados, crea lo que el decreto denomina "comisiones médicas jurisdiccionales". Se trata de un organismo que constituirá "la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos del trabajo".

El decreto establece que los peritos médicos que intervengan en los casos deberán integrar el cuerpo médico forense local y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio.

El Estado amplía de dos a tres meses la cobertura si la empresa no hubiese pagado y se crea el Autoseguro Público Provincial (APP), para que todos los empleados públicos provinciales y municipales sean incorporados a Según cálculos oficiales, esto permitirá "proteger alrededor de un millón de empleados en nueve provincias, municipios y comunas que hoy están fuera del sistema", si las administraciones provinciales adhieren al sistema.

Para la oposición se trata de una "imposición de los empresarios" para trabar el cobro de indemnizaciones y bajar costos laborales.

En el Gobierno desmienten que el empresariado haya presionado para conseguir este cambio significativo. "El sistema está al borde del colapso, deja afuera a demasiados trabajadores, tarda hasta tres años en dar respuesta a quienes sufren un incidente y sólo favorece a algunos abogados y peritos, que lo han transformado en una industria del juicio", responden en Balcarce 50.

Según cálculos del sector, hay más de 300.000 juicios abiertos en la actualidad, con reclamos acumulados por US$ 4500 millones de...

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