El Gobierno tenía un informe de la Sigen sobre el caso del Correo

Con "el diario del lunes" muchos funcionarios del Gobierno lamentaron no haber involucrado a los organismos de control en el manejo de la deuda del . Pero una de esas entidades sí había estudiado la situación de los juicios cruzados entre la firma controlada por el Grupo Macri y el Estado. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) elaboró en septiembre del año pasado un "informe de situación empresaria" y se lo elevó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

La Sigen tiene a un síndico de forma permanente dentro del directorio de Correo Argentino SA, ya que el Estado conserva el 14% de las acciones de la firma. Siempre que hay una participación estatal minoritaria en una sociedad, se designa a un emisor del organismo de control que, sin ningún poder de decisión, actúa como veedor.

Aguad recibió el informe a finales del año pasado y el documento no tuvo mayores consecuencias. Si bien no está obligado, el ministro puede pedir una opinión técnica a la Sigen en casos que resulten sensibles. Este organismo de control, a su vez, según el artículo 104 de la ley 21.756, puede, aunque no está obligado, "poner en conocimiento del Presidente los actos que estime que puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público". Ninguna de las dos partes consideró que era necesario tomar mayores recaudos.

Fuentes gubernamentales reconocieron que una instancia más profunda de control "no hubiera estado de más", pero a su vez remarcaron que "el Estado está en 4800 concursos preventivos". A posteriori, la Casa Rosada debió remediar el daño político: pidió volver a "foja cero" en el juicio con el Correo Argentino y ahora elabora un decreto para generar más resortes institucionales y evitar conflictos de intereses con el Presidente.

El informe de situación empresaria sobre el Correo Argentino, al que accedió LA NACION a través de un pedido formal, hace un repaso de los antecedentes de la firma: la adjudicación del servicio postal oficial en 1997, el pedido del concurso preventivo de acreedores en 2001 y la rescisión del contrato de concesión en 2003 que ordenó Néstor Kirchner por la falta del pago del canon.

El informe recuerda que "la compañía inició una acción por daños y perjuicios contra el Estado y también con el objeto de obtener una reducción significativa del canon en proporción a las contraprestaciones estatales incumplidas". Y agregó: "A la fecha de emisión de este informe no es posible estimar los efectos que pudieran originarse si se...