El Gobierno impulsa una ley para penalizar a las empresas corruptas

Quien cobra una coima en la función pública es porque alguien la paga. Esta es una verdad de Perogrullo que, sin embargo, nuestro Código Penal contempla a medias y que el gobierno de Mauricio Macri pretende subsanar con un proyecto de ley que promete desatar una fuerte controversia. En ella establece fuertes penas para las personas jurídicas -entre ellas las empresas- que cometan hechos de corrupción, que van desde multas, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.

El Gobierno presentará el proyecto de ley este mes en el Congreso cuando lejos de acallarse el escándalo por los presuntos sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante la era kirchnerista se acrecienta día a día con nuevas revelaciones judiciales. El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó a la nacion que esta iniciativa, que presentará junto a la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, procura comprometer a las empresas en la lucha contra la corrupción.

"Lo vamos a impulsar y pretendemos que el Congreso lo discuta durante el segundo semestre de este año -indicó Garavano, quien esta semana recibirá un anteproyecto que elaboró Alonso -. Esta iniciativa forma parte del paquete anticorrupción, junto a la ley del arrepentido y la extinción de dominio. Estamos convencidos de que los marcos de transparencia no sólo deben instaurarse en la esfera pública, sino también en la privada."

La investigación judicial que avanza sobre los ex jerarcas kirchneristas con manejo en la obra pública -y que amenaza, también, a la ex presidenta Cristina Kirchner-, no sólo provocó un profundo impacto en el ambiente político. También el sector empresarial acusó el recibo. Hace unos días, el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, admitió la existencia de corrupción durante los 12 años y medio de gestión kirchnerista. Luego, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, sorprendió con una polémica confesión al revelar que, cuando asumió su cargo, "a la obra pública la llamaban Movicom: va con el 15 adelante".

Ambos se desdijeron luego, en declaración testimonial ante la Justicia. "No nos consta", se atajaron. Pero lo cierto es que sus polémicos dichos abonaron una presunción por demás generalizada, que es la participación de empresas en actos de corrupción.

El proyecto del Gobierno establece un régimen de responsabilidad penal...