El Gobierno habilitó las escuchas para evitar los 'golpes de mercado'

La presidenta Cristina Kirchner dispuso ayer por un decreto publicado en el Boletín Oficial que la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional permitirá que la Agencia Nacional de Inteligencia (AFI, la ex SIDE) realice espionaje interno sobre bancos, empresas o compañías financieras con el pretexto de prevenir "corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado".

Así lo estableció el decreto 1311, que reglamentó la ley 27.126 y que puso a la AFI a la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia para abordar las "problemáticas de defensa nacional y seguridad interior". Entre esos desafíos, destaca "el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática". En este punto puso como potenciales responsables a grupos políticos, militares, económicos o financieros.

La norma consigna textualmente que se hará inteligencia "se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etcétera".

Según pudo saber LA NACION, Cristina Kirchner; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, "temen un riesgo real de una desestabilización financiera" antes de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. El director de la AFI, Oscar Parrilli, explicó en la Casa Rosada que "el objetivo es cuidar y no espiar a los argentinos". Pero desde la oposición interpretaron la nueva norma como una nueva intromisión en la privacidad de los ciudadanos y en los negocios de las empresas. La ley de inteligencia 27.126 modificó la anterior, 25.520, y creó la AFI. Pero la decisión de espiar a empresas y bancos, con nuevas tipificaciones, podría ser cuestionable judicialmente, al disponerse por el atajo de un decreto y no haberse incluido en aquella ley.

Según el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma (2002-2003), hoy cercano al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, "lo que en realidad se intenta legalizar, argumentando supuesta defensa del interés colectivo, es el espionaje interno sobre cualquier empresa que el Gobierno haya puesto en sus listas negras".

La diputada de Pro Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, consideró...