El Gobierno exige a las provincias que justifiquen el gasto en vivienda

Los funcionarios dedicados a la tienen al menos una certeza: no quieren terminar siendo protagonistas de los titulares de los diarios, las pantallas de televisión o los estrados judiciales de la misma manera que sus antecesores, el equipo liderado por el ex ministro de Planificación Julio De Vido (el funcionario kirchnerista con más causas abiertas), y cuya figura sobresaliente es el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido desde principios de año tras intentar esconder US$ 9 millones en un convento.

Por eso pusieron en marcha un plan para transparentar en dos movimientos el destino de miles de millones de pesos que la administración de Cristina Kirchner giró a provincias y municipios para la construcción de viviendas sociales.

En julio y agosto pasados, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que maneja Domingo Amaya, les envió a todos los gobernadores -incluidos los oficialistas- y a los intendentes que recibían de manera directa los fondos dos notas para verificar en qué se gastaron los recursos destinados a la construcción de viviendas que les envió el Estado nacional.

Fue la primera gran reacción al descalabro que encontró la administración Macri, que tras comparar planillas confeccionadas de manera irregular y visitar algunos proyectos detectó que muchas obras tenían un grado de avance inferior al declarado y al que correspondería según los pagos hechos por el Estado.

En julio se enviaron notas a los institutos provinciales de vivienda, el nexo entre los gobernadores y el gobierno nacional para captar los fondos del Estado. Allí, la secretaría les reclama que envíen para cada iniciativa el "certificado de avance físico y su correlato con el avance financiero de la misma". El mismo documento pide también que las provincias clasifiquen en qué etapa se encuentra la obra (finalizada, en ejecución, paralizada) o si se pide la baja de aquélla.

"Mediante las presentes acciones se busca depurar la cartera de obras, así como corroborar responsabilidades inherentes al cumplimiento de los acuerdos firmados con el Estado nacional", sostiene la nota que recibieron las provincias. El lenguaje amistoso de su redacción no debe confundir su objetivo: encontrar irregularidades en la ejecución de los fondos para viviendas sociales en los últimos años del kirchnerismo.

Hay algunos casos llamativos. Según fuentes de la Secretaría de Vivienda, Entre Ríos devolverá $ 2,5 millones que le envió el Estado nacional porque no puede justificar el avance...