El Gobierno evalúa traspasar los testigos protegidos al Poder Judicial

José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz comparten el mismo estatus y la misma preocupación: son testigos protegidos en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas. El triunfo de Alberto Fernández encendió la alarma y multiplicó los pedidos para quitar el programa de la esfera del Poder Ejecutivo.Ante ese reclamo, el Gobierno evalúa traspasar el programa, que depende del Ministerio de Justicia, al Poder Judicial. El presidente Mauricio Macri firmaría en los próximos días un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con la transferencia del sistema de protección, que alcanza a 225 testigos y 97 familiares, a la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal, que preside Carlos Mahiques. En su gran mayoría, los arrepentidos pidieron ingresar por causas de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas.El resultado de las PASO, cuando el candidato del Frente de Todos le sacó 17 puntos de ventaja a Macri, provocó una catarata de pedidos para reubicar el programa.Los tiempos políticos también se colaron en la definición. Es que en la Casa Rosada también analizan cuál sería el momento "ideal" para avanzar con el decreto de necesidad y urgencia."Hay que evaluar el momento para hacerlo, no hay que generar ruidos innecesarios en la transición", reconoció un hombre con acceso al despacho presidencial.No son pocos los funcionarios de primera línea cerca de Mauricio Macri que creen que esta decisión podría generar una reacción de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.Es que si bien los arrepentidos en las causas de corrupción representan una minoría -son poco más de 10-, fueron clave para procesar y condenar a varios pesos pesados del kirchnerismo, como el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, quien ayer pidió revisar la causa y sostuvo que se trató de "un circo armado para tapar medidas económicas y el malestar social".También el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue señalado por las revelaciones de testigos protegidos.Incluso, las declaraciones de algunos arrepentidos, como el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares (ya abandonó el sistema) y José López, aportaron datos sobre negocios de la ex familia presidencial que los funcionarios judiciales valoraron para enmarcar a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita. El exsecretario de Obra Pública, que fue...