El Gobierno evalúa medidas drásticas ante una demanda de US$3000 millones por YPF

La mayor amenaza judicial contra la Argentina en el extranjero, una demanda de 3000 millones de dólares de un fondo buitre por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, ingresó a instancias cruciales en Nueva York. El Gobierno estima que los costos totales del juicio podrían trepar incluso más, motivo suficiente para el desvelo en tiempos de tormentas financieras. Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de la Nación, viajó a Nueva York pocos días atrás para supervisar los argumentos de los abogados que representan al Estado argentino. Se debate entre el cielo o el infierno: el tribunal debe definir si corresponde trasladar el juicio a Buenos Aires o si avanza en Nueva York, en el juzgado que supo ocupar Thomas Griesa. Los tiempos están vencidos, pero la definición se demora en llegar. Si la resolución de la Corte del Distrito Sur de Nueva York es desfavorable, el Gobierno está convencido de que la mejor estrategia es patear el tablero.

Existe un método judicial para que las fichas vuelen por el aire. Si la corte resuelve que el juicio prosiga en Nueva York, la decisión de la Procuración del Tesoro es requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York. La estrategia fue confirmada a la nacion por fuentes gubernamentales. Tirar de la cuerda puede derribar una mampostería pesada.

La amenaza traza una línea recta entre Nueva York y Comodoro Py. Desde 2006 descansa en el juzgado de Ariel Lijo una denuncia de Elisa Carrió y Paula Oliveto sobre los manejos del kirchnerismo en torno a YPF.

En 2012, las legisladoras ampliaron la denuncia para que se investigara en particular la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. "Es evidente que estamos en presencia de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF. Todo ello, con la anuencia de los representantes del Ministerio de Economía, el de Planificación y la Sigen, que fueron partícipes del vaciamiento, ya que suscribieron sin realizar controles de ningún tipo tanto de las memorias como de los balances de YPF"...