El Gobierno denunció a testigos mapuches por falso testimonio

Antes de conocer la postergada sentencia en el habeas corpus por la desaparición de Santiago Maldonado, el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, denunció ayer por falso testimonio a siete testigos mapuches y a un amigo del joven tatuador por sus “compendios de mentiras desplegadas” en sus declaraciones ante la Justicia Federal de Esquel.

Los ocho acusados declararon bajo juramento de decir la verdad en la causa que buscaba dar con el paradero de Maldonado y en la que investiga las circunstancias de su muerte por ahogamiento, cuya carátula continúa siendo de desaparición forzada, tras la negativa del juez Gustavo Lleral de cambiarla a “averiguación de muerte”, como pidió la fiscalía.

Los mapuches Matías Santana; Claudina y Ailinco Pilquiman; Soraya Guitart; Adriana Baigorria; Andrea Millañanco, pareja de Facundo Jones Huala, y Lucas Pilquiman, conocido como el testigo E, junto con Ariel Mariotto Garzi, amigo de Maldonado, fueron denunciados por vulnerar el artículo 275 del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a cuatro años al que “afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte” ante las autoridades judiciales. El código contempla que “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión” y “se impondrá al reo inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena”.

Bajo un estricto hermetismo, ordenado desde la Casa Rosada, la denuncia penal, de 54 carillas, a la que accedió LA NACION, fue radicada en la Fiscalía Federal de Esquel por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, el abogado Gonzalo Cané.

Ahora, la fiscal Silvina Ávila deberá investigar quiénes mintieron u ocultaron información y quiénes exhibieron “discrepancias entre los hechos referidos y los hechos sabidos”, como plantea la jurisprudencia. Una vez concluida la instrucción, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, juzgará si corresponden condenas o sobreseimientos.

Según pudo saber LA NACION, el planteo judicial fue impulsado desde lo más alto del Poder Ejecutivo y discutido tanto en la Jefatura de Gabinete como en reuniones reservadas en la cartera de Bullrich, de las que participaron la diputada Elisa Carrió y los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de Asuntos Estratégicos de la Cancillería, Fulvio Pompeo. Si bien la denuncia estaba lista desde hacía semanas, el Gobierno esperó...