El Gobierno apura medidas para atenuar un semestre conflictivo

El gobierno de Mauricio Macri prevé cinco meses de alta conflictividad social. Luego de ese tiempo, pronostica que se estabilizará la economía y habrá un desahogo para sectores medios y bajos. Pero mientras tanto baraja una agenda de medidas para equilibrar el costo político de la agenda negativa de los aumentos de tarifas, del dólar y de la inflación.

"La estrategia es pagar el costo, hasta junio próximo, por medidas necesarias pero impopulares por el esfuerzo de la clase media. Después se estabilizará todo y creceremos a casi 4% del PBI", dijo un ministro a LA NACION.

Con esa lógica, Macri busca posicionarse para intentar su reelección en 2019. Para revertir la baja en su popularidad, que ya se siente en las encuestas, desplegará una agenda institucional, de transparencia y austeridad que continuará la reducción del 25% de funcionarios políticos, el congelamiento de sus sueldos y el cese de los familiares de ministros con cargos jerárquicos.

Apurará la reforma política, la ley de financiamiento de partidos y campañas, el cambio de sistema electoral, tipificará nuevos delitos electorales, como el clientelismo, y propondrá una nueva ley de ética pública.

El plan de Macri fue invertir el capital político de su triunfo electoral de octubre en un semestre de medidas críticas para sectores vulnerables: el pacto fiscal, las reformas previsional y laboral, los aumentos de tarifas de luz, gas, agua, transportes, prepagas, combustibles y la devaluación.

"Hay que pagar todo el costo ahora, para acomodar las variables luego de junio y hasta 2019", señaló un alto funcionario a LA NACION, con miras a la reeleccion. En rigor, replicará el esquema de la primera mitad del mandato: en 2016 dieron las malas noticias; en 2017 se hizo campaña.

Macri eligió ahora dar las batallas difíciles, como la pelea por la transparencia de los sindicatos. Ello chocó con el intento de cerrar paritarias salariales en el 15% y negociar una conflictiva reforma laboral.

También activó bajas de contratos temporarios en organismos del Estado, como INTI, Fadea, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares o Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, denunciados como despidos masivos en actos callejeros.

A esas medidas, por un error político no forzado, agregó más crispación política con el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que designó a su empleada doméstica Sandra Heredia en la intervención en el SOMU.

En medio de ello, y de varias detenciones de sindicalistas, los...