Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 11 de Agosto de 2011, expediente 36.185/2007

Fecha de Resolución11 de Agosto de 2011

Causa N° 36.185/2007

SENTENCIA Nº 92650 CAUSA Nº 36.185/2007 “GIRADO SERGIO

AMADEO C/ RIOJA RICARDO MARCELO Y OTROS S/ DESPIDO” -JUZGADO Nº 45-

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 11/8/2011 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así

la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora D.R.C. dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior, se alzan la actora, su representación letrada, todos los demandados y el perito contador, a tenor de los memoriales que lucen a fs. 929, 931,

932/9357 y 940/954.

Por estrictas razones de método, trataré en primer lugar los agravios vertidos por los demandados, que se quejan porque la sentenciante concluyó que los litigantes estuvieron vinculados mediante un contrato de trabajo. Asimismo, cuestionan la condena solidaria de todos los accionados.

El actor, sostuvo en el inicio, que ingresó a trabajar para los demandados el 1/5/2003, que sus tareas eran administrativas generales, controles de siembra y cosecha, fina y gruesa, compras de materia prima y demás productos necesarios para llevar a cabo las actividades desarrolladas por las diferentes explotaciones comerciales del grupo económico demandado. Todas las cuales desarrollaba en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como también, en las oficinas que los demandados poseen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó que, a cambio de dichas tareas, recibía una remuneración mensual de $2.000, encontrándose su contratación al margen de todo registro (fs. 21 vta./23).

Los accionados, si bien contestaron demanda en escritos separados (excepto Estancias del Quequén S.A. y C.A.S., que lo hicieron en forma conjunta), los términos volcados en éstos son casi idénticos en lo sustancial de la cuestión,

por lo que referiré, lo dicho por aquéllos, en forma colectiva. Así,

encuentro que los accionados sostuvieron, reiteradamente, que el actor nunca había trabajado para ellos, que no lo habían contratado ni había existido ningún vínculo laboral entre las partes (fs. 64/74,

77/85, 91/100 y 101).

Anticipo que estas afirmaciones quedaron desvirtuadas en su totalidad, por las pruebas de autos, y las sólidas conclusiones de la Sra. Magistrado de grado –lamentablemente fallecida-, en tal sentido, no resultan eficazmente controvertidas por el recurso en análisis.

Vale recordar que la expresión de agravios, debe consistir en una exposición jurídica que contenga el análisis serio,

razonado y crítico del aspecto de la sentencia que se recurre, y que demuestre la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida (art. 116 de la ley 18.345).

Estos extremos, no se ven satisfechos con la presentación de los demandados que examino, ya que en ella no se indican los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento anterior.

Los apelantes solo manifiestan, de modo dogmático, una disconformidad con la conclusión de autos, pero no critican ninguna de las pruebas analizadas por la juzgadora.

En particular, no controvierten las coincidentes declaraciones testimoniales brindadas en autos, ni tampoco la información aportada por “Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda.”,

por C.C.S.H.” y por “Sierras Gas”, quienes dieron cuanta de que las sociedades Promotora Pesquera S.R.L. y Estancias del Quequén S.A.

fueron clientes, desde 2004 a 2007, que adquirieron insumos para siembra destinados a la producción agropecuaria, por el acopio de cereal resultante, por la compra de combustible o de gas envasado –

según el caso- y aclaran que el actor era quien actuaba para las 1

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empresas demandadas, encargándose de adquirir esos productos, de retirar los insumos o de entregar el cereal para su acopio en la Cooperativa mencionada (fs. 489, 539 y 540).

Tampoco controvierten las apelantes, que las actuaciones remitidas por el Ayudante Fiscal de B.J.,

Departamento Judicial de Azul –Provincia de Buenos Aires-, dio cuenta de la denuncia penal formulada por G. ante el ilícito alegado,

fundado en el impedimento para ingresar a levantar la cosecha de maíz en el establecimiento rural arrendado por E. delQ.S.A.,

quien lo había facultado para esos fines (fs. 765/836).

Por último, los recurrentes nada dicen acerca del argumento vertido en el fallo apelado, relativo a que los accionados en sus respondes, se limitaron a negar los hechos del inicio, y en particular, la relación laboral invocada, sin ensayar argumentación alguna que autorice a analizar la prestación del actor desde un encuadramiento diverso al laboral.

Por lo tanto, no cabe más que declarar desierto,

este aspecto del recurso.

La queja de los demandados, en lo que respecta a la responsabilidad solidaria por el reclamo de autos, no tendrá mejor suerte.

Las pruebas producidas, revelan la íntima relación que había entre todos los demandados, a punto tal que conformaban una unidad económica, que no está prohibida, sino su “conducción temeraria” (art. 31 LCT).

A fin de clarificar el panorama, me permito reseñar los elementos de juicio aportados a la causa.

De los contratos sociales agregados a este expediente, surge que: E. delQ.S.A., fue creada el 18/12/2000, con domicilio en M.T. de Alvear 684, piso 10º,

oficina 28, constituida por la codemandada Willmond Corp S.A., que fue representada en ese actor por el codemandado R.M.R., y por F.B.F., que concurrió por sí; Ferrari fue nombrado presidente, mientras que R. ocupó el cargo de director suplente. Asimismo, su capital social ascendió a $12.000, de los cuales $11.400 pertenecían a Willmond Corp S.A., y los restantes $600 a Ferrari (fs. 733/737).

D.A. de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, del 6/7/2007, resulta que el acto fue presidido por R., quien en esa ocasión investía el carácter de Presidente del Honorable Directorio y cedió la Presidencia a C.A.S., quien luego y en el mismo acto, se presenta en el carácter mencionado, mientras que R. lo hace en representación de Willmond Corp S.A., ratificándose en dicha oportunidad la asunción de Sibolich como único director y presidente de la sociedad, Estancias del Quequén S.A. (ver fs. 59/62, documental traída por la codemandada Estancias del Quequén S.A.).

Por su parte, la codemandada Willmond Corp.

Sociedad Anónima, también estaba vinculada a los mencionados accionados. Ello resulta, además, de los testimonios traídos por el actor y de la documental remitida por la Inspección General de Justicia.

Así, surge que la sociedad extranjera Willmond Corp S.A., por quien actuaba R. al tiempo de constituir la sociedad anónima codemandada, en su oportunidad procedió a la apertura de una sucursal en el país, con domicilio en M.T. de Alvear 684, piso 10º, Capital Federal. Además, quien fuera con anterioridad el representante de aquella empresa (N.D.G.,

constituyó con posterioridad una sociedad denominada “Pesquera Industrial (P.I.S.A.) S.A.”, cuyo domicilio también era el antes señalado y su presidente era el codemandado R.M.R. (fs. 659/748).

En cuanto a Promotora Pesquera SRL, destaco que del poder general judicial acompañado en el responde, surge que su socio gerente es G.R.R., con domicilio en M.T.

de Alvear 684, piso 10º, of. 28 de esta Ciudad (fs. 75), siendo C.A.S. quien otorgó poder especial en favor de G.R.R. y/o R.M.R. para que, en su nombre y representación… cedan y transfieran las cuotas sociales que 2

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tiene y le corresponden como socio de la mencionada sociedad (fs.

143/144). Con posterioridad, hizo lo mismo G.R.R. en favor de R.M.R. (fs. 146/147).

La Administración Federal de Ingresos Públicos,

corroboró los datos señalados en cuanto al domicilio de las empresas demandadas, así como de R.M.R.. En cambio, informó que respecto de Willmond Corp, no había ningún dato registrado (fs.

335/341).

Otro punto coincidente entre los demandados, es la actividad a la que se dedica cada uno. Willmond Corp SA, en lo sustancial, se encarga de realizar y/o administrar operaciones comerciales, agropecuarias y financieras (fs. 671); Estancias del Quequén: a la elaboración de productos alimenticios, cultivo de soja,

maíz y trigo (fs. 338); mientras que Promotora Pesquera, estaba dedicada a la elaboración de quesos, cultivo de soja, maíz y trigo (fs. 340).

Encuentro útil para la resolución del caso,

señalar también que según informó el perito contador, las empresas demandadas también coinciden en cuanto al atraso registral que presentan sus libros. Así, ninguna de las sociedades accionadas llevaba el libro previsto en el art. 52 de la L.C.T., y los libros comerciales presentan un atraso desde el año 1996, 1999 y 2001,

siendo que ninguno de los registros se encuentra al día. Estancias del Quequén, por su parte, solo exhibió el Subdiario Ingresos y Egresos Nº 1, el que se hallaba en blanco, sin ninguna registración (fs. 873/880; arts. 386 y 477 del CPCCN).

Los extremos señalados me llevan a recordar el llamado laundry list (lista de ropa sucia) de EEUU, que es un test que contiene los standares de las cortes estaduales y de la Corte Suprema, utilizado a fin de determinar si corresponde o no aplicar la teoría del alter ego (disregard, en este caso, hacia afuera),

funcionando algunos como prueba plena y otros como presunciones. Cada vez que se presenta un caso como éste, se hace un “alter ego test”,

que consiste en oponer la “laundry list”, donde graciosamente, a raíz de la serie de pruebas y presunciones, se termina concluyendo que “si la cosa camina como un pato, tiene plumas como un pato, tiene patas palmípedas como los patos, emite sonido como un pato...entonces es un pato” (figura, que, como se advertirá, con cambio de sujeto, es universal).

Por algunos de ellos ya hemos pasado, y otros,

los iremos analizando con las constancias de autos.

El standard de la confusión...

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