Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 1 de Junio de 2016, expediente C 93255

Presidentede Lázzari-Soria-Negri-Kogan-Genoud-Hitters
Fecha de Resolución 1 de Junio de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 1 de junio de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde L., S., N., K., G., Hitters,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 93.255, "G., C.E. contra Tevycom Fapeco S.A. Incidente de revisión".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia dictada en primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 11 de la ley 25.561 -según ley 25.820- y 1 del decreto 214/2002, hizo lugar a la demanda incidental y, en consecuencia, declaró admisible el crédito invocado en la suma de veintiún mil quinientos treinta y tres dólares estadounidenses (U$S 21.533). Impuso las costas al vencido (v. fs. 94/103).

Se interpuso, por la firma concursada, "Tevycom Fapeco S.A.", recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 108/125).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Corresponde aplicar el bloque normativo de emergencia económica al crédito laboral verificado en autos?

    En su caso:

  2. ) ¿Qué pautas habrán de utilizarse para la conversión de la acreencia?

    En su caso:

  3. ) ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir respecto de los intereses?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

    1. La Cámara revocó la sentencia dictada en primera instancia declarando la inconstitucionalidad de los arts. 11 de la ley 25.561 -t. o. según ley 25.820- y 1 del decreto 214/2002, hizo lugar a la demanda incidental planteada y, en consecuencia, declaró admisible el crédito invocado en la suma de veintiún mil quinientos treinta y tres dólares estadounidenses (U$S 21.533; v. fs. 94/103).

      En lo que resulta de interés, la alzada sostuvo que la aplicación de la legislación que dispuso la conversión a pesos de las obligaciones pactadas en moneda extranjera aniquilaba el derecho incorporado al patrimonio del acreedor y violaba el límite tolerable para el ejercicio del derecho de emergencia -dada la afectación sustancial del crédito esgrimido- con quebrantamiento de las garantías reconocidas en los arts. 17 y 28 de la C.itución nacional.

      Resolvió, en consecuencia, revocar la sentencia de mérito y hacer lugar a la pretensión articulada por el señor G., verificando la deuda en la moneda originariamente convenida (dólares estadounidenses).

      II.Contra dicho pronunciamiento se alza la concursada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, donde denuncia la violación del art. 3 del Código Civil; de las leyes 25.561 y 25.820; de los decretos 214/2002 y 320/2002; de los arts. 14, 16 y 17 de la C.itución nacional y doctrina que cita. Hace reserva de caso federal (v. fs. 108/125).

      a) Aduce la impugnante que la solución a la que arriba la Cámara, al asentar la declaración de inconstitucionalidad en su falta de transitoriedad, soslayó que tal límite temporal surge del art. 3 de la ley 25.820 y de sus sucesivas prórrogas.

      b) Denuncia -asimismo- la conculcación de las previsiones contenidas en el art. 3 del Código Civil, considerando que la obligación asumida por la concursada debió ser verificada respetando la paridad de cambio ($ 1 igual U$S 1) que tuvieron en cuenta las partes al arribar al convenio que se pretende ejecutar. Al no hacerlo así, la sentencia impugnada consagra una injusta transferencia de riqueza a favor del acreedor, en desmedro de la concursada y de la masa.

      c) También pone de relieve la quejosa que la alzada prescindió de toda referencia a la naturaleza.

      d) Finalmente asevera que la sentencia impugnada conculca lo dispuesto en los arts. 1197 y 1198 del Código Civil y desconoce el real alcance de los principiosrebus sic stantibusypars conditio creditorum,a la vez que quebranta el sinalagma contractual.

      III.He de responder afirmativamente -lo adelanto- al primer interrogante.

      1.Antes de ingresar en el análisis de la legitimidad del recurso, encuentro necesario efectuar una breve reseña de la situación fáctica que subyace.

      Las partes en litigio se encontraban vinculadas por una relación laboral, que se prolongó desde el 1 de noviembre de 1974 hasta el 29 de agosto de 2001, momento en el que el señor C.E.G. fue despedido (v. fs. 12).

      Con fecha 18 de octubre de 2001 el trabajador y la firma "Tevycom Fapeco S.A." (su empleadora y ahora concursada) arribaron a un acuerdo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (v. fs. 12/13), por el que quedó establecido que el trabajador despedido percibiría, efectuados ciertos descuento de ley, la suma de cincuenta y tres mil ciento treinta y tres pesos ($ 53.133). Sin embargo, como la empresa iba a pagar ese monto en cuotas, también se estipuló que esas cuotas se pagarían en dólares estadounidenses, entregándose siete cheques de pago diferido en esa moneda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

      Tal acuerdo se cumplió de manera parcial, percibiendo el deudor solo tres de esas cuotas en la moneda pactada, no pudiendo presentar los títulos a partir del 15 de diciembre de 2001, porque los mismos quedaron alcanzados por la restricción establecida en el decreto 1570/2001 y -luego- por las normas que ordenaron la conversión de las obligaciones pactadas en moneda extranjera (ley 25.561 y dec. 214/2002).

      Habiéndose presentado la empresa en concurso preventivo, el señor G. solicitó la verificación tempestiva de su crédito por la cantidad de setenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos ($ 77.238), resultantes de convertir la deuda insatisfecha (de U$S 25.746) a moneda nacional, considerando que el valor de mercado del dólar, al 29 de abril de 2002, era de tres pesos ($ 3,00) por unidad. La sindicatura repelió tal pretensión y solo verificó la suma de veintiún mil quinientos treinta y tres pesos ($ 21.533), monto que fue declarado crédito admisible por el juzgador. Fue por eso que el acreedor presentó este incidente de revisión, ratificando su reclamo de que se declarasen inconstitucionales la ley 25.561 y el decreto 214/2002, así como la pretensión de que su acreencia fuera íntegramente reconocida.

      El juez de primera instancia rechazó la inconstitucionalidad articulada contra la normativa de emergencia e, igualmente, desestimó la verificación pretendida en esos términos, aunque declaró admisible el crédito por la suma de $ 22.416. Tal pronunciamiento fue revocado por la Cámara de Apelación, la que sí declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 de la ley 25.561 (t.o. ley 25.820) y 1 del decreto 214/2002 e hizo lugar a la demanda incidental promovida. Y, por fin, contra esta última resolución se ha deducido el recurso extraordinario que ahora analizo.

      1. Atendiendo a la índole de las cuestiones planteadas, se impone comenzar por esclarecer si el bloque normativo de emergencia resulta constitucional y si es de aplicación en estos actuados.

        C.itucionalidad de las facultades legislativas en épocas de emergencia.

        También en este caso debe examinarse la compatibilidad de la protección de los patrimonios tanto del acreedor como del deudor, a la luz de la regulación general del régimen monetario y la fijación del valor de la moneda.

        Sobre este aspecto ha habido precedentes constantes acerca de su constitucionalidad, fundados en el principio de la "soberanía monetaria" (Fallos: 52:413; 187:195 y 431:149). Al respecto, se ha dicho que el Congreso y el Poder Ejecutivo (este último por delegación legislativa expresa y fundada), están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (arts. 75 inc. 11 y 76, C.. nac.).

        Consecuente con ello, el más alto Tribunal nacional sostuvo que el bloque legislativo de emergencia -donde queda configurada la regla general de la pesificación- es constitucional, en consonancia con lo ya resuelto en la causa "B." (conf. Fallos: 327:4495), y más allá de las opiniones referidas a su conveniencia. Consideró, además, que una interpretación contraria a esta regla fundamental del funcionamiento económico, efectuada años después de establecida, traería secuelas institucionales gravísimas, contrariando el canon interpretativo que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales (conf. Fallos: 312:156). De acuerdo con esta centenaria jurisprudencia -prosiguió la Corte federal- y en las circunstancias actuales, resulta evidente que no se ocasiona lesión al derecho de propiedad (conf. similar criterio C.S.J.N., "M., J.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/2001 y otro s/ amparo ley 16.986", causa M.2771.XLI, sent. del 27-XII-2006, consid. 21º).

        Asimismo, y en relación a los planteos que se refieren a que en el caso mediaría una aplicación retroactiva de las normas, la Corte federal en la causa "R., F.A. y otro c/ G.T., R.C. y otra si ejecución hipotecaria", (Causa R.320.XLII, sent. del 15-III-2007) recordó que es criterio de aquel Tribunal que la C.itución nacional no impone una versión reglamentaria única en materia de validez intertemporal de las leyes, que el legislador puede establecer o resolver que la ley nueva modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente, adicionando que en cada oportunidad en que esa Corte se ha expedido en tal sentido, ha expresado que ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en tal caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infra constitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por...

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