Gils Carbó, procuradora de impunidad K

A lo largo de su no tan extensa gestión, la procuradora general de la Nación, , viene acumulando una serie de acusaciones cuya gravedad ha ido en aumento.

Fundadora del movimiento Justicia Legítima, integrado por jueces y fiscales afines al gobierno anterior, no bien inició su gestión fue cuestionada por la sanción de un reglamento que habilitaba a nombrar fiscales "a dedo" según sus simpatías políticas, elaborado por su predecesor interino, que le reservaba la facultad de presidir todos los jurados de selección y de designar a sus integrantes. Este instrumento fue declarado ilegal e inconstitucional por la justicia federal y, a pesar de encontrarse firme el fallo, la procuradora incurrió en una nueva ilegalidad cuando omitió la modificación del sistema de designación de jurados y la convocatoria a nuevos concursos a pesar de la obligación legal de proveer a la integración de las vacantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Luego, se le imputó haber instruido a fiscales para que beneficiaran a funcionarios kirchneristas comprometidos en causas de corrupción. También se la ha acusado por el desvergonzado intento de desplazar al fiscal José María Campagnoli al pedir su juicio político, suspensión y remoción cuando éste investigaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero y otros delitos.

Asimismo, se la cuestionó por realizar concursos para la designación de fiscales en lejanas localidades del interior, tales como General Pico, Tartagal, Corrientes y Santiago del Estero, para luego, una vez seleccionados y nombrados sus candidatos, trasladarlos de inmediato a fiscalías del conurbano o de la ciudad de Buenos Aires en donde se tramitaban causas de su interés.

En el caso del régimen de designaciones arbitrarias y en el de los traslados irregulares de fiscales antes referidos en una causa promovida por la asociación de abogados Será Justicia, se dispuso una medida cautelar dirigida a suspender el trámite de nuevos nombramientos de fiscales seleccionados sobre la base del discrecional régimen de selección establecido por Gils Carbó, así como la disposición de nuevos traslados de fiscales.

Finalmente, en fecha más reciente, se la acusó por el sospechoso redireccionamiento de la compra de un inmueble para la Procuración en Perón al 600, maniobra en la que habría intervenido, según la imputación, una empresa vinculada con su ex esposo.

De todas estas imputaciones tendrá que defenderse ante la Comisión Bicameral de...