Gils Carbó dictaminó en contra de las subas en las facturas de gas

La procuradora general de la Nación, , dictaminó ayer en contra de los aumentos en las tarifas de gas dispuestos por el gobierno de .

En su rol de fiscal ante la Corte Suprema, -que no es vinculante para el máximo tribunal- y pidió que se confirmara el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que el 7 de julio pasado había anulado las subas.

La Corte quedó ahora en condiciones de dictar sentencia, algo que se espera para las próximas horas. Mientras tanto, sigue vigente el fallo platense que dejó sin efecto el nuevo cuadro tarifario.

El dictamen de la procuradora de ayer tuvo dos argumentos centrales: que el Poder Ejecutivo debió haber celebrado audiencias públicas antes de disponer los aumentos y que las subas fueron tales que pusieron en riesgo el acceso ciudadano a un derecho básico, como es el servicio de gas.

Gils Carbó reconoció que es facultad del Poder Ejecutivo "regular las tarifas de los servicios públicos" y admitió que "el mérito o conveniencia" de una política pública "excede el ámbito de una revisión judicial", pero consideró que el Gobierno fue más allá de los límites que le imponía la ley y que no debió haber vulnerado "los derechos y garantías constitucionales" de usuarios y consumidores.

"Una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades", afirmó.

El dictamen completo

La procuradora recordó que, según el propio Poder Ejecutivo, "el 38% de los usuarios tuvo aumentos que superan el 400%" y que los incrementos fueron incluso más severos para "pequeños consumos comerciales o industriales", con aumentos que en algunos casos llegan al 1500%. Consignó que el Gobierno había fijado luego topes de 400 y 500%. Pero dijo, no obstante, que se estaban poniendo en riesgo "derechos humanos fundamentales".

Por un lado, afirmó que el gas domiciliario es un "servicio indispensable para la salud y la vida digna" y citó tratados internacionales protegen "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia". Pero además dijo que frente a semejantes aumentos está en juego el derecho a trabajar.

Gils Carbó sostuvo que el acceso al gas es indispensable para los comercios y las empresas, así como para "las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo".

Audiencias

Tal como había afirmado la Cámara, la procuradora sostuvo que el aumento requería...