Gils Carbó designó a dos empleados en el juzgado que no investigó a Báez

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó dos empleados en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, donde se demoró la investigación sobre el uso intensivo de facturas truchas por Lázaro Báez. Lo hizo sin consultar con la Cámara Federal de Bahía Blanca, pasando por encima de la frontera entre Poder Judicial y Ministerio Público, lo que podría configurar el delito de abuso de autoridad, además de generar un potencial conflicto de intereses, según surge de documentos oficiales que recopiló y analizó LA NACION.

La designación de los empleados Victoria Fraga y Leandro Massari se concretó el 24 de julio de 2015, pero la información salió a la luz ahora, al tiempo que el fiscal federal de esa ciudad, Antonio Castaño, acusó a Báez y empresarios locales de montar una asociación ilícita fiscal, con "la connivencia" de funcionarios de la AFIP y con Bahía Blanca como "punto estratégico del entramado".

El desembarco de ambos se produjo a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien arribó como subrogante a Bahía Blanca tras la salida de su antecesor, Santiago Ulpiano Martínez, quien había dado un claro empuje a la pesquisa local sobre Báez y las facturas truchas.

Desde su arribo, Ramos Padilla dio impulsó las causas sobre violaciones a los derechos humanos y ordenó el juzgado, pero la investigación sobre Báez languideció mientras un ex secretario del tribunal dio a entender que la paralizó a propósito. Ramos Padilla le requirió a Gils Carbó la "adscripción" de ambos empleados, a lo cual accedió la procuradora, mediante la resolución 2287/15, basada en el Régimen General de Adscripciones.

Ante la consulta de LA NACION, en la Procuración defendieron la legalidad de esas adscripciones. Plantearon que las solicitó Ramos Padilla y recibió el aval posterior del Consejo de la Magistratura, "lo que constituye un dato de relevancia clave". Más aún, indicaron que el artículo 253 del Código Penal -que sanciona la designación de funcionarios sin concurrir los requisitos legales-, "en nada podría resultar aplicable a un caso como éste".

Sin embargo, el Régimen General de Adscripciones establece en su artículo 3° que esos nombramientos sólo pueden concretarse mediante una "resolución propia o conjunta de las autoridades de cada jurisdicción". Debió autorizarla la Cámara Federal de Bahía Blanca, que retiene las facultades de Superintendencia, ya que el Consejo no era ni es la autoridad competente para eso.

Esa autorización de la...