Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 12 de Mayo de 2016, expediente CAF 012357/2012/CA001

Fecha de Resolución12 de Mayo de 2016
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación Nº 12.357/2012 En Buenos Aires, el 12 de mayo de dos mil dieciséis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer en relación al recurso interpuesto en autos:

G.V., V.A. c/U.B.A. -Facultad de Derecho- s/empleo público

, respecto de la sentencia obrante a fs. 346/351, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor J.L.L.C. dijo:

  1. La señora V.A.G.V. entabló demanda contra la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho a efectos de obtener una reparación pecuniaria por haber sido despedida sin justa causa de su cargo en dicha casa de estudios universitarios (fs. 5/15).

    En síntesis, indicó que se desempeñó durante más de 13 años para la requerida, bajo un vínculo transitorio en fraude a la ley (ya que debió haber sido designada en forma definitiva en el año 2010) y que, luego de que no fuera nombrada, no se le asignaran tareas ni percibiera el salario de enero 2010 en tiempo y forma, por resolución Nº 127/2010 fue dispuesta la finalización de la relación de trabajo pese a contar con una legítima expectativa de permanencia laboral, garantizada por la Constitución Nacional.

    Por tal motivo reclamó un resarcimiento pecuniario similar al previsto en Ley de Contrato de Trabajo, régimen que correspondía aplicar por no integrar la planta permanente de la U.B.A., lo que le impedía ser catalogada como empleada pública.

    Solicitó la reparación de los siguientes rubros, cuantificándolos en forma presuntiva -supeditando dichos montos a lo que surgiera de autos-, del siguiente modo:

    -preaviso artículo 232 Ley de Contrato de Trabajo: $9.264,20; -días trabajados febrero 2010 e integración artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo: $4.632,10; -salario familiar por hijos (código 127) enero/febrero 2010: $546; -indemnización por antigüedad artículo 245 Ley de Contrato de Trabajo:

    $60.217,30; -sueldo anual complementario, proporcional enero 2010 y rubros 1 y 2:

    $1.544,03; -vacaciones 2009: $4.632; Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 1 #11141498#152365030#20160513103044574 -vacaciones 2010, proporcional: $1.111,70; -aguinaldo sobre vacaciones: $92,64; -daño moral: $35.000; y -multa prevista en el artículo 2º de la ley 25.323: $37.056,80.

  2. El señor juez de primera instancia rechazó la pretensión actoral, con costas a su cargo.

    Para así decidir, en síntesis, consideró que la resolución N° 127/2010 -por la que la decana de la Facultad de Derecho de la U.B.A. cesanteó a la señora G.V., dejando sin efecto sin efecto su designación como maestra jardinera como consecuencia de las inasistencias incurridas (28 días hábiles sin justificar)-, no fue impugnada, limitando la reclamante su pretensión a obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de lo que a su entender importó un despido sin justa causa.

    En este sentido, destacó que del examen del escrito de inicio se desprendía que la señora G.V. no incluyó como pretensión autónoma y específica el cuestionamiento de la resolución Nº 127/2010, requiriendo la reparación pecuniaria derivada de los daños supuestamente padecidos por el cese de la relación laboral, sin contener un planteo serio, concreto, fundado y específico, enderezado a la declaración de invalidez o ilicitud de la norma citada, para posteriormente solicitar la reparación perseguida.

    Explicó que el cuestionamiento a dicha resolución no fue planteado ni fundado en sede judicial, no habiéndose indicado los vicios que determinarían su nulidad.

    A continuación, recordó el principio según el cual la responsabilidad del Estado por los daños derivados del dictado de leyes, reglamentos o actos administrativos, exigía la invalidación de aquellos por las vías procesales previstas a tal fin, puesto que la pretensión indemnizatoria resulta accesoria y se encuentra subordinada a la previa anulación del acto que aparece como fuente generadora de los daños.

    Para dar mayor sustento a la decisión, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de expedirse en la causa caratulada “Alcántara de D.C., P. c/Banco de la Nación Argentina” el 20/8/1996, señaló que en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, toda la actividad de la Administración debe reputarse como ajustada al ordenamiento jurídico, hasta tanto se declare lo contrario por el órgano competente.

    Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 2 #11141498#152365030#20160513103044574 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación Nº 12.357/2012 Así las cosas, concluyó que, al no haberse cuestionado judicialmente la legitimidad de la resolución mediante la cual se dispuso cesantear a la actora -dejando sin efecto sin efecto su designación como maestra jardinera- no era posible acceder a la pretendida indemnización derivada del alegado accionar ilegítimo de la Administración.

    Finalmente explicó que el rechazo de la demanda se imponía con ajuste a las pautas aquí desarrolladas, en tanto ellas comportaban una derivación natural de la aplicación de los requisitos y principios que informan el proceso contencioso administrativo en materia de reclamación de derechos, como consecuencia de actos denegatorios de las prerrogativas esgrimidas por el interesado, en tanto no medió una concreta y específica impugnación de aquéllos con la finalidad de perseguir su calificación como ilegítimos o arbitrarios.

    Distribuyó las costas del modo indicado, por no vislumbrarse argumentos que permitieran apartarse del principio general de la derrota contemplado en la primera parte del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  3. Disconforme con lo resuelto, a fs. 352 la señora G.V. interpuso recurso de apelación, expresando agravios a fs. 356/360.

    Se quejó de que el sentenciante omitiera considerar los antecedentes fácticos y jurídicos del caso que llevaron a la ruptura del vínculo laboral, limitándose a examinar -desde una perspectiva estrictamente formalista- la cesantía, dejando de lado el previo despido y las agraviantes condiciones de trabajo que determinaron el distracto; especialmente que:

    -su despido se produjo como consecuencia de la ilegítima conducta de la Facultad de Derecho ante la falta de designación en el Jardín Maternal en el año 2009; -su derecho a percibir una indemnización nació en el mismo momento en que la requerida omitió designarla adredemente, lo que fue reconocido por el propio Director General de Administración.

    En este sentido, indicó que una conducta apropiada de respeto hubiera sido su designación. Sin embargo, prosiguió, su empleadora actuó injuriosamente a sabiendas de las negativas consecuencias que ello traería aparejado, concretamente la imposibilidad de continuar con el pedido de cambio de sector, sin poder justificar sus ausencias por enfermedad en la Dirección de Reconocimiento Médico, sin abonarle en tiempo y forma el salario correspondiente al mes de enero ni el salario familiar correspondiente.

    Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA 3 #11141498#152365030#20160513103044574 -la demandada actuó con la intención de dejarla fuera del personal de la Facultad de Derecho, habiendo hecho caso omiso a los insistentes reclamos previos para que se la ubicara en un puesto acorde a su estado de salud; -en un evidente desvío de poder, fue designada transitoriamente en el Jardín Maternal durante 13 años, viéndose menoscabada en sus derechos laborales, ya que su empleadora no resolvió el pedido de cambio de tareas acorde al certificado médico presentado, lo que debía implementarse a cabo a fin de resguardar su dignidad e integridad física; -la comunicación mediante carta documento Nº 038102830 afectaba derechos adquiridos, manteniéndola en una situación laboral precaria y sin reconocimiento de su antigüedad, consignándose una falsa fecha de ingreso en su recibo; y -en el caso se verificó un fraude a la ley o bien una desviación de poder, situación repudiada por el Alto Tribunal al pronunciarse en autos: “Ramos”, “Cerigliano”, “A.” y “Vizzotti”.

    Indicó que el magistrado omitió analizar que no tenía designación en planta permanente, que se trataba de una relación sin estabilidad laboral propia y que la resolución Nº 127/2010 se dictó con sustento en base a un contrato inválido e inexistente ya que previamente al nuevo acuerdo se consideró despedida por no haber sido nombrada.

    Resaltó que el señor juez, al perder de vista el contexto fáctico y jurídico y el intercambio epistolar entre el 31/12/2009 y el 11/2/2010, le atribuyó validez y legitimidad a la resolución Nº 127/2010.

    Explicó que la sola voluntad de la Administración no podía ser considerada como causa eficiente para legitimar un acto administrativo (prórroga de su designación) con efectos retroactivos y su consecuente actuar; extremos en los que se fundó la resolución por la que fue cesanteada.

    Hizo hincapié en que el Estado abusó de su condición de contratada temporalmente, situándola en un régimen precario y sin garantías en cuanto a sus derechos como trabajadora.

    Recordó que más allá del tipo de relación laboral (pública o privada), conforme el entendimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los derechos laborales involucrados han de ser resguardados, otorgándoles prioridad por sobre conductas estatales.

    En lo que hace a su derecho a obtener una indemnización, recalcó que su derecho nació con anterioridad al dictado de la resolución Nº 127/2010, por manera Fecha de firma: 12/05/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por...

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