Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Diciembre de 2012, expediente I 71624

PresidenteNegri-Soria-Hitters-Genoud-Domínguez-Carral
Fecha de Resolución19 de Diciembre de 2012
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

I.71.624 “GIGANTE MARIA DEL CARMEN C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 13.661"

La Plata, 19 de diciembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

Los señores Jueces doctores S., Hitters y G. dijeron:

  1. Se presenta ante esta Corte la doctora M. delC.G. y promueve demanda originaria en la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 9 incisos “g" y “j”, 18 inciso “e”, 23, 24, 30, 32, 41 y 58 de la ley 13.661, que establece las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios.

    a) Relata que el día 13 de junio del corriente año su apoderado tomó conocimiento del dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, momento en el cual se anotició de que la mencionada Comisión formularía acusación en su contra. Por tal razón entiende que la demanda es interpuesta dentro del plazo legal.

    b) Afirma que los artículos que impugna, en cuanto disponen la creación, atribuciones y funcionamiento de la llamada Comisión Bicameral, transgreden en forma directa lo previsto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a las facultades y atribuciones de los legisladores. En particular, dice, transgreden lo que en forma específica sobre este tema establece el artículo 182, que regula el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sin hacer mención alguna de la referida Comisión Bicameral.

    Entiende que la ley 13.661 y sus modificatorias 13.819 y 14.088 resultan inconstitucionales por alterar la competencia de los poderes del Estado provincial, al adjudicar al Poder Legislativo atribuciones que la Constitución no le ha otorgado. Sostiene que la creación de la Comisión Acusadora Bicameral contraría la norma expresa y el espíritu del artículo 182 de la Constitución provincial.

    En ese sentido, argumenta que las facultades que el Poder Legislativo posee respecto al Poder Judicial, y en especial respecto a los magistrados y funcionarios, enumeradas en el artículo 182 de la Constitución de la Provincia, son pura y exclusivamente las que el constituyente consagró en forma taxativa. Según su opinión no tiene ni puede tener otras. Considera inconcebible cualquier interpretación que implique aceptar que la Constitución dejó librado a uno de los poderes estatuidos la posibilidad de incrementar sus potestades y la de mermar las de otro.

    Sostiene que es de toda evidencia que el Poder Legislativo internamente puede crear comisiones de funcionamiento, pero no puede darle a éstas status constitucional, ni atribuirles facultades no previstas en la Constitución.

    De acuerdo a su criterio, según el texto de la Ley Suprema provincial, el Poder Legislativo interviene en la designación de los jueces y funcionarios del Ministerio Público (arts. 82 y 175), pero en cuanto a la remoción -que exige la puesta en marcha del delicado mecanismo del Jurado de Enjuiciamiento como único modo de vencer la inamovilidad que consagra el artículo 173-, únicamente posee dos facultades: 1) la de dictar las leyes del artículo 186, para definir los delitos y faltas imputables como causal de destitución y reglamentar el procedimiento y 2) la de integrar el Jurado de Enjuiciamiento conforme lo pautado en el artículo 182.

    En cambio, afirma, según la ley impugnada el Poder Legislativo puede denunciar, acusar y formar una comisión bicameral que, además de dictar su propio reglamento, analiza la verosimilitud de los hechos a fin de formarse criterio sobre su procedencia.

    c) También dice que la transgresión constitucional se patentiza respecto de múltiples disposiciones de las leyes 13.661 y sus modificatorias, que de manera notoria lesionan principios y garantías consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de igual rango.

    Sobre este aspecto, recalca que de acuerdo a la ley que impugna el Poder Legislativo resuelve sobre la verosimilitud de denuncias formuladas por particulares, toma a ese fin las medidas que estima conducentes, denuncia e instruye por intermedio de funcionarios que elige, designa y remueve sin causa, los sumarios originados en aquellas denuncias, resuelve sobre su admisibilidad, acusa y finalmente juzga. Todo ello importa asumir funciones judiciales que, obviamente, el Poder Legislativo tiene vedadas.

    d) Asimismo, como agravio específico que se presenta en su caso particular, asegura que como dos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que la juzgará –los dres. C. y F.- han participado en el tratamiento del dictamen acusatorio formulado por unanimidad en el seno de la Comisión Bicameral por formar parte de ella, la garantía de la defensa en juicio se ve ostensiblemente afectada en tanto quienes han formado parte de la acusación se cuentan entre quienes luego habrán de juzgarla.

    Esta situación, destaca, es de alguna manera forzada por la ley en cuestión, en tanto su artículo 24 expresamente establece que los integrantes de la Comisión Bicameral no podrán argüir como motivo de excusación, en caso de resultar sorteados para formar parte de un Jurado de Enjuiciamiento, la sola...

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