Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Octubre de 2021, expediente B 64489

PresidenteTorres-Borinsky-Mancini-Violini
Fecha de Resolución13 de Octubre de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.489, "G., G.M. contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresT.,B.,M.,V..

A N T E C E D E N T E S

  1. La doctora G.M.G., por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) y solicita se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por ese organismo el 18 de agosto de 1999 y el 22 de mayo de 2002, en el expediente administrativo 167/94, caratulado "Rendición de cuentas correspondiente a la Dirección General de Escuelas y Cultura. Ejercicio 1994".

    Por el primero de los mencionados actos se determinó la responsabilidad patrimonial de la actora y se le formuló cargo pecuniario por la suma de $10.628,45. Además se le aplicó multa de $1.800. La segunda resolución indicada desestimó el recurso de revisión interpuesto por la actora contra la anterior.

    Plantea la inconstitucionalidad del aludido acto al entender que incurre en arbitrariedad e irrazonabilidad.

    Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se dejen sin efecto las sanciones impuestas.

    Solicita que, con carácter precautorio, se ordene la suspensión de la ejecutoriedad del acto impugnado.

    Además, requiere la citación en carácter de tercero de las señoras M.T. y G.S..

    Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.

  2. Por resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, en el marco de lo dispuesto en los arts. 32 de la ley 4.373 y 36 de la ley 10.869 -de idéntico tenor-, esta Suprema Corte ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado "...se abstengan de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo de la multa aplicada a la accionante mediante el fallo del Tribunal de Cuentas -dictado en el expediente 167/94 DGEyC, de fecha 16-VIII-1999 y hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa. Ello, bajo responsabilidad de la peticionaria, a cuyo efecto deberá prestar caución juratoria" (v. fs. 68/69).

  3. A fs. 95/108 se presenta la parte actora y amplía la demanda en orden a sus fundamentos, desiste de la citación en carácter de terceros requerida en su escrito postulatorio y ofrece prueba.

  4. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 120/133).

    Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal.

  5. A fs. 517 la Fiscalía de Estado denuncia que la actora ha depositado en las cuentas 1.865/4 "HTC INGRESOS POR MULTAS" y 108/9 "HTC INGRESOS POR FALLOS" las sumas de $10.628,45 y $1.800, respectivamente.

    Asimismo, detalla que el pago fue recibido "a cuenta".

  6. Corrido el traslado de la presentación de la Fiscalía de Estado agregada a fs. 505/517, la parte actora manifiesta que el pago efectuado no implica conformidad con la sentencia del Tribunal de Cuentas ni un desistimiento del derecho invocado en autos.

  7. Producida la prueba, agregados el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 153/468) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 472/489 -actora- y 499/500 -demandada-), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J.d.T. dijo:

    I.R. la actora que en el expediente administrativo 167/94, el 18 de agosto de 1999, el Tribunal de Cuentas decidió aplicarle una multa de $1.800 y cargo pecuniario por la suma de $10.628,45, en virtud de las faltas que le atribuyó durante su desempeño en el cargo de D. General de la entonces Dirección General de Escuelas y Cultura - Ejercicio 1994.

    Analiza ampliamente la naturaleza jurídica y la impugnación judicial de las decisiones del Tribunal de Cuentas y, con cita de precedentes de este Tribunal, les atribuye el carácter de resolución definitiva equivalente a un decreto del Poder Ejecutivo en cuanto a su recurribilidad ante esta Corte por demanda contencioso administrativa.

    Afirma que la resolución que por esta acción cuestiona es nula por contener vicios en los elementos causa, procedimiento, objeto y finalidad.

    I.1. I. la multa impuesta. Dice que el acto se aparta de la reglamentación, en particular de lo dispuesto en el art. 16 inc. 4 de la ley 10.869 en cuanto no valoró el carácter, el efecto y la gravedad de la falta cometida para la graduación de la multa aplicada, por lo que sostiene que es irrazonable.

    I.1.a. Con relación a la reprochada presentación de la rendición de cuentas en forma extemporánea, se agravia de que el Tribunal de Cuentas no haya ponderado la situación que precedió a su desempeño como D. General de Escuelas y Cultura. Acota que inició su gestión el día 4 de mayo de 1992.

    Pone de resalto el atraso existente al momento de su designación y afirma que ello imposibilitó realizar las rendiciones en término en los primeros ejercicios de su gestión.

    Dice que en aquella época la casi totalidad de las tareas administrativo contables se realizaban en forma manual o semiautomática. De otro lado, destaca el impacto que tuvo la hiperinflación en la gestión administrativa, pues al tener que desdoblar pagos se dificultó, según explica, la presentación de las rendiciones de cuentas.

    Apunta que a principios del año 1993 se acordaron nuevas medidas con la Contaduría de la Provincia a fin de acelerar el procedimiento de control de las cuentas públicas.

    Asimismo, aduce que la sanción por la demora en las rendiciones de cuentas debe alcanzar a los funcionarios que tienen asignada competencia específica en esa materia. Dice que es irrazonable responsabilizar al titular del organismo.

    I.1.b. Con relación a las objeciones vinculadas a los contratos que originaron las órdenes de pago cuestionadas en el considerando séptimo de la resolución impugnada, alega que el Tribunal de Cuentas se apartó de la finalidad de protección de la hacienda pública.

    Agrega que el contrato refiere a una obra concreta, "la coordinación", tomando el concepto de obra como "un bien que crea la actividad humana".

    A su vez, destaca que la obra encomendada fue efectivamente realizada por lo que niega que se haya configurado perjuicio fiscal.

    Con respecto a la supuesta intención de eludir el control de incompatibilidad de servicios, se agravia de que el Tribunal de Cuentas no proveyó la prueba oportunamente ofrecida a fin de que por oficio la Dirección Provincial de Personal informe si existía o no la referida incompatibilidad.

    I.2. En otro orden cuestiona la resolución de fecha 18 de agosto de 1999 en cuanto decidió dejar en suspenso, postergar o reservar ciertas cuestiones. Se agravia porque el Tribunal de Cuentas no identificó a los funcionarios alcanzados y declaró que aquellos no podían considerarse eximidos de responsabilidad. Dice que la Ley Orgánica no habilita a efectuar tales suspensiones o reservas (arts. 4 y 5). Afirma que esta decisión viola el derecho aplicable, resulta arbitraria, irrazonable y, por ende, es nula.

    Asevera que no existe justificación para mantener en suspenso la decisión respecto a las cuestiones detalladas en los arts. 3 y 4 del acto cuestionado, pues el tema de los remanentes de haberes con el Banco de la Provincia de Buenos Aires se ha regularizado y, se encausó la solución en lo atinente a los aportes previsionales y sindicales.

    Manifiesta que en las actuaciones administrativas resultan esclarecidas las circunstancias que rodearon la celebración del convenio de refinanciación de deudas pertenecientes a la Administración Central -aprobado por decreto 1.524/92-.

    Afirma que las retenciones practicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y fundadas en los términos del decreto 1.524/92 fueron resueltas en el Convenio 506 de fecha 28 de mayo de 1997 -aprobado por resolución de la Dirección General de Cultura y Educación 7.148/97- celebrado entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Buenos Aires por el cual esta entidad bancaria reconoció a favor de la Dirección General entonces a su cargo un saldo de $17.814.881,35 en concepto de remanente de pago de haberes correspondientes a las rendiciones efectuadas hasta el mes de octubre de 1993.

    Por ello sostiene que fue a partir de ese momento que la Dirección General se encontró en condiciones de efectuar los reclamos a los entes previsionales y sindicales por los montos depositados correspondientes a los recibos de cheques no pagados.

    Asevera que estas cuestiones se originaron en situaciones ajenas a la responsabilidad de la Dirección General a su cargo, circunstancia que dice haber acreditado en el trámite administrativo.

    I.3. I. también el cargo pecuniario de $10.628,45 impuesto por desaprobar el pago del consumo de dos equipos de telefonía celular no autorizados.

    Aduce que esta decisión adolece de fundamentación fáctica y jurídica.

    Postula que todos los equipos de telefonía autorizados bajo la vigencia de la normativa anterior al decreto 588/94 podían continuar siendo abonados por la Dirección General de Escuelas y Cultura, pero ante el rechazo de la autoridad de aplicación debía dárseles la baja en forma inmediata.

    Luego, expone distintas circunstancias para justificar el uso de ambos teléfonos celulares.

    Concluye que, habiéndose utilizado los aparatos en cuestión para desarrollar funciones propias de la Administración, el cargo pecuniario formulado en el artículo décimo sexto del acto impugnado, implicaría un enriquecimiento sin causa de la Administración.

    Además, pone de resalto que a partir de la reforma de la C.itución provincial vigente desde el...

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