Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 20 de Noviembre de 2019, expediente B 65381

PresidenteSoria-de Lázzari-Negri-Kogan-Pettigiani-Genoud
Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., de L., N., K., P., G., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.381, "G. de M., M.E. c/ Prov. Bs. As. (IPS). Demanda Contencioso Administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.M.E.G. de M., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), solicitando la anulación de la resolución 437.473/00, mediante la cual la accionada denegó el beneficio pensionario solicitado, así como la resolución 446.577 que rechazó la revocatoria contra la primera.

Como consecuencia de ello, pide se le otorgue la pensión definitiva y se le abonen los haberes adeudados desde que el mismo debió hacerse efectivo, con la imposición de costas a la demandada (v. fs. 7/12).

  1. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado (v. fs. 22/28). Alega la legitimidad del obrar del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y solicita, en consecuencia, el rechazo de la pretensión promovida.

  2. Agregadas las actuaciones administrativas y el alegato de la actora (v. fs. 79/81), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  3. Relata el representante de la actora que, quien fuera en vida esposo de su mandante, el señor J.M.M., falleció el día 31 de marzo de 1997 como consecuencia de un cuadro de asfixia por ahorcadura, al haberse suicidado colgándose de una viga.

    Agrega que arribó a esta decisión desesperada como derivación directa del padecimiento psiquiátrico que lo afectaba desde hacía varios años, conforme surge de los antecedentes médicos y clínicos aportados al expediente administrativo. Entre ellos destaca el certificado extendido por el doctor O., corroborado por el doctor G.P., quien manifestara que el señor M. "era portador de depresión endógena reactiva de varios años de evolución cuadro irreversible que condujo al deterioro de las funciones básicas intelectuales" (expte. adm. 2350-43824/98, alcance 3, de 31-V-2000).

    Indica que ocurrido el deceso sin que el causante hubiera dado inicio a los trámites tendientes a obtener el beneficio jubilatorio con fundamento en la incapacidad denunciada, su viuda se vio obligada a realizar las diligencias a fin de cobrar la pensión del caso ante el organismo previsional.

    Explica que presentada la documentación y antecedentes requeridos por la Administración (expte. 2350-043824/98) el organismo se expidió por resolución 437.473 de fecha 30 de marzo de 2000, denegando el beneficio pensionario solicitado por la señora G. tras considerar que "de las constancias agregadas en autos se desprende que no son suficientes para determinar el grado de incapacidad del causante al 24-IX-93 y 3-VI-96 por lo cual el causante no podría acceder al beneficio de jubilación por invalidez".

    Señala que posteriormente la actora solicitó la reapertura del procedimiento administrativo acompañando nuevos elementos de prueba a fin de revertir el decisorio. Expresa que la respuesta del organismo previsional continuó siendo negativa, al dictar con fecha 14 de febrero de 2001 la resolución 446.577 en función a los antecedentes médicos analizados.

    Objeta el informe negativo de la Junta Médica del IPS por sucinto y carente de motivación. Asimismo cuestiona que en el mismo no se hubiera podido determinar el grado de incapacidad presentado por el señor M., cuando -manifiesta- de los antecedentes médicos acompañados surgiría claramente la afección psiquiátrica denunciada que, según los baremos aplicables, generaría una incapacidad del 70% de la total obrera.

    Advierte que la Suprema Corte ha reconocido que la incapacidad del causante podría posibilitar el otorgamiento de la pensión cuando el fallecimiento ocurriere dentro del año de la desvinculación laboral y las causas generadoras del mismo existiesen en esos momentos.

    Destaca que en el caso el fallecimiento se produjo nueve meses después de la fecha de egreso laboral, por lo que entiende que esa situación debió interpretarse a favor de la peticionante y concederse el beneficio pensionario a la viuda.

    Cita fallos, ofrece prueba y deja planteado el caso federal.

  4. La Fiscalía de Estado sostiene la legitimidad de los actos cuya anulación pretende la actora, fundada en que los mismos se ajustan a las normas que rigen la materia.

    En primer lugar, menciona una serie de circunstancias que considera relevantes. Así señala que el señor J.M.M. realizó aportes por un total de 25 años 8 meses con fecha de cese el 3 de junio de 1996.

    Advierte que si bien el 23 de julio de 1993 inició trámite a fines de obtener la jubilación ordinaria ante el Instituto de Previsión Social, el mismo resultó archivado el 6 de septiembre de 1993 en virtud de carecer de los años de servicios requeridos. Agrega que el fallecimiento del señor M. se produjo el 31 de marzo de 1997.

    Indica que con fecha 10 de julio de 1998 M.E.G. se presentó ante el IPS solicitando el beneficio pensionario fundado en la incapacidad laborativa de su esposo acompañando historia clínica del difunto.

    Subraya que el 27 de abril de 1999 el Área de Juntas Médicas del Instituto de Previsión Social informó que la reclamante no había aportado elementos de diagnóstico que acreditasen fehacientemente incapacidad a las fechas solicitadas (24 de agosto de 1993, ingreso y 3 de junio de 1996, egreso).

    Expresa que con fecha 18 de junio de 1999 la señora G. presentó otro informe médico y que en esa oportunidad la auditoría Médica del IPS informó que el certificado médico no resultaba suficiente para determinar incapacidad laboral.

    Agrega que previa intervención de los organismos pertinentes que estimaron que debía dictarse el acto administrativo desestimatorio de la pretensión intentada, el IPS resolvió denegar por resolución 437.473/00 el pedido de pensión solicitado por M.E.G. en razón de no reunir el causante los requisitos exigidos por la ley para acceder a un beneficio jubilatorio en los términos de la ley 9.650/80.

    R. que posteriormente la actora solicitó reapertura del expediente agregando nuevo certificado médico. Con relación a éste, la Junta Médica por informe producido el 9 de agosto de 2000 nuevamente consideró insuficiente la documentación médica para determinar incapacidad en grado invalidante.

    Explica que el Instituto de Previsión Social por resolución 446.577 del 14 de febrero de 2001 rencauzó el pedido como recurso de revocatoria y lo rechazó, toda vez que las constancias agregadas por la reclamante no resultaban suficientes para determinar la incapacidad requerida por la norma previsional a las fechas de reingreso y cese en los servicios nacionales.

    Señala que con fecha 6 de marzo de 2001 la actora realizó una nueva presentación adjuntando documentación proveniente de la causa penal que se instruyera con motivo del fallecimiento del causante, señalando que el suicidio en que incurriera resultaba demostrativo del estado depresivo que sufría y que lo incapacitaba para cualquier labor.

    Advierte que esta nueva presentación fue rechazada por resolución de 7 de febrero de 2002 por entenderse que la misma resultaba improcedente en razón de que se encontraba agotada la vía administrativa.

    Manifiesta que ante esta nueva resolución la reclamante se presentó solicitando la nulidad de lo actuado, señalando que su presentación respondía a un pedido de reapertura por medio de la cual se manifestaban nuevos hechos, en virtud de la cual solicitaba al cuerpo profesional del IPS se expidiera si era posible determinar el grado de incapacidad del fallecido M..

    Finalmente por resolución del 4 de diciembre de 2002 se resolvió rechazar esta nueva presentación, a la cual se le dio el trámite de recurso de revocatoria, con fundamento en que se encontraba agotada la vía administrativa dejando habilitada la instancia judicial, no quedando posibilidad de interponer recurso alguno en sede administrativa de acuerdo con el art. 97 inc. "b" del decreto ley 7.647/70.

    Cita fallos de este Tribunal mediante la cual se destaca que la jubilación por invalidez constituye un régimen excepcional.

    Destaca que al no haberse acreditado que el señor M. poseía la incapacidad requerida por el art. 29 del decreto ley 9.650/80 al tiempo requerido, ni haberse probado que la ruptura del vínculo laboral se produjera por un acto de cesantía incausado, no resulta procedente el reconocimiento al derecho jubilatorio por invalidez en los términos de los artículos analizados.

    Recuerda por otra parte que el causante no había solicitado el beneficio de jubilación por invalidez, habiendo iniciado los trámites para la obtención de una jubilación ordinaria.

    Concluye destacando que la actora no acreditó debidamente la concesión del extremo al que se subordina el otorgamiento de la pensión derivada de la invalidez de quien fuera su cónyuge, por lo cual estima que corresponde el rechazo de la demanda.

    Opone prescripción para el supuesto que este Tribunal hiciere lugar a la demanda.

    Ofrece como prueba el expediente administrativo y deja planteado el caso federal.

  5. De las actuaciones administrativas acompañadas (expte. 2350-43824/98), surgen los siguientes datos útiles para la resolución de la causa:

    1. El 10 de julio de 1998, la señora M.E.G. solicitó el beneficio de pensión derivado en la incapacidad laborativa de su cónyuge difunto, J.M.M..

      Se acompañó certificado de matrimonio de la actora y el causante del 11 de marzo de 1959 (v. fs. 6) y de defunción de J.M.M., acaecida el 31 de marzo de 1997 (v. fs. 5).

    2. Certificado expedido por la Dirección de Administración de Personal del Ministerio de...

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